Fuera mercenarios de Colombia.

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viernes, 12 de septiembre de 2014

DEBATE SOBRE LAS BACURI

DOCUMENTO PÚBLICO SOBRE LAS BACURI (1997)

DIRIGIDO A:
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 


Con 17 años de retraso

COLOMBIA INICIA EL DEBATE SOBRE LAS BANDAS CRIMINALES URIBISTAS:


El 18 de septiembre de 2014 se inicia el debate en la 
Comisión Segunda del Senado.

APORTES DEL PERIODISTA RICARDO FERRER ESPINOSA,
TESTIGO Y SOBREVIVIENTE DE LAS MASACRES EN EL RÍO ATRATO EN 1997.


Medellín, 11 de septiembre de 2014

Señores
Comisión Segunda del Senado / República de Colombia
Bogotá D. C.

Copia: Honorable Senador Iván Cepeda Vargas.
            Senador Álvaro Uribe Vélez. 

ASUNTO: DECLARACIÓN PÚBLICA POR HECHOS VICTIMIZANTES.

Denuncia sobre amenazas y desplazamiento - exilio del periodista Ricardo Ferrer Espinosa.

Amenazas: AUC. Desde mayo de 1997 a febrero de 1998. Opto por el exilio.
Exilio:             Febrero de 1998 a mayo de 2000, residí en Israel - Palestina. 
                        20 de mayo 2000 hasta a 12 de mayo de 2011. Residí en España. 
 Retorno:         Mayo de 2011, por fuerza mayor (salud de mi esposa). 
                        Sin garantías, ni acompañamiento. 

------------------
Saludo a los Senadores y colegas periodistas:

Mi nombre es Ricardo Ferrer Espinosa, hijo de Alfonso y Teresa. 
Soy Periodista. Identificado con Cédula de Ciudadanía 71.592.014 de Medellín. 

Salí de Colombia el 15 de febrero de 1998, junto con mi esposa, luego de múltiples amenazas por haber denunciado violaciones a los Derechos Humanos durante la Operación Génesis en Urabá y el río Atrato. 

HECHOS:

1- Entre 1994 - 1998, fungí como Jefe de Comunicaciones de Metrosalud, en Medellín, cargo al que había llegado mediante concurso de carrera administrativa.  

2- En diciembre de 1996, muy lejos de mi sitio de  trabajo y de mis rutinas, el Ejército de Colombia puso en marcha la "Operación Génesis", en Urabá y en el río Atrato. Supuestamente era una campaña de la Brigada 17 del Ejército [*1] contra las organizaciones guerrilleras. 

Hubo intensos combates: De un lado, las Fuerzas Armadas y las AUC. El otro bando eran las FARC. Ningún actor armado respetó a la población civil. (Campesinos e indígenas).

3- En esa época las FARC habían intensificado sus acciones en toda Colombia: Tomaban bases militares y se llevaban cautivos a los soldados sobrevivientes.  El día 16 de enero de 1997 en Juradó (Chocó) las FARC tomaron cautivos a 10 Infantes de Marina. 

Los 10 Infantes de Marina, cautivos por las FARC en Juradó se sumaban a los 60 soldados que las FARC habían capturado en la base Las Delicias en agosto de 1996. 

Ya había pruebas de supervivencia de los 60 soldados de las Delicias, porque las recibió el entonces obispo de San Vicente del Caguán , Luis Augusto Castro  . Pero en esa fecha, nada se sabía sobre los 10 Infantes de Marina en el Chocó.

Hasta ese momento, los 10 Infantes de Marina no tenían nada que ver conmigo. La tensión del conflicto estaba lejos de mi oficina y de mi casa. 

4- El 30 de mayo de 1997 el Bloque José María Córdoba, de las FARC, solicitó mi mediación humanitaria: que fuera hasta el remoto municipio de Murindó por las pruebas de supervivencia necesarias para iniciar la liberación de los 10 Infantes de Marina. 

Desde enero hasta mayo, de los 10 Infantes de Marina no se sabía nada. Esas pruebas de supervivencia eran urgentes y yo podía ayudar a conseguirlas. Los documentos debían ser entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, a las familias de los cautivos, al presidente Ernesto Samper Pizano, a la prensa y otros destinatarios.  

Acepté hacer esta mediación social y humanitaria, dado que los organismos de salud son definidos como entes neutrales en el marco del Derecho Internacional Humanitario. Si podíamos salvar la vida de los 10 Infantes de Marina o reducir el tiempo de cautividad, había que intentarlo. 

En ese tiempo, las mediaciones humanitarias entre guerrillas y las organizaciones de Derechos Humanos eran mucho más fluidas: la guerrilla simplemente entregaba a los soldados y policías cautivos al alcalde de un pueblo, a un cura párroco, a un político reconocido o a un periodista, de manera directa.  Sin mucho protocolo.

5- De camino a Murindó, cuando fui a Vigía del Fuerte, el 30 de mayo 1997, sufrí las primeras amenazas. Igualmente pude ver que el poblado se había convertido en la gran base de los paramilitares en el río Atrato. La población me relató detalladamente la acción conjunta entre Ejército de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia. El alcalde también tenía relación directa con los mandos paramilitares, como se comprobó posteriormente. 

En mayo de 1997 entraron a la región del Atrato medio, fuerzas de las Brigadas 4ª y 17, Infantería de Marina y las Autodefensas Unidas de Colombia. Se tomaron Murindó, Vigía del Fuerte, Bellavista de Bojayá  y todos los municipios vecinos. Hubo combates con la guerrilla, pero la mayoría de las bajas fueron civiles, ajenas al conflicto. A su vez, la guerrilla asesinó a campesinos a quienes acusaba de colaborar con el Ejército. 

6- Salí de Vigía del Fuerte sin las pruebas de supervivencia de los 10 Infantes de Marina, pero tenía el testimonio de matanzas que se reiniciaron aproximadamente el 22 de mayo de 1997 (y que se extendieron hasta el año 2.000). En Vigía del Fuerte, el retén paramilitar se instaló durante tres años a pocos metros de la alcaldía. 

Esta connivencia entre fuerza pública y Autodefensas está plenamente documentada porque durante los últimos años la Fiscalía ha recibido múltiples confesiones de mandos paramilitares que actuaron en todo el río Atrato, desde Quibdó hasta el golfo de Urabá. 

7- El 3 de junio de 1997 volví a Medellín. Quería comprobar la frase que me dijo el mando de las AUC, en Vigía del Fuerte, mientras me amenazaba: "Siempre que viene un funcionario (a Vigía del Fuerte) nos avisan de la Gobernación de Antioquia y de la Dirección Seccional de Salud". 

8- En el Centro Administrativo La Alpujarra, sede de la Gobernación de Antioquia, busqué a los funcionarios públicos que habían salido de Vigía del Fuerte desde el 22 de mayo a raíz de la matanza paramilitar. Funcionarios en propiedad, contratistas, erradicadores de malaria, profesores, alumnos. Me dieron sus versiones.  

Busqué a mis colegas de El Colombiano y les compartí los datos que tenía. Ellos también estaban acumulando información sobre los hechos del Atrato: enviaron a dos reporteros y luego sacaron la serie informativa "El Atrato, cementerio de una guerra: 

- "El Atrato, cementerio de una guerra" (El Colombiano, 04/07/1997), 

- "Murindó, sitiado por los violentos (El Colombiano, 05/07/1997), 

- ¿"Dónde están los desaparecidos de Vigía del Fuerte?" (El Colombiano, 07/07/1997), 

- "Un pueblo de viejos se muere de hambre" (El Colombiano, 14/07/1997).". 

Comprobaron que la matanza desde enero de 1997 se había realizado en docenas de poblados vecinos al río Atrato, desde Turbo, Riosucio, Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá. Cientos de kilómetros. Ahora se sabe que fueron miles las víctimas. 

9- FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ME DESCRIBIERON LA RED PARAMILITAR QUE EL ENTONCES GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ  HABÍA TEJIDO EN LAS COOPERATIVAS CONVIVIR, LA SECRETARÍA DE GOBIERNO,  LA SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y OTRAS DEPENDENCIAS. 

PARTE DE ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA HACE AÑOS EN PODER DE LA COMISIÓN DE ACUSACIONES. 
NO HAY AVANCE PROCESAL. 

Otro capítulo que está pendiente de investigación es el asesinato masivo de líderes comunitarios, en el noroccidente de Colombia, en el mismo período. con absoluta combinación de autoridades y sicarios.  

10- El domingo 8 de junio de 1997, en el municipio de Dabeiba (a 191 kilómetros al noroeste de Medellín), con ayuda de un sacerdote, una comisión de las FARC me entregó finalmente el sobre con las pruebas de supervivencia de los 10 Infantes de Marina. 

11- El 15 de junio de 1997 los 10 Infantes de Marina fueron liberados por las FARC, junto con los 60 soldados de la base de Las Delicias. Con apoyo de sacerdotes y población civil, cumplí la mediación humanitaria. Como periodista y servidor de la salud, había facilitado que estos 10 militares siguieran con vida.  

12- Posteriormente, los periodistas y líderes comunitarios pudimos documentar que mientras avanzaba la Operación Génesis, bajo las órdenes del General Rito Alejo del Río Rojas, los paramilitares se dedicaron sistemática y metódicamente a matar, desplazar población, usurpar territorio, falsear escrituras o forzar la venta de la tierra a precios irrisorios.  Talaron bosques, cambiaron cursos de agua, sembraron palma africana, abrieron minas, se robaron el ganado de los campesinos. Definieron quiénes serían los nuevos alcaldes de la región e hicieron negocios con algunos empresarios de Antioquia. La investigación de los colegas periodistas también sirvió para judicializar al general Rito Alejo del Río Rojas. 

Tristemente, el Ejército de Colombia Instaló bases en las tierras robadas y se dedicó a custodiar las fincas de los sembradores de palma. Tenemos las fotografías (bajo custodia en España) de esas bases y de esos soldados, bajo vallas publicitarias de la empresa aceitera Urapalma.  Tenemos también las fotos de los cuerpos flotando en el río Atrato, cuerpos que "nadie veía", pese al patrullaje diario de la Infantería de Marina. 

13- El 13 de junio de 1997 presenté ante la fiscalía los datos que había obtenido de la matanza que sufrieron Vigía del Fuerte y Murindó en 1997. Inmediatamente se iniciaron las amenazas telefónicas en mi contra. (Radicado 18.690, Unidad Primera de Reacción Inmediata de Medellín, fiscal Seccional Nº 185, Dra. Cristina Bustos Gómez). 

14- Ratifiqué mi denuncia el día 3 de julio de 1997 ante la Dirección Regional de Fiscalía, Unidad Nº 2, Código 19, con el Radicado 23.675.

15- Los paramilitares ya tenían infiltrada a la Fiscalía en Antioquia. Me llamaban por teléfono, siempre durante la noche, y citaban apartes del expediente 23.675, es decir, lo que había relatado en mi denuncia ante la Fiscalía, contra el Ejército de Colombia y las Autodefensas unidas de Colombia. 

Se comprobó mucho tiempo después que docenas de sumarios contra los paramilitares desaparecieron en la sede de la Fiscalía en Antioquia.

En las llamadas, me hacían saber que conocían mis rutinas, repetían los temas que yo hablaba por teléfono. 

Un aparte del sumario que se deriva de mi denuncia y del radicado 23.675 está incompleto. (ha desaparecido entre otros, un seguimiento telefónico que se hizo a Vigía del Fuerte, desde mayo de 1997 hasta febrero de 1998, donde estaban probadas las relaciones entre alcaldía, políticos, mandos militares,  paramilitares y asesores militares extranjeros).

16- Con la certeza de que algunos funcionarios de la fiscalía estaban filtrando expedientes a los paramilitares, no tenía sentido denunciar ante la misma entidad, que de nuevo me estaban amenazando. Mucho menos le pediría escolta o un esquema de protección a la Unidad de Fiscalía que había desprotegido los datos del expediente 23.675 que evidentemente ya conocían los miembros de las AUC. 

En una de tantas llamadas intimidantes, a mi oficina, en Metrosalud, me enumeraron  todo lo que mi esposa había comprado en la tienda: los ingredientes de una torta que ella me iba a hacer. En otra llamada, me hicieron saber que ya sabían de mi viaje a Coveñas (octubre de 1997) y que allá me esperaban. Otros días, al contestar el teléfono, mencionaban los sitios que yo había recorrido durante todo el día, en mis labores de funcionario, o en mis reuniones familiares. Es un tipo de amenaza que destruye la vida cotidiana y el sueño.  Las llamadas eran diarias y puntuales: 11 de la noche y 3 de la mañana.  

Estaba amenazado, pero entonces no podía confiar en ninguna autoridad judicial de Antioquia. Ya no era seguro ratificar o ampliar mis denuncias sobre las amenazas que recibí desde junio de 1997 hasta febrero de 1998. Bajo esa presión, salí del país, con mi esposa. 

17- Yo había ingresado a Metrosalud mediante un concurso de carrera administrativa. No le debía favores políticos a nadie, tenía estabilidad y un vida tranquila. 

Debido a las amenazas, debí dejar todo, la estabilidad laboral que había conseguido por mérito propio, mi entorno profesional, mi familia. 

18- El 15 de febrero de 1998 partí, con mi esposa hacia en Israel, donde tenía amigos periodistas.  En mayo de 1998, vencía mi licencia no remunerada. Ante la imposibilidad de volver a Colombia, por problemas de seguridad, debí enviar mi carta de renuncia al cargo de Jefe de Comunicaciones de Metrosalud. De no hacerlo, tendría un proceso por abandono de cargo, cuando la realidad es que no era seguro volver a Colombia. Había entrado a Metrosalud por carrera administrativa y la renuncia forzada ha sido un daño catastrófico en mi proyecto de vida. 

19- Esa situación de desplazamiento forzado - exilio, con los motivos de mi salida, la he consignado en el libro "Nos matan y no es noticia"  Editorial Cambalache / Oviedo, 2.010. / 

El libro "NOS MATAN Y NO ES NOTICIA" está disponible en formato PDF, mediante buscadores de Internet. 

El libro amplía el contenido de la denuncia 18.690 que formulé el 13 de junio de 1997, ante la fiscal Cristina Bustos Gómez, en Medellín. En Israel y en España denuncié la muerte masiva de civiles en el río Atrato, a manos de las Autodefensas, con plena complicidad de las autoridades civiles, militares y de policía. 

20- Estando en Israel - Palestina, el 28 de julio de 1999, la Alta Comisión de las Naciones para los Refugiados, (Sede en Ginebra, Suiza), nos concedió el Status de Refugiados a mi y a mi esposa. Anexo: comunicación emitida por la ACNUR Jerusalén. 

Por contraste, el Estado de Israel, nos retuvo ilegalmente los pasaportes durante 13 meses. Sin documentos de identidad no podíamos contratar ni ser contratados. Tampoco podíamos salir de Israel sin pasaportes. 

Desde 1998 hasta mayo de 2.000 vivimos en tres kibutz de Israel. (Bar Am, Nir Yitzhack y Yotvetá).
21- El 26 de diciembre de 1999, mientras estaba en la ciudad portuaria de Haifa me informaron sobre el fallecimiento de mi padre. El exilio me quitó ese tiempo de familia y agregó más duelo al hecho de no haber compartido sus últimos días. 
22- Desde mayo de 2.000 hasta mayo de 2011 viví en España. Me reuní con mi esposa. 

23- El 8 de abril de 2.008, mientras yo estaba trabajando en una imprenta de Madrid, España, me avisaron que mi hermano Héctor había fallecido. No pude venir a Colombia y estar en su funeral porque en el año 2.008 el paramilitarismo estaba incrustado en casi todas las dependencias del DAS y en las oficinas de inmigración. Otro duelo. 

24- En octubre de 2.010 supimos que nuestro equipo COLREFE (Colectivo de Colombianos Refugiados en España, asociación registrada ante el Ministerio del Interior en Madrid), había sido espiado por el DAS desde el año 2004. 

A todas las organizaciones que reclamábamos respeto por los Derechos Humanos nos intervinieron los teléfonos, hurgaron en nuestras cuentas de correo.  Estos hechos fueron extensamente investigados por el Parlamento Europeo. La causa está vigente.  

5- Sobre el grupo que hizo las masacres en el Atrato, (entre 1997 y el año 2.000), y posible motor de las amenazas en mi contra, unos han sido extraditados a los Estados Unidos, otros están presos en Colombia, algunos se han matado entre si o han sido abatidos por las autoridades. 

Desde 2.008, en las cárceles de los Estados Unidos la mayoría de los extraditados ya ha confesado que sus acciones criminales tuvieron encubrimiento y cooperación de líderes políticos, empresarios, mandos militares y también de la policía. Tras años de impunidad y silencio, los mismos ejecutores validaron lo que yo había denunciado ante la Fiscalía, la información que verificó un equipo de redactores del diario El Colombiano y posteriormente la comisionada de la ONU, Almudena Mazarrasa. 

26- Volvimos a Colombia por el deterioro de la salud de mi esposa, que no resistió más los inviernos. Volvimos asumiendo todo riesgo, pese a que no todas las estructuras paramilitares han sido desmontadas. 

27- Sobre mi denuncia ante la Fiscalía, han ocurrido los siguientes hechos graves: 

Recién puesta la denuncia sobre los hechos del río atrato, Salió de Colombia, con su familia, el investigador Toledo, de la Unidad de Derechos humanos, por amenazas. Llevaba mi caso y otros similares. 

El 3 de abril de 1998 fue asesinado el investigador judicial Luis Fernando González Jaramillo. Conocía el expediente y estaba documentando las operaciones clandestinas del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del ejército de los Estados Unidos en Colombia. 

El investigador judicial tenía especial interés en el acta de la reunión del 12 de junio de 1996, en la Convivir Papagayo. Consta en acta que asistieron El Alemán, C. Castaño, C. Arce, Diego, Rito Alejo (del Río Rojas) y "asesores gringos". Los nombres coinciden con nombres reales de mandos paramilitares.   En esa reunión se coordinó la acción conjunta entre militares, paramilitares y mercenarios extranjeros para hacer la Operación Génesis "Nos matan y no es noticia", Editorial Cambalache / Oviedo, 2.010. Páginas 147 a 149..  

Margarita María Pulgarín Trujillo, Fiscal regional Delegada, fue asesinada. El primero de junio de 1997, ella había ordenado abrir investigación previa sobre mi denuncia contra la Brigada XVII del Ejército. 

El periodista Luis Eduardo Gómez Cubillos, quien me había enviado información para el libro "Nos matan y no es noticia" fue asesinado por paramilitares el 30 de junio de 2.011 en Arboletes, Antioquia 

Estas y otras muertes confirman plenamente que fue válido dejar el país a fin de proteger mi vida. Se ha confirmado sin lugar a dudas que los periodistas o investigadores judiciales que documentamos las actividades de las AUC y la familia Castaño, siempre fuimos considerados objetivos militares. 

SOLICITO: 

Ser admitido como testigo en los procesos sobre PARAPOLÍTICA Y PARAMILITARISMO, que se adelantan en el Congreso de la República 2014 -2018. 


ANEXOS:


1-  Certificado de investigación. / Copia de partes del expediente con sus radicados. 
     
2 - Información de prensa. Selección de noticias del diario El colombiano y el Espectador. Prensa española: Enlazando alternativas, Prensa Rural, 
3 - Resumen al parlamento Europeo hecho por la Taula Catalana. 

4 - Fotocopia de la Cédula de Ricardo Ferrer Espinosa. 
DOCUMENTOS ADICIONALES SOBRE DESPLAZAMIENTO / EXILIO:

- Pasabordo Avianca, 15 de febrero de 1998. Pasaporte con la fecha de retorno.
- Status de Refugiados, concedido por la ACNUR, mediante su delegación en Jerusalén. 
- Resolución del 5 de julio de 2000. El Ministerio del Interior de  España concede el asilo para mi y para mi esposa.
-  Documentos de identidad bajo status de refugiado en España. 


  
Atentamente,

Ricardo Ferrer Espinosa



Citas:
[*1] (Brigada 17 del Ejército, comandada entonces por el general Rito Alejo del Río Rojas. 
      Del Río está condenado a 26 años de cárcel por la decapitación de un líder comunitario. )

[*2] Autodefensas Unidas de Colombia.

[*3] Arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja y actual presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

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[RECUADRO]

Antecedentes: Agosto de 2014.


1) "Los congresistas que integran la Comisión Segunda del Senado aprobaron mayoritariamente su proposición para adelantar un debate contra el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. El objetivo de Cepeda es desvelar en el parlamento los "eventuales vínculos" de Uribe con el paramilitarismo en sus épocas de gobernador de Antioquia (1995-1997) y presidente de la República (2002-2010)".

2) 10 de septiembre 2014: Comisión Segunda del Senado abordará el próximo 18 de septiembre los supuestos nexos del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe durante su etapa como mandatario, entre 2002-2010, con estos grupos armados, responsables de algunas de las peores masacres de la historia del conflicto armado en Colombia.

3) Se disparan las amenazas a los defensores de los Derechos Humanos. 


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viernes, 3 de diciembre de 2010

2010 Dic 02/ 8 años de cárcel a paramilitar colombiano que reconoció 4.000 asesinatos


Autor                           : Tribunal Superior de Bogotá [Sentencia].
Medio                           :  Yahoo http://es.noticias.yahoo.com
Fuente                          : 
Enlace                          :
Título                            : 
Condenan a 8 años de cárcel a paramilitar colombiano que reconoció 4.000 asesinatos
   
Fecha de publicación      :  2 de diciembre de 2010
Materia                         : Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie           :
Zona geográfica            : Colombia. Bogotá,  Norte de Colombia, Catatumbo...   
Fecha de los hechos       : 1996 - 2006. 

http://es.noticias.yahoo.com/9/20101203/twl-condenan-a-8-anos-de-carcel-a-parami-6aad12c_1.html



Condenan a 8 años de cárcel a paramilitar colombiano que reconoció 4.000 asesinatos


Bogotá, 2 dic (EFE).- Un ex jefe paramilitar colombiano que admitió haber ordenado unos 4.000 asesinatos y quien utilizó un horno para hacer desaparecer a sus víctimas, fue condenado hoy a ocho años de cárcel, informaron fuentes judiciales.Seguir leyendo el arículo
Se trata de Jorge Iván Laverde, alias "El Iguano", quien fue jefe del frente Fronteras del bloque Catatumbo de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de ocho años de cárcel es la máxima pena que se puede imponer, según el marco legal de los acuerdos con la organización paramilitar durante el proceso de desmovilización.
El Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe pactó con las AUC su desmovilización y creó un marco legal conocido como Justicia y Paz en el que se incluyeron las penas máximas.
El propio ex jefe paramilitar condenado confesó a la autoridades haber asesinado a más de 100 personas él mismo.
"El Iguano" es el tercer ex comandante paramilitar condenado. En junio pasado los jefes paramilitares desmovilizados Uber Enrique Bánquez Martínez, alias "Juancho Dique", y Edwar Cobos Téllez, alias "Diego Vecino", fueron condenados también a ocho años de prisión tras aceptar su responsabilidad en varias matanzas en el norte colombiano.
Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron mas de 31.000 paramilitares colombianos, cuyos jefes, de ellos 15 extraditados a Estados Unidos, han admitido haber cometido u ordenado las peores matanzas perpetradas en el país en las últimas décadas.

martes, 23 de noviembre de 2010

2010 Nov 18 / Proceso de Justicia y Paz agoniza en silencio

Autor                         : Juan Diego Restrepo E. Periodista y docente universitario
Medio                         : Revista Semana / http://www.semana.com
Fuente / Enlace: 
Título: Proceso de Justicia y Paz agoniza en silencio
Fecha de publicación: Jueves 18 Noviembre 2010
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie: Noticias.
Zona geográfica: Colombia
Fecha de los hechos: 2006 - 2010.

Proceso de Justicia y Paz agoniza en silencio

Por Juan Diego Restrepo E.*

Los ex jefes paramilitares también llaman la atención sobre la falta de garantías para reconstruir la verdad porque les han venido limitando el acceso a sus propias fuentes de información.
En estado agónico está el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares que hoy se encuentran recluidos en las cárceles colombianas. Es una agonía silenciosa que sacrifica la verdad de lo sucedido durante décadas de barbarie y a la que nadie quiere hacer alusión: ni el Gobierno nacional, ni la Fiscalía General de la Nación, ni las víctimas, ni los medios de comunicación.

El pasado 14 de octubre, los jefes paramilitares que aún no han sido extraditados a Estados Unidos suscribieron un documento a través del cual justifican su decisión de no regresar a las audiencias de versión libre ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. El texto lo firman Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’; Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; y Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’.

En el escrito, los paramilitares hacen una descripción de los que llaman “los siete pecados capitales del proceso de Justicia y Paz”, en el que evidencian las dificultades que han afrontado durante los últimos años en ese incipiente escenario de justicia transicional y ponen en el centro del debate lo que califican como “flagrantes violaciones de los derechos y garantías del debido proceso por parte del sistema judicial”.

Entre las violaciones referenciadas destacan la de la doble jurisdicción, es decir, la de Justicia y Paz y la ordinaria, circunstancia que implica doble incriminación, investigación y juzgamiento, lo que a juicio de los paramilitares viola el principio de economía procesal en beneficio de las víctimas. Según ellos, “a costa de los derechos de los procesados”.

Advierten también sobre la lentitud del proceso de Justicia y Paz. Según los ex jefes paramilitares después de casi cuatro años de aplicada la Ley 975 la mayoría de postulados aún se encuentran en etapa de versión libre; además, han sido mínimas las imputaciones, las audiencias de formulación y legalización de cargos, los incidentes de reparación y las condenas. Al hacer cuentas, los ex comandantes indican que los hechos confesados no llegan ni al 15 por ciento, “lo cual indica que a este ritmo, sólo después de transcurridos 20 ó 25 años, las victimas podrán conocer la verdad de lo ocurrido”.

Los ex jefes paramilitares también llaman la atención sobre la falta de garantías para reconstruir la verdad porque les han venido limitando el acceso a sus propias fuentes de información, aspecto que consideran esencial. Según ellos, “el 95 por ciento de la información que reposa en las fiscalías de Justicia y Paz, proviene del trabajo de investigación, recaudo, procesamiento y selección de dato, llevado a cabo desde las cárceles por los comandantes desmovilizados”. Asimismo, cuestionan a la administración de Álvaro Uribe Vélez de evitar la postulación de decenas de ex paramilitares, lo que también repercute en el derecho a la verdad de las víctimas.

Por último, alegan que el Gobierno nacional no les cumplió la promesa de recluir a los ex paramilitares en penitenciarías agrícolas. Según la denuncia, “son degradantes las condiciones sanitarias, de salud, de hacinamiento y de resocialización, en que se encuentra una inmensa mayoría de desmovilizados en los centros carcelarios del país”. Finalmente, cuestionan las medidas de seguridad relacionadas con el transporte de internos para diligencias judiciales y la impunidad en la que se encuentran los procesos por la muerte y desaparición de más de dos mil desmovilizados acaecidas desde el año 2006.

Si bien ninguna instancia del Gobierno nacional ni de la Fiscalía han hecho pronunciamientos públicos al respecto, lo que me han dicho varios funcionarios de la Unidad Nacional de Justicia y Paz es que se tomará la decisión de excluir de los beneficios de la Ley 975 a todos aquellos postulados que no regresen a las audiencias de versión libre.

No obstante, más que un castigo, y tal como lo evidencia el documento, los estarían favoreciendo, pues en la justicia ordinaria la verdad no es necesaria y la autoincriminación tampoco. En ese escenario jurisdiccional basta con acogerse a sentencia anticipada para finalizar el proceso de juzgamiento. Lo que haya pasado, quedará en el olvido. Eso lo tienen claro los ex comandantes: “en materia de garantías, derechos y términos procesales, la justicia ordinaria se nos presenta mucho más expedita y garantista que la denominada Justicia transicional”.

De acuerdo con algunos abogados que he consultado, la decisión de los ex comandantes paramilitares no puede mirarse como una “pataleta más”. En diversos escenarios, sus abogados han expuesto los beneficios de la justicia ordinaria, entre ellos el corto tiempo que pasarían en la cárcel sus defendidos, que no sería mayor a doce años.

El cálculo es simple: para la época en que se cometieron los hechos, la pena no puede superar los 40 años. Si ante un proceso, se acogen a sentencia anticipada, al tiempo total de la condena se le resta el 50%, es decir, purgarían 20 años; adicionalmente, se les rebaja aún más la sanción por trabajo y estudio. Asimismo, la ley permite solicitar la libertad condicional cuando se hayan cumplido las 3/5 partes de la condena. Y no sobra recordar que algunos de los paramilitares firmantes del documento se entregaron voluntariamente el 16 agosto del 2006, lo que suma tiempo a su favor.

El proceso de Justicia y Paz atraviesa una agonía silenciosa y nadie quiere hablar de ella. A lo mejor con tanto mutismo lo que se pretende es darle un entierro de cuarta para proteger a todos aquellos que se beneficiaron económica, social y militarmente con el proyecto contrainsurgente adelantado por las AUC. Como dicen popularmente, el que calla otorga.


* Periodista y docente universitario