Autor : José Guarnizo Álvarez- Jorge Iván Posada Duque
Medio : Diario El Colombianohttp://www.elcolombiano.com
Fuente : Comunidad embera
Enlace : http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/muertos_embera_vuelven_a_ver_la_luz/muertos_embera_vuelven_a_ver_la_luz.asp?CodSeccion=211
Medio : Diario El Colombianohttp://www.elcolombiano.com
Fuente : Comunidad embera
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Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2010
Materia : Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie :
Zona geográfica : Colombia, Antioquia, Comunidades Suandó y Guapa Alta.
Materia : Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie :
Zona geográfica : Colombia, Antioquia, Comunidades Suandó y Guapa Alta.
Urabá antioqueño.
Fecha de los hechos : 1996 - 2010.
Muertos embera vuelven a ver la luz
UNO TRAS OTRO los embera sepultaron a los seres queridos que les arrebató la violencia en Urabá. La sociedad fue indiferente al drama y el miedo los silenció.
Muy al fondo del barro revuelto, los cráneos de los hermanos Guillermo y Pedro Luis Bailarín Bailarín se asoman apuntando al ocaso.
La tradición embera dice que si hubieran sido asesinados siendo niños, sus cabezas estarían enterradas en dirección contraria, hacia el Oriente, por donde nace el sol.
Pero no es el caso. A diferencia de un menor de edad, Guillermo y Pedro Luis alcanzaron a recorrer la vida, a resolver un camino, a dirigir el rumbo -en una lucha intestina- de toda una comunidad.
Y por eso, solo por eso, sus cuerpos agujereados por las balas merecieron ser ubicados de tal manera.
El crimen ocurrió hace más de 10 años, a las 4 de la mañana del 3 de enero de 1999. La luna clareaba el cielo que se abalanzaba sobre la comunidad de Guapa Alta, en las serranías de Chigorodó, en la región de Urabá.
Guillermo, gobernador y máxima autoridad de este resguardo de 300 embera katíos, dormía en su bohío. Su esposa, Beatriz Bailarín Domicó, asaba yucas y calentaba el tinto de la madrugaba.
Fue entonces cuando aparecieron unos diez hombres armados, quienes, con linterna en mano, entraron a la casa escudriñando los rincones.
Preguntaron que si había marranos, que si había vacas, gallinas.
-Venga, señora, ¿por qué no llama a su esposo? Es que nos va a coger el día y tenemos que irnos para bien lejos- le preguntaron a Beatriz.
Ella aceptó. Levantó a Guillermo pero le dijo que si salía, que lo hiciera tomado de la mano de Gilder, el menor de los hijos. Cuatro añitos tenía. Fue así como se los llevaron aparte.
"Nos dijeron que bajáramos al patio. Y pensé que si el golpe iba a ser para todos nosotros, hasta mejor", dice Beatriz, diez años después, mirando la sacada de los huesos.
Un par de minutos corrieron y se escuchó el primer disparo. La comunidad en pleno se reunió cerca de la choza principal. Algunos resplandores de sol fueron apareciendo en medio de los quejidos de Guillermo, que se escuchaban venir desde la cañada.
"Al mucho rato uno de esos señores salió con un machete en la mano. Venía del mismo lado de donde se oían los gritos de mi esposo", testifica la mujer. Gilder lloraba, pero estaba bien, vivo, por lo menos.
Un comandante, identificado como "Daniel" dijo en voz alta que tranquilos, que el problema era solo con el viejo, que era una lástima, pero que tres veces lo habían mandado a llamar y que tres veces se había negado a subir.
Después se supo que a la misma hora, Pedro Luis, hermano de Guillermo y segundo líder en Guapa Alta, estaba siendo sacrificado.
También, que la orden incluía llevarse no solo los collares que Beatriz heredó de la abuela, sino la cédula de los finados, la mula, las gallinas, las cuatro vacas y los dos terneros.
Entonces, llegó el silencio y una última sentencia de "Daniel": "Si quieren pueden velarlos, pero no se les ocurra sacar los muertos para el pueblo".
Y así ocurrió. De 1999 al 2003 fueron asesinados 18 líderes indígenas en Chigorodó, según cuentas de Darío Karupia, gobernador del Cabildo principal.
Lo que ahora parece inexplicable, es que el Estado nunca supo de los muertos que los embera pusieron como cuota en el conflicto.
Una década después comienza a saberse que las comunidades de Saundó, Dojura, Chigorodocito, Guapá y Polines, que en total suman algo más de dos mil integrantes, se resistieron a que los paramilitares comandados por Fredy Rendón Herrera, alias el "Alemán", reclutaran a sus niños.
Tal vez por eso los embera katíos siguen llamando a los paramilitares "mokita", que significa lombriz o gusano que se come las tripas. "Uno se alimenta, pero queda siempre enfermo", dice la profesora Alba Luz Vergara Casama, al hacer la traducción.
Con el muerto se va la cultura
Sólo hasta febrero de este año, cuando un grupo de funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación visitó la zona para dictar talleres sobre derechos de las víctimas, los indígenas comenzaron a hablar.
"Nunca dijeron nada por miedo. Ellos enterraban a sus muertos en cementerios propios, en el más completo anonimato", refrenda el fiscal Alonso Alvear, encargado del caso.
Y si no les cabía en la cabeza avisar a las autoridades, mucho menos entender que esos cuerpos debían ser exhumados para que fueran identificados plenamente.
"Su cosmogonía no concibe desenterrar cadáveres. Porque es desprenderlos definitivamente de la madre tierra", fue lo que entendió, luego de interminables conversaciones entrabadas por el dialecto embera, el antropólogo forense Eduardo Ospina Pérez.
Y es que según la Organización Indígena de Antioquia (OIA) de 1995 a 2005, en el departamento fueron asesinados 140 indígenas. Unos 80 están registrados como desaparecidos.
Desde Dabeiba (municipio ubicado a 183 kilómetros de Medellín) algunos regidores han reportado a la Fiscalía que por lo menos 20 nativos fueron sepultados sin que se avisara a ninguna entidad del Estado.
En Mutatá (en límites entre Turbo y Chigorodó) por ejemplo, fueron desplazados más de 1.000 aborígenes de cinco comunidades, cuando corría 1997.
Liliana González, fiscal seccional de apoyo, explica que en toda la región de Urabá los "paras" se dividieron las zonas a sangre y fuego. Raúl Hasbún, Hervert Veloza García, alias "HH"; y el "Alemán", eran los comandantes.
Documentadas están, a su vez, las acciones del Frente 5 de las Farc, cuyos integrantes se afincaron en Carepa, Turbo y Necoclí y el corregimiento de San José de Apartadó.
Algo que pasó desapercibido para el mundo en estos diez años, fue que con cada líder indígena asesinado, se fue yendo parte del conocimiento ancestral.
Karupia dice que el pueblo quedó desorientado y sumido en la desmotivación. "Nosotros no tenemos códigos ni escritos ni nada de eso. Solo la sabiduría de los dirigentes".
La muerte pasó por Saundó
Para llegar a Saundó, hay que cruzar caminando tres veces el humeante río Juradó, que pasa a 23 kilómetros de distancia de Chigorodó. Entre tallos de teca, roble, yarumos y caracoles, se refugia un asentamiento de 300 indígenas que sobreviven de incipientes cultivos de maíz, plátano y yuca.
Basta decir que en siete años se han muerto siete niños por desnutrición y enfermedades no tratadas, comenta la maestra.
Desde la loma en la que se empotra el cementerio -rodeado de gallinazos que vaticinan un cierto olor a animal muerto- se divisan las pocas chozas del resguardo que se han caído con el tiempo.
El 7 de octubre pasado se llevó a cabo la primera exhumación. El grupo de criminalística del CTI, de la Fiscalía, extrajo los cuerpos de Amanda Niasa, de la etnia embera chamí, y de Julio Domicó Domicó, de la etnia eyavida y gobernador durante más de cinco años.
Las muñecas y los tobillos de la mujer habían sido envueltos, al momento del entierro, con pañoletas de colores pastel. Amanda -dicen- era la promotora de salud de la comunidad y una de las indígenas más hermosas que han nacido en estas tierras.
Tenía los pómulos finos y unos ojos claros y saltones, que le alegraban los días a su única hija, Cindy Milena Domicó, huérfana a los 6 años de edad.
Julio y Amanda fueron asesinados al tiempo: a las 8 de la noche del primero de agosto del año 2000.
Fue un día sacudido por una lluvia lánguida y constante. En el momento en el que llegaron dos hombres con fusiles terciados en la espalda, Julio se desprendía del sudor en las aguas del río Juradó.
Parece ser que eran integrantes del bloque Bananeros de la Autodefensas Unidas de Colombia. O por lo menos así se identificaron.
María Hilda Domicó, esposa de Julio, no habla español. En palabras enrevesadas explica que pese a que su compañero no tenía problemas con nadie, varias veces había sentido ese vértigo que sobreviene cuando se está en medio de dos bandos: "paras" y guerrilla.
Julio regresó al tambo, subió las escalas y bordeó con sus pasos el balcón. Justo ahí, los dos señores armados que intercambiaban secretos, lo increparon.
En la casa estaban María Hilda, embarazada de Fredy, y sus otros seis hijos. "Mientras eso pasaba, uno de los tipos se fue a buscar la casa de Amanda. Yo creo que se pusieron de acuerdo, porque ahí mismo que escuchamos los tiros a lo lejos, el hombre que se quedó aquí levantó el arma y le disparó a Julio", testifica María Hilda.
La mujer y los niños como pudieron se encerraron en uno de los cuartos. El cuerpo de Julio permaneció boca arriba durante la noche y parte del día siguiente.
En Saundó no se movió una hoja en 17 horas. Solo hasta la una de la tarde, los vecinos se atrevieron a salir. Los perros se habían posado encima del cadáver de Julio, en medio de un sopor que hacía más fúnebre la escena.
Ahora que los huesos de este hombre brotan del lodo, queda tiempo para decir que debajo de las cruces, hay cuatro cuerpos más por desempolvar.
Y queda tiempo para contar que ninguno de los siete hijos de Julio pudieron volver a estudiar, por física falta de recursos.
En la exhumación, María Libia, la mayor de la descendencia, viste una blusa amarilla de flecos multicolores.
Su falda es una toalla que le circunda la cintura. Y su única lágrima es un grito al olvido de un pueblo, que prefirió no decir que a sus mentores los estaban exterminando.
» Violación continua de sus derechos humanos
En lo corrido del año se reportaron 7 desapariciones forzadas y 83 indígenas fueron asesinados, según la ONIC
La situación de los pueblos indígenas en el país continúa grave. Así lo reportó la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) frente a los numerosos casos de violación de los derechos humanos de las poblaciones nativas en el país.
Según esta entidad, entre enero y agosto del presente año, 808 indígenas, de 102 poblaciones, fueron obligados a desplazarse por los grupos armados.
Además, denunció los 83 homicidios, entre ellos los de varios gobernadores indígenas.
En el informe, la Onic evidenció la problemática de 81 comunidades que fueron amenazadas. Puso de relieve los 210 ataques que han padecido donde 51 personas resultaron heridas, la detención arbitraria de 27 nativos, el secuestro de 3 personas, la desaparición forzada de 6 y 3 casos de violencia sexual.
"La situación de los derechos humanos de los indígenas en el país es igual. Tenemos dificultades de toda índole, desde la desaparición forzada, los secuestros, la persecución política de los líderes y toda esa situación de despojo por las acciones de los actores de este conflicto armado", aseguró Flaminio Onogama, consejero Mayor para los Derechos Humanos de la Onic.
En agosto, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), afirmó que en las zonas donde la violencia aumenta "los pueblos indígenas que viven allí sufren las consecuencias".
Según el organismo internacional, los homicidios reportados de indígenas crecieron un 63 por ciento entre 2008 y 2009. Solo la comunidad awá perdió 33 miembros en 3 masacres perpetradas el año pasado.
La Acnur hizo un llamado para que sea atendida de manera especial la situación que padecen los pueblos Wounaan y los embera en el Chocó, los awá y los eperara-siapidara, en la Costa Pacífica de Nariño; o los jiw, nukak y sicuani en la zona de los ríos Guaviare y Guayabero. El organismo mostró su preocupación por el aumento del reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, y por la violencia sexual cometida por grupos armados en zonas como el Guaviare y el Chocó. Pese a los esfuerzos emprendidos por la Acnur, y organizamos del Estado como Acción Social, prevalece el peligro en 34 pueblos indígenas de desaparecer física o culturalmente. Recientemente la Corte Constitucional pidió proteger de manera inmediata a la comunidad jitnu en Arauca y a los 43 pisamira de Vaupés.
La Onic, hizo un llamado para que sea atendida la grave situación de los nukak, los sicuani, los jiw o los jitnu, que sufren procesos de sedentarización y confinamiento forzado por los grupos armados.
Julio Cesar Herrera | En un principio, la comunidad embera de Chigorodó se opuso a que fueran exhumados los restos. Luego de varias discusiones, aceptaron.
Cortesía Fiscalía General de la Nación, foto de Luis Fernando Marulanda Loaiza Este es el momento en el que un grupo criminalístico del CTI, adscrito a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, realiza la exhumación de los restos de Amanda Niasa y de Julio Domicó Domicó, en la comunidad Suandó, en el Urabá antioqueño. Todo el procedimiento estuvo supeditado a la aquiescencia de la comunidad embera, a través de un traductor. El procedimiento fue el 5 y 7 de octubre.
Julio César Herrera | En un principio, la comunidad embera de Chigorodó se opuso a que fueran exhumados los restos. Luego de varias discusiones, aceptaron.
