Fuera mercenarios de Colombia.

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sábado, 23 de octubre de 2010

2007 / Colombia. Ríos de sangre.



Autor: Catalina Montoya Piedrahíta,
Medio: Prensa escrita y digital / Diario El Colombiano, Medellín, Colombia
Fuente: Entrevistas directas y archivo fotográfico de El Colombiano. 
            Índice de fuentes consultadas:
- Monseñor Germán Guzmán Campos y Orlando Fals Borda coautores del libro La Violencia en Colombia.
- María Teresa Uribe, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
- María Victoria Uribe, antropóloga del Instituto Pensar y autora del libro Antropología de la Inhumanidad, consultado para el desarrollo de este texto.
- Jorge Mario Henao, médico forense, director del Instituto de Medicina Legal en Chocó, entre 1994 y 2000.


Enlace

Título: Ríos de sangre   
Fecha de publicación: 2007, Series El Colombiano.
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección: Series El colombiano: 
Zona geográfica: Colombia
Fecha de los hechos: Desde 1996 se incrementa en todo el país esta práctica. 
Personas, organizaciones mencionadas: * Ver en Fuentes.



Ríos de sangre

Describe el uso que los escuadrones de la muerte hacen de ríos para deshacerse de los cadáveres.


Todos los ríos de Colombia, en aquellas zonas donde se manifiesta el conflicto, tanto el que se conoció como La Violencia, entre los años 40 y 50, como el que persiste hoy, arrastraron a los muertos corriente abajo y, en la mayoría de las ocasiones, los desaparecieron.


Los ríos desterritorializan a los muertos. Su permanencia en las aguas altera la identificación de los escenarios en los que se ejecuta el crimen. A esto se suman prácticas de autoridades que se encargaron de empujarlos para que no encallaran en sus poblaciones.


Desde la violencia de mitad del siglo XX los ríos fueron sangre. "Por ellos bajaron miles de cadáveres mutilados, maniatados, vestidos, desnudos, confundidos víctimas y victimarios (...) A orillas de las aguas se abría el vientre a las víctimas para que se hundieran".

El Atrato arrastró las víctimas del conflicto en Chocó y Urabá. La fotografía, que fue tomada en junio de 1997, muestra cómo los gallinazos se lanzan sobre los cuerpos cuando flotan.


La fotografía fue tomada sobre el río Cauca entre los municipios de Caucasia y Nechí, en 2002, en época de invierno. No se conoce la identificación del cadáver ni si fue rescatado en una de las poblaciones ribereñas.




 La intención de los armados de los últimos tiempos es desaparecer los muertos.

 En cada época los actores tuvieron motivaciones distintas.

 La práctica de ejecutar víctimas y tirarlas a los ríos data del siglo XIX.

 Desde hoy, y durante el próximo mes, EL COLOMBIANO intentará reconstruir la historia aún no contada de las víctimas que viajaron corriente abajo por los ríos de Colombia, en las zonas de Conflicto. En las riberas del Cauca, del Atrato, del Magdalena, del Sinú y del Catatumbo, sus madres siguen buscando y llorando.



"Dígame que mató a mi hijo, no importa, pero cuénteme dónde lo enterró, en qué fosa, que yo voy y lo busco y saco los restos".

-"No señora, nosotros no hacíamos fosas comunes. A toda la gente la tirábamos al río".

Esa fue la tercera vez que Ofelia Zuluaga se encontró cara a cara con Ramón Isaza desde 1997, cuando Ángelo Posada desapareció en Doradal, un corregimiento de Puerto Triunfo, a la orilla del Magdalena. La primera fue por esa misma época, tras muchos intentos de conseguir una audiencia con el jefe paramilitar más veterano de Colombia.

La segunda fue al final de enero, en un patio de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí que improvisaron como auditorio, para que 20 madres les preguntaran por la suerte de sus hijos a los jefes desmovilizados de las Auc.

Cada una desfiló con la foto ante ellos, que estaban sentados al frente. Al final solo prometieron noticias de uno de los desaparecidos: Ángelo.

Así que la cita se arregló para el 7 de febrero. Ese día el recibimiento no fue en un patio sino en un salón. Ramón Isaza estaba sentado, Ofelia al frente.


-¿Qué pasó con mi hijo?

-No sé, pero el carro está y lo podemos devolver.

Algo hizo que se arrepintiera de decir la verdad, de eso Ofelia está segura. Hasta ahora nadie ha encontrado los restos de Ángelo, como tampoco los de Orlando*, que el 12 de octubre de 1996 no regresó a su casa. Su mamá y su hermano confirmaron el mismo día de la confesión de Isaza, pero en el piso 20 del Palacio de Justicia, que después de ejecutarlo hombres del Bloque Suroeste de las Auc lo echaron al Cauca.

El Magdalena, el Cauca, el Sinú, el Atrato, el Catatumbo... Todos los ríos de Colombia, en aquellas zonas donde se manifiesta el conflicto, tanto el que se conoció como La Violencia entre los años 40 y 50, como el que persiste hoy, arrastraron a los muertos y, en la mayoría de las ocasiones, los desaparecieron.

Hasta ahora es imposible saber cuántas de las víctimas de aquella guerra y de esta viajaron corriente abajo. Monseñor Guzmán Campos y Orlando Fals Borda intentan un cálculo de los asesinatos ocurridos en el país entre 1949 y 1958, con base en archivos parroquiales, en cifras de las fuerzas armadas, de juzgados, de alcaldías, de registros particulares y de notarías.

El total bordea los 180.000 muertos, pero de esos muchos no están contados: los inhumados en "cementerios ad-hoc" y los cadáveres devorados por los animales o arrojados a los ríos. "Casos hubo en que se logró establecer el número exacto de víctimas, pero el estado de descomposición impidió el traslado de muchos a las poblaciones, estableciéndose una diferencia entre el total y la cantidad que figura en los libros".

En épocas más recientes, las estadísticas siguen siendo el problema. El Instituto Nacional de Medicina Legal cuenta únicamente con un estudio realizado en el río Cauca, entre la zona industrial de Cali y el occidente de Caldas. Arrojó que entre 1990 y 1998 se practicaron 547 necropsias a víctimas de homicidio rescatadas del río.


Queda un vacío de información de lo que sucedió en los otros 41 ríos más importantes del país y sus cientos de afluentes. La historia la retoma el Instituto entre 2004 y 2006, con un reporte total de 118 cuerpos rescatados de fuentes de agua en todo el territorio nacional.

Agua para borrar

Ese 12 de octubre fue sábado. Orlando iba para la casa, donde vivía con su mamá. En vez de tomar el camino corto, pero de carretera destapada, se montó en el "chivero" de un amigo que prometió llevarlo gratis y sobre pavimento.

Iban por la vía que de Andes conduce a Tapartó, suroeste antioqueño, con un pasajero más. En el transcurso entraron a una finca. Ahí los interceptaron, amordazaron y en ese mismo vehículo los transportaron hasta Arepas, un predio entre Peñalisa y Bolombolo, a toda la orilla del Cauca.

Hombres del Bloque Suroeste de las Auc sospechaban que ese tercer viajero era un extorsionista. Pero los mataron a los tres. "Usted sabe, mi hermano estaba ahí y no podían dejar testigos".

Al amanecer del domingo las autoridades encontraron el carro, un Mazda, según recuerda Ernesto*. Estaba intacto, lo único que le faltaba era el radio. En ese momento lo asaltó un presentimiento que hizo que desde ese día, hasta hoy, se encomendara en secreto al ánima de su hermano, "como buen conversador con Dios".

El presagio de que Orlando estaba muerto lo movió a buscar de morgue en morgue, río abajo: pasó por Bolombolo, Anzá, Santa Fe de Antioquia y no lo encontró. "Un cuerpo, al ser lanzado al río, flota. Lo extraño es que ninguno de estos tres flotó"...

El problema es que los ríos borran las huellas. Sobre todo, porque desterritorializan los muertos. "Su permanencia en las aguas supone una alteración en la identificación de los escenarios en los que se ejecuta el acto violento", explica Medicina Legal.

A este fenómeno, que ocurre por la acción de la corriente, se suman prácticas de autoridades municipales que, en una época, se especializaron en fabricar varas largas de hasta cuatro metros, para evitar que los cuerpos encallaran en sus territorios.

De esto da testimonio Jorge Mario Henao, médico forense. "Me iba de Quibdó para arriba y me encontraba con que los inspectores de los municipios ribereños, cuando veían el cadáver que venía flotando por el Atrato, lo empujaban hacia la mitad para que siguiera su curso. Si el muerto volvía a la orilla, entonces el inspector de la población de enseguida hacía lo mismo".

Mientras tanto, la víctima seguía descomponiéndose, expuesta a la acción de los gallinazos y los peces, a la pérdida del tejido blando y al naufragio.

La corriente traiciona

"Mi otro hermano y yo, con cabeza fría, sí éramos certeros de lo que había acontecido", repite Ernesto, cuando se acuerda de lo que pasó hace diez años.

"Uno aduce que mi hermano y los otros dos fueron sometidos a rajarlos y llenarlos de piedras antes de tirarlos al río y que por eso no aparecieron".

Esa imagen de orilla no es nueva. Se remonta, incluso, a las guerras civiles del siglo XIX. La profesora María Teresa Uribe refiere un episodio.

Se trató de una acusación que se hizo en un debate en el Congreso, sobre arbitrariedades cometidas en la Guerra de los Supremos (1839-1842). Al denunciante le devolvieron la imputación: le dijeron que no podía hablar de "barbaridades", cuando él mismo había tirado 12 indios vivos al río Guáitara durante las guerras de independencia.

En los relatos de la violencia partidista de mitad del siglo XX la práctica se hizo mucho más frecuente. Monseñor Guzmán Campos dice que en Colombia los ríos fueron sangre. 

"Por ellos bajaron miles de cadáveres mutilados, maniatados, vestidos, desnudos, confundidos víctimas y victimarios (...) A orillas de aguas remansadas, se abría el vientre a las víctimas para que se hundieran en el fondo de los charcones".

Pero adentro, el río mueve, golpea, desgarra y traiciona: los muertos vuelven a flotar...

A diferencia de lo que se hacía Atrato arriba, Jorge Mario Henao se dedicó a recoger los cuerpos que pasaban por Quibdó. Venían desde El Carmen, Lloró, o los traía el Andágueda. También recorrió el San Juan desde Istmina hasta Pizarro, en límites con Valle.

"Notábamos que a algunos los querían desaparecer". Jorge Mario lo sabía porque llegaban sin vísceras y, en ocasiones, con suturas abdominales medio abiertas. 

Tal vez, se atreve a suponer, "los llenaban con algo pesado y los cosían, pero las piedras o los animales deshacían las puntadas y los gases acumulados en los tejidos los ponían en la superficie".

La intención de borrar era también evidente por la amputación de las falanges de algunos otros.

Enteros o eviscerados, los que atendió Jorge Mario en el Atrato y el San Juan fueron civiles en su mayoría y murieron de la misma manera: fuera de combate, con uno o dos tiros de fusil disparados desde muy cerca. Así como Orlando.

Botar basura

Su mamá esperó que regresara a tocar la puerta durante diez años. No se despegó de las emisoras radiales, no se deshizo de su ropa y al resto de los hijos varones los llamó desde entonces con el nombre del desaparecido, porque siempre lo tenía en la cabeza.

La agonía terminó el pasado 7 de febrero en el piso 20 del Palacio de Justicia de Medellín, durante la segunda sesión de la versión libre de Carlos Mario Montoya Pamplona (alias El Arbolito o Arnold), un desmovilizado del Bloque Pacífico, que desarrolló sus actividades delictivas dentro del Bloque Suroeste de las Auc.

Ernesto le pasó en un papelito una pregunta: que cuál armamento le había encontrado a Orlando si creía que era un guerrillero. El Arbolito respondió que ninguno, que había procedido siguiendo órdenes.

Ejecutar para después lanzar a los ríos es una práctica sobre la que se puede trazar un rumbo histórico de acuerdo con las motivaciones de los actores.

Según María Teresa Uribe, en el siglo XIX se buscaba castigar al enemigo y aplicarle dolor.

En el período de La Violencia, la intención, además del castigo, parecía ser la del escarmiento.

El propósito de desaparecer, en cambio, marcó el desarrollo del conflicto armado de las últimas décadas, en parte porque la desaparición forzada es un invento de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que se inauguró en Latinoamérica con las dictaduras instauradas en los 60 y 70.

No hacía parte de la mentalidad de las chusmas y contrachusmas de mediados del siglo pasado, como tampoco los derechos humanos, promulgados en 1948, cuando aquí se vivía la más honda crisis.

Hoy de lo que se trata es de ocultarles a las autoridades las huellas del delito, en un contexto de Derecho Internacional Humanitario y de justicia penal internacional.

No hay exclusividad en cuanto a los actores. Guerrillas liberales, Pájaros y Chulavitas tiraron cadáveres a los ríos en los años 40 y 50. Farc, Eln, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes continúan haciéndolo.

Sin embargo las fuentes militares coinciden con las académicas en decir que la desaparición de las víctimas en los ríos es una práctica más usada por los grupos de autodefensa. A la guerrilla le interesa publicitar sus actos de guerra, no esconderlos. Esto se suma a la necesidad de salir rápidamente de la escena. La sevicia requiere tiempo.

En los procedimientos de unos y otros, además de una medida pragmática para borrar pruebas, se expresa una mirada del enemigo que la antropología intenta explicar.

"Los criminales deshumanizan a las víctimas. Al tratarlas por ejemplo de 'mis gallinitas', las feminizan, las minimizan. Y entre más chiquitas y más animales, menos problemas morales enfrentan para liquidarlas", explica la antropóloga María Victoria Uribe.

"Entonces, cuando a una persona la mataron como un animal, así mismo la tiran. Es como botar basura a un basurero".

Volver a la humanidad

Pero así como a la hora de la muerte los armados les borran a los cuerpos la condición humana, la gente de los pueblos ribereños, a la vez testigo y a la vez víctima del conflicto, intenta recuperarles el alma.

En Puerto Berrío y Puerto Triunfo, algunas familias les ofrecen a las tumbas de los NN devoción y cuidado a cambio de favores. Y en el momento en que los consideran concedidos trasladan los restos a los osarios y los bautizan con sus apellidos.

La última pregunta que Ernesto le hizo a El Arbolito fue si quería pedirle perdón a su mamá, frente a frente. A la mujer la hicieron pasar al recinto. Llorando, le dijo a Carlos Mario Montoya Pamplona que le perdonaba solo porque le había dicho la verdad sobre Orlando.

"Como ser humano, él también tiene su corazón. No aguantó y se puso a llorar". Ella salió del recinto y dieron un receso.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes

Índice de fuentes consultadas
- Monseñor Germán Guzmán Campos y Orlando Fals Borda coautores del libro La Violencia en Colombia.
- María Teresa Uribe, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
- María Victoria Uribe, antropóloga del Instituto Pensar y autora del libro Antropología de la Inhumanidad, consultado para el desarrollo de este texto.
- Jorge Mario Henao, médico forense, director del Instituto de Medicina Legal en Chocó, entre 1994 y 2000.

viernes, 22 de octubre de 2010

2009 Ago 20 / Un legado de sangre: La guerra secreta de los británicos en Colombia.

Autor: Dan Read
Medio: PRIMERA LÍNEA 
http://primeralineamadrid.blogspot.com
Fuente: 
Enlace:
http://primeralineamadrid.blogspot.com/2009/08/un-legado-de-sangre-la-guerra-secreta.html
Título: Un legado de sangre: La guerra secreta de los británicos en Colombia
Fecha de publicación: Jueves 20 de agosto de 2009.
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica: Colombia, Reino Unido, Irlanda, 
 Fecha de los hechos: Desde 1996, incremento de la actual fase de guerra sucia.
Personas, organizaciones mencionadas:  British Petroleum, SAB Miller, ministro Kim Howells, Juan Carlos Pinzón, el Vice Ministro de Defensa Estrategia y Planeamiento, Bogotá 

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Un legado de sangre: La guerra secreta de los británicos en Colombia
Mientras que en Colombia los trabajadores y sindicalistas siguen siendo atacados por el estado –colombiano- podemos descubrir la complicidad en estas masacres de… Gran Bretaña.

En marzo del 2005 tres sindicalistas fueron secuestrados en Bogotá, Colombia, por soldados de batallones de alta montaña. Estos luchadores sociales luego fueron llevados fuera de la ciudad, donde el ejército de ese país los ejecutó. Sus cuerpos, posteriormente, se vistieron con ropas militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC), pretendiendo con esto disfrazar esta masacre como parte de la lucha contra las FARC.

Muchas de estas atrocidades cometidas contra sindicalistas y trabajadores en Colombia han sido perpetradas con colaboración de las fuerzas paramilitares -Neofascistas-. Estos supuestos incidentes –que en realidad son una política de estado- han sido repetidos una y otra vez en esta nación. Colombia tiene el más alta cifra de asesinatos en el mundo, aproximadamente 2500 sindicalistas han sido asesinados durante los últimos 15 años. Sólo en el 2008 fueron asesinados 41 sindicalistas.

Hasta ahora todo el mundo ha sabido –aunque muchos no lo quieran aceptar- que los paramilitares y asesinos a sueldo, como el mismo ejército, han contado con el apoyo del gobierno en estas prácticas, sin embargo, algo parece ser sorprendente es que estas fuerzas paraestatales han recibido el apoyo militar del gobierno británico desde 1980.

En el 2008 la compaña Justicia por Colombia (the Justice for Colombia) publicó un reporte donde Inglaterra aparece cómplice de estos hechos. El documento explica que el Reino Unido es el segundo “donante” de presupuesto técnico y estratégico militar en Colombia y describe la relación entre el Ejército Colombiano y su participación –por no decir su responsabilidad directa- en la tortura y asesinato de sindicalistas.

Liam Craig-Best, un miembro de la campaña por la Justica en Colombia nos explica que:

“No hay una sola razón para que el Reino Unido este involucrado en estos crímenes, pero si hay un “set” de razones, una de estas es económica… Las dos compañías extranjeras mas grandes que operan en Colombia son británicas, British Petroleum y SAB Miller. Y su presencia allí es más importante en comparación a las multinacionales norteamericanas y españolas”.

El gobierno británico ha estado bajo presión por varios años, por miedo a que se vea afectado por la relación con su ayuda militar y los crímenes de estado en Colombia, pues esta a futuro patrocina el abuso de los derechos de los trabajadores sindicalizados, como también, favorece la violación de derechos humanos en Colombia.

Y no hay poco para hablar de abusos. Como muchos países de Latinoamérica, el 65% de la población de Colombia vive bajo la línea de pobreza, con muchas compañías que ansiosamente toman ventaja de la mano de obra barata y de la sistemática represión del sindicalismo.

Los burgueses imperialistas del mercado mundial se han asegurado a Colombia como una neo colonia. En estos momentos esta nación importa sobre el 70% de sus alimentos, algo que ha tenido como resultado la masiva proletarización del campesinado. La desesperación y la indigencia a que han sido sometidos los campesinos ha obligado a muchos de estos a relacionarse con el narcotráfico, lo que ha permitido que esa nación se vea afectada por elementos criminales “por todos lados”.

La lucha de nuestros compañeros trabajadores colombianos, en todo caso, no ha sido en vano, no ha pasado desapercibida. Por un tiempo los sindicatos y los trabajadores en Inglaterra, y en particular en Irlanda, han estado atendiendo a los reclamos de los trabajadores y campesinos de ese país y nos hemos esforzado por presionar al gobierno del Reino Unido para que corte sus programas de ayuda militar a la oligarquía colombiana.

Los esfuerzos de los trabajadores británicos parecen haber dado frutos en marzo de este año, cuando el gobierno ha declarado que ha desistido de su “ayuda” militar. Luego de un optimismo inicial, the Justice for Colombia ( La Justicia por Colombia) cree que los entrenamientos militares que impulsa Inglaterra en Colombia continúan, y además involucran a la policía secreta de el Reino Unido.

Liam dijo al respecto:

“Lo que vimos recientemente fue la reducción de una parte de la ayuda militar a la oligarquía colombiana, los entrenamientos para la protección de Derechos Humanos y los adiestramientos para la limpieza y desactivación de minas. La Oficina para Asuntos Exteriores ha dicho que han acabado una gran parte de sus soportes militares para Colombia. Pero realmente esto es sólo una diminuta minoría de lo que significa la ayuda militar-que la oligarquía de- Colombia recibe y recibirá. Los ejercicios contra insurgentes y la ayuda contra el narcotráfico aún continúa”

Según Bob Ainsworth, encargado del Ministerio del Estado para las Fuerzas Armadas, el gobierno mantiene “una documentación sobre el personal de seguridad en Colombia que ha recibido entrenamiento de el Reino Unido en Colombia por diferentes motivos, sin incluir ningún tipo de acusación por la violación de derechos humanos en Colombia”

Desgraciadamente, no hay una forma de saber si ese es el caso real, como el mismo Ainsworth admite, “los nombres del personal militar (colombiano) entrenado no pueden ser conocidos, porque podría perjudicar las relaciones internacionales de nuestro país”.

En el 2005, soldados de las 17 Brigada de Colombia atacaron a la comunidad de San José de Apartadó, matando a ocho personas – muchos de ellos niños-. En este caso, Justicia Por Colombia contactó al gobierno británico que se negó o no quiso simplemente hablar con los delegados de Justicia por Colombia, por las masacres que se relacionaban con las ayudas militares instruidas y patrocinadas por las fuerzas armadas Británicas.

Podemos entender en realidad la relación entre el estas masacres y las ayudas del gobierno británico por las torpes declaraciones de los oficiales colombianos. El personal de alto rango ha hecho muchas declaraciones sobre la efectiva asistencia británica, con un oficial, que ha recibido entrenamiento en operaciones de guerra en la jungla, y que ha sido citado ampliamente por el periódico El Tiempo.

Además, la evidencia sugiere que el gobierno inglés es indiferente al personal militar que entrena, esto se sabe desde diciembre del 2007 y desde la Oficina “Commonwealth” y su ministro Kim Howells fue fotografiado con tropas de alta montaña de Colombia, que estaban implicadas en varios abusos a los derechos humanos.

Howells también posó para las cámaras con el General Mario Montoya; un hombre implicado en múltiples muertes de sindicalista y políticos de izquierda. Montoya lleva 30 años envuelto en la estructura del paramilitarismo y el narcotráfico.

El General también se ha dado el lujo de viajar por Irlanda para participar en seminarios de contra insurgencia. Un gran trato disfrutan los militares colombianos pero también así los disfrutan sus homólogos extranjeros, en un evento realizado en marzo del 2008, siendo atendidos por Juan Carlos Pinzón, el Vice Ministro de Defensa Estrategia y Planeamiento en Bogotá, donde recibió a diferentes hombres de altos rangos militares de Gran Bretaña y EE.UU.

La suerte del General Montoya ha ido cambiado desde noviembre, cuando una investigación de la ONU “descubrió” –aunque ya todos lo sabían- sus más desagradables actividades. Después de resignar de su posición como militar por esta causa, escapó de su juicio y recibió una recompensa del gobierno, quedando como embajador de [Colombia en] República Dominicana.

Hay más que relaciones políticas que inmediatos intereses comerciales en todo esto. Sin embargo, Jeremy, encargado de asuntos para Latinoamérica, cree que “hay una especial relación” dentro de “Downing Street” y la “White House” que exigen un alto nivel de comparación militar con las oligarquías Latinoamericanas, especialmente con la colombiana.

Hablando durante su entrevista fuera del parlamento, Jeremy, dijo: “Colombia es importante pues tiene las administración mas cercana a EE.UUU en Latinoamérica. La razón es que muchas cosas donde occidente está envuelto los abusos a derechos humanos son ignorados”.

“Muchas inversiones y fabricas de multinacionales y corporaciones pueden ser encontradas en Colombia. Al lado de ellas, la presencia de EE.UU sobre el continente, viene acompañada por la asistencia Inglesa, que puede convertirse en un caballo de Troya con muchas relaciones…”

En todo caso, el gobierno británico seguirá apoyando a la oligarquía Colombiana militarmente. El caballo de Troya para más intervenciones a futuro seguirá funcionando. La necesidad de que la clase trabajadora se organice nunca había sido tan relevante. Las relaciones entre las podridas oligarquías (colombiana y británica) como entre toda la demás, señala otra vez la necesidad de un consecuente internacionalismo, y de una real organización internacional, dando como resultado la consecuente lucha por una federación socialista en América Latina y el mundo.

Dan Read

PUBLICADO POR PRIMERA LÍNEA EN 09:16

martes, 19 de octubre de 2010

2008 Mar 09 / Atrocidades de los paramilitares en Colombia



Autor: Semana.com
Medio: revista Semana, Colombia.  / Solidaridad.
Fecha de publicación: domingo 9 de marzo de 2008
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica: Colombia, Sura de Antioquia
Fecha de los hechos: Desde 1996, incremento de los escuadrones de la muerte en Colombia.
Personas, organizaciones mencionadas



CONFESIÓN / ATROCIDADES DE UN PARAMILITAR. PARTE 1



2009 Sept / 1- Estados Unidos y la masacre de El Salado.



Autor /  Michael Evans, investigador del National Security Archives
Medio: Revista Semana, Colombia.
Fuente: National Security Archive.
Enlace:

Hay enlaces adicionales a cada uno de los documentos citados.

Título: Estados Unidos y la masacre de El Salado.
Fecha de publicación: Septiembre de 2009.
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica:
Fecha de los hechos: 
Personas, organizaciones mencionadas:   La Comisión de Memoria Histórica

Estados Unidos y la masacre de El Salado.


Semana. Por Michael Evans, investigador del National Security Archives*


¿Conspiración de silencio? 


Estados Unidos y la masacre de El Salado La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, la de El Salado. La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, la de El Salado.



Documentos estadounidenses desclasificados revelan que la Embajada en Bogotá no hizo mucho cuando supo que la Fuerza Pública colombiana no evitó la masacre y sólo capturó a 11 de los 450 paramilitares responsables. El Plan Colombia estaba en juego


La cuestión del papel exacto que desempeñaron miembros de la Fuerza Pública en la masacre de El Salado de febrero de 2000 ocupa una parte pequeña, pero crucial, de la investigación presentada este martes en Bogotá y que fue realizada por la Comisión de Memoria Histórica.


Este grupo independiente encargado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana. Su trabajo es también una urticante acusación a la cultura de impunidad que ha evitado que sean investigados y debidamente juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana apostados entonces en esa región y que pudieron estar involucrados.


Las muertes se desarrollaron en cinco días fatales, durante los cuales cientos de paramilitares, principalmente del Bloque Norte de las Auc, descendieron sobre El Salado y otros pueblos de la región, dejando tras de sí una estela de tortura, destrucción y asesinatos.


Pero mientras los paramilitares que cometieron la masacre fueron identificados hace tiempo, el papel preciso que desempeñaron en esta los militares nunca ha sido determinado de manera definitiva. Sin embargo, y a pesar de que tuvieron un acceso muy limitado a los archivos militares, el informe de la Comisión establece enérgicamente la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre:


“La masacre de El Salado cuestiona no sólo la omisión sino la acción del Estado. Omisión con el desarrollo de los hechos porque no se puede entender cómo la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar la acción paramilitar. Una masacre que duró cinco días y que contó con la presencia de 450 paramilitares, de los cuales solo fueron capturados 15 una semana después de que acabó la masacre”.


Para Estados Unidos, la posible participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en los crímenes de los paramilitares era el meollo de la cuestión. El Plan Colombia, que proponía un aumento masivo de la ayuda estadounidense a los militares colombianos, apenas arrancaba y éste venía condicionado a que el gobierno colombiano demostrara que la Fuerza Pública había roto los viejos lazos que pudiera tener con las fuerzas paramilitares.


Documentos estadounidenses desclasificados sobre la época revelan, sin embargo, que las exigencias a los militares colombianos eran mínimas. Así por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá vio como un factor positivo el hecho de que las fuerzas de seguridad hubiesen capturado apenas a 11 de los 450 hombres del paramilitarismo involucrados en lo que caracterizó como “una orgía indiscriminada de violencia ebria”. En su primer informe sobre El Salado, que envió a Washington unos días después de la matanza, la Embajada bajo Curtis Kamman, dijo que era “la primera vez que esa entidad recordaba que los militares, en este caso la Armada, persiguieran a los paramilitares con algún vigor después de las atrocidades”. Los capturados del caso de El Salado, al parecer, era una historia de éxito militar, y la Embajada tuvo muy poco más qué decir por los siguientes cinco meses. Lea el documento 1.


Estados Unidos no ha debido sorprenderse demasiado con las denuncias de que miembros de la Fuerza Pública estuvieran involucrados en El Salado. En el año anterior, funcionarios estadounidenses con frecuencia habían expresado dudas sobre la voluntad de los militares de combatir las fuerzas paramilitares.

• En una reunión de enero de 1999 organizada por las Fuerzas Armadas colombianas con representantes de ONG y a la que fue personal de la Embajada, el subcomandante del Ejército, general Néstor Ramírez, dijo que “no era asunto del Ejército perseguir paramilitares” pues eran “criminales comunes apolíticos” que “no amenazaban el orden constitucional mediante acciones subversivas”. Lea el documento 2. 



Otro reporte de 1999 de fuentes militares de Estados Unidos encontró que las Fuerzas Armadas colombianas “no perseguían activamente a los grupos paramilitares porque los veían como aliados de la lucha contra las guerrillas, su enemigo común”. Lea el documento 3.

Estados Unidos también estaba muy consciente del “síndrome del conteo de bajas” (body count) que incentivaba las violaciones a los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad colombianas. Informes de inteligencia de los noventa describían acciones de “escuadrones de la muerte” por parte de las Fuerzas Armadas. Un coronel del Ejército colombiano dijo a Estados Unidos que el énfasis en conseguir muertes del enemigo “tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos porque hace que soldados bien intencionados busquen cumplir con su cuota de muertos del enemigo para impresionar a sus superiores”. Y también dijo que este síndrome lleva a una aproximación “caballeresca, o por lo menos pasiva, cuando se trata de permitirle a los paramilitares servir de adláteres… (al Ejército colombiano) que contribuyen a causarle bajas a la guerrilla”. Lea artículo de Semana.com sobre la vieja práctica de presentar falsos positivos.


Evidencias de participación de militares en las masacres de La Gabarra dejó escaso margen de duda de que había oficiales militares que veían a las fuerzas paramilitares como aliadas de la lucha contra las guerrillas. El coronel del Ejército Víctor Hugo Matamoros, responsable de la región alrededor de La Gabarra dijo a personal de la Embajada que él no perseguía a paramilitares en su área de operaciones. En otra ocasión, la oficina de la Vicepresidencia colombiana dijo a la Embajada que tropas del Ejército colombiano “se habían puesto brazaletes de las AUC” y habían participado en una de las masacres. Lea el documento 4.


Patrones similares emergieron unas semanas después de la masacre de El Salado. En marzo de 2000, fuentes militares estadounidenses informaron sobre los movimientos de la Fuerza Pública colombiana en los días de las matanzas. Enterrado en los detalles, en un Reporte de Información de inteligencia, basado en una fuente no identificada, hay un párrafo corto que indica que “muchos de los paramilitares capturados vestían uniformes de los militares colombianos”. Esto, dijo la fuente, sugería que “muchos de los paramilitares son ex militares, o que obtenían sus uniformes de militares o ex militares”. Lea el documento 5.


Pero aparentemente no fue sino hasta julio, cuando el diario The New York Times publicó una detallada investigación de la presunta complicidad de militares en la masacre, que la Embajada empezó a tomarse en serio las denuncias. Entre otras cosas, el artículo del Times encontró que fuerzas de la Policía y la Armada colombianas había dejado el pueblo antes de las matanzas y empezaron a montar bloqueos de los caminos para evitar que la ayuda humanitaria llegara. Y de todas maneras no hicieron nada para detener la carnicería paramilitar. Aún así, un memorando del Departamento de Estado elaborado para responder preguntas de la prensa sobre el caso, de nuevo destacaba la captura de los 11 paramilitares como evidencia de que las fuerzas de seguridad habían perseguido a los perpetradores. Lea el documento 6. 


“(Una fuente) cree que es probable que el Ejército supo por informes de inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre. Entonces los paramilitares entraron en camiones desde Magdalena, fueron a Ovejas y después siguieron a El Salado…”

La fuente también consideró que los militares “capturaron a los 11 paramilitares por suerte”, y añadió que “los militares fueron atacados en la finca La Esmeralda y luego procedieron a detener a los once paramilitares, después de ganarles”. La nueva información, aparentemente, cambió la visión de las cosas. Ahora para la Embajada la cuestión no era de si los militares habían estado involucrados o no, sino hasta qué grado lo estuvieron.

Las sospechas de la Embajada de Estados Unidos sobre el papel de los militares en El Salado son también evidentes en un cable de agosto de 2000 sobre un informe que había dado a la Embajada el coronel Carlos Sánchez García de la Primera Brigada de Infantería de la Armada. Sánchez defendió las acciones de su unidad, diciendo, entre otras cosas, que los recursos militares eran escasos y que “no tuvieron conocimiento alguno sobre un ataque en El Salado o en sus alrededores”.

Una versión del cable desclasificada en 2001 presenta la explicación del coronel Sánchez por sí sola, sin más análisis. Sin embargo, una versión más completa de este mismo documento desclasificado en 2008, incluye porciones que no habían sido reveladas y que cuestionan la credibilidad del coronel Sánchez:

“Comentario: El coronel Sánchez dijo que su propósito era presentarle a la Embajada con la versión de la Brigada sobre los hechos alrededor de El Salado y disputar las acusaciones hechas en el artículo de julio 14 de The New York Times. Porque el coronel Sánchez fue enviado con este propósito, su informe debe ser tomado con distancia”.

La Embajada también dudó de la afirmación de Sánchez de que su unidad no tenía conocimiento de la incursión paramilitar:

“Es difícil de creer que el pueblo de El Salado no había sido sujeto de amenazas de un ataque antes de la masacre, considerando que el pueblo está situado en un área de gran conflicto”.

A la postre, la cuestión de la posible culpabilidad de los militares en El Salado vino a girar en torno al comandante de Sánchez, el general Rodrigo Quiñonez Cárdenas, un oficial perseguido a lo largo de su carrera por denuncias de presuntos nexos con abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas y complicidad con los paramilitares.

En 1994, Quiñones, fue investigado por los asesinatos de más de 50 sindicalistas, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y otras personas en Barrancabermeja, por entonces considerada un bastión de la guerrilla. Fue exonerado por un tribunal militar.

Quiñones no era precisamente un extraño para Estados Unidos. Como director de inteligencia de la Armada a comienzos de los noventa, Quiñones estuvo en frecuente contacto con oficiales estadounidenses, incluyendo una reunión con el Director de Inteligencia de la Armada de Estados Unidos en 1993. Lea el documento 7. 

Un esquema biográfico de Quiñones realizado por militares estadounidenses en 1992 describía numerosos detalles sobre sus hábitos personales: “Le gusta leer”, “Dientes-Sí/Naturales”, y anotaba que participaba en “entrenamiento desconocido” en la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Quantico, Virgina. Lea el documento 8.


Con relación a El Salado, Quiñones ha sostenido siempre que él estaba en Bogotá durante las matanzas y que por tanto no fue responsable de las acciones de la Brigada en ese momento. Por su firme coartada, Quiñones fue solo sancionado por El Salado, lo que lleva a los investigadores de la Comisión de Memoria Histórica a lamentar que no se hayan investigado otras pistas. Se preguntan: ¿Por qué no se miró la información que tuvo a disposición la Brigada en los momentos antes del ataque?

"Si bien es cierto que se encontraba en Bogotá cuando empezó la incursión paramilitar, hacia el día 15 de febrero, y en ese sentido la responsabilidad de las decisiones operacionales en terreno estaban en el Coronel Sánchez García, también es cierto que como Comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, el Contraalmirante Quiñones Cárdenas debía conocer de la información que, según la Procuraduría, arribó, en los meses anteriores, a la Primera Brigada sobre las Autodefensas y sobre el riesgo de la población establecida en los Montes de María. Información que, de acuerdo con la evaluación de la Procuraduría, debió haber servido para prevenir la incursión paramilitar, y no solo para contrarrestarla cuando ya se estaba produciendo".

¿Por qué tampoco la investigación judicial indagó sobre la actuación de Quiñones cuando regresó de Bogotá en febrero 18?

El entonces Coronel Quiñones Cárdenas regresó, de Bogotá a su base, el 18 de febrero y era razonable indagar, por tanto, no sólo por su actuación antes y durante la incursión paramilitar, sino también por su actuación después de la incursión.

En todo caso, Quiñones fue ascendido a almirante después de El Salado, y no fue sino hasta 2001, después de las acusaciones de que podía estar involucrado en otro ataque paramilitar, que la Embajada finalmente aumentó su presión sobre este oficial. Son pocos y muy censurados los documentos de la Embajada sobre la masacre de Chengue en agosto de 2001, pero los registros conocidos dejan escasas dudas de que para 2002, la Embajada solicitó que se le revocara la visa al almirante Quiñones y estaba lista para cortar lazos con él.

En abril de 2002 la Embajada pidió que se le quitara la visa pero no por su posible responsabilidad en asesinatos o masacres paramilitares. Más bien fue que el Departamento de Estado usó la única evidencia que estaba dispuesta a presentar: “información indicando que él había recibido pagos de narcotraficantes”, añadiendo así otra más a la larga lista de denuncias contra Quiñones. Lea el documento 9. 



La cancelación de su visa terminó la carrera del almirante, un hecho confirmado por la ministra de Defensa de entonces Marta Lucía Ramírez cuando éste anunció su renuncia “voluntaria”. Y aunque realmente nunca la justicia civil lo ha investigado exhaustivamente por las muertes de Barrancabermeja, o por su supuesto rol en las masacres de El Salado o de Chengue, parece claro que el solo número de denuncias en su contra a lo largo de su carrera finalmente forzaron su salida.

Cuando informó sobre su renuncia a Washington, la Embajada anotó que aunque “era problemático establecer la culpa de Quiñones en un caso particular, pero un patrón inequívoco de denuncias similares lo ha seguido casi a todos los lugares donde ha sido comandante de campo”. Lea el documento 10.

El debate real sobre El Salado no es sobre sus autores o su magnitud, sino sobre la cultura de la impunidad que ha evitado una investigación honesta sobre los miembros de la Fuerza Pública que tuvieron nexos con esta masacre. Y a pesar de la importancia de la nueva investigación de la Comisión para la preservación de la memoria histórica, la historia estará incompleta mientras que los militares le nieguen al grupo investigador acceso a sus registros sobre el caso. También Estado Unidos ha sido reacio a desclasificar muchos de sus registros clave sobre la masacre de El Salado. Reiteradas peticiones sobre reportes citados en los documentos presentados aquí han sido bloqueadas por el Pentágono y otras agencias.

Sin acceso a estos archivos, puede que nunca sepamos exactamente qué sabía Estados Unidos sobre la complicidad de militares en la masacre de El Salado o si la masacre tuvo algún impacto en el desarrollo del paquete de ayuda que entonces se estaba dando a las fuerzas de seguridad colombianas. Tampoco sabremos si la tibia respuesta del gobierno de Estados Unidos al caso fue debido a una simple negligencia, a análisis pobres o a un esfuerzo activo para ayudar a encubrir el papel que desempeñaron los militares en la masacres de El Salado.

*El National Security Archive es un instituto de investigaciones y biblioteca independiente y no gubernamental localizado en la Universidad George Washington en la capital de Estados Unidos. El Archivo collecciona and publica documentos desclasificados del gobierno y el Estado sobre la seguridad nacional de Estados Unidos y su papel en los conflictos del mundo, para que esta información sea conocida por el público. Para lograrlo, hacen derechos de petición constantes sobre diversos temas y lo que van logrando que sea desclasificado lo publican en su página virtual.