Fuera mercenarios de Colombia.

sábado, 23 de octubre de 2010

2010 Sep 03 / La confesión de la 'Mata Hari'

Autor: Redacción Judicial | elespectador.com
Título:    
Fecha de publicación:  3 Septiembre 2010
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie: Judicial. 
Zona geográfica: Bogotá
Fecha de los hechos: Mayo y junio de 2010. 
Personas, organizaciones mencionadas: DAS, Mossad, Presidencia, Corte Suprema de Justicia, 

La confesión de la 'Mata Hari'

Por: Redacción Judicial | Elespectador.com

En la explosiva declaración, que está colgada integralmente en la página web de este diario, la ex detective Alba Luz Flórez Gélvez detalla cómo infiltró a la Corte Suprema de Justicia.

Nacida en Cúcuta hace 32 años, soltera, estudiante de psicología, Alba Luz Flórez Gélvez, la avezada detective del DAS que infiltró a la Corte Suprema de Justicia, ingresó al organismo en mayo de 1997. Durante años fue escolta de diferentes personalidades, entre ellas las ex ministras Marta Lucía Ramírez y Cecilia María Vélez, y las esposas de los ex ministros Diego Palacio, Fernando Londoño y Horacio Serpa. Desde 2007 le dieron la orden de recolectar información privilegiada de la Corte. Lo hizo y ahora, en calidad de testigo, confesó sus pasos de ‘Mata Hari’.

En una extensa declaración de 32 páginas (ver facsímil [1]), conocida integralmente por El Espectador (que puede ser consultada en la página web www.elespectador.com [2]), entre el 24 de mayo y 8 de junio pasados la ex detective le relató a la Fiscalía con lujo de detalles sus andanzas para infiltrar al alto tribunal. En marzo de 2007, el jefe de la subdirección de fuentes humanas del DAS, William Romero, le pidió penetrar la Corte. Con su oficial del caso, Hamilton Nonato, se dispuso a elaborar una misión de trabajo denominada “Escalera”. Pronto, la ‘Mata Hari’ ya tenía una radiografía de su blanco, las afinidades políticas de los magistrados y sus vicios, debilidades y jerarquías.

La ex detective contó que durante 15 días, en cafeterías aledañas al Palacio de Justicia, observó a quiénes podía abordar bajo la fachada de ser distribuidora de productos Omnilife, pero sólo le pudo llegar a conductores de la Corte Constitucional. Entonces recurrió al capitán de la Policía Julián Leonardo Laverde, que se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso y con quien había mantenido una relación sentimental en 2005. Lo primero que hizo fue reconquistarlo, prometerle que se casarían y pedirle que le colaborara con sus contactos para llegar a la Corte Suprema. Le dijo que, de no lograrlo, sería trasladada a Arauca o a Amazonas.

Fue Laverde quien la relacionó con David García, escolta, en principio, del magistrado de la Sala Penal Javier Zapata, y después del magistrado auxiliar Iván Velásquez. Al experimentado subintendente de la Policía se le presentó y durante un mes le colaboró con información sobre comentarios que escuchaba en la Corte. Tiempo después la contactó con otro integrante de la Policía, Manuel Estreinger Pinzón Casallas, quien le entregó todo. Inicialmente, le dijo a Pinzón que era funcionaria de la Presidencia y a éste, casado y con siete hijos en dos hogares, le contó que dependiendo de la información que le suministrara “no tendría que pasar más penurias económicas”.

Rápidamente comenzó a reportar sus infidencias, pero su jefe, William Romero, le indicó que ahora necesitaban los archivos de la parapolítica. Fue así como Pinzón fotocopió los expedientes que se seguían contra los ex congresistas Óscar Wilches, Erick Morris, Álvaro García Romero, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Guillermo Gaviria, Habib Merheg, Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria I. Ramírez. Todo cuanto ocurría en las pesquisas de la Corte, lo supo el DAS. En junio de 2008 le pidieron obtener, como fuera, el expediente en contra de Mario Uribe.

Ella le pidió a su mejor fuente, Manuel Pinzón Casallas, que se lo ayudara a conseguir, que había hasta $40 millones como gratificación, pero no se pudo acceder al proceso porque ya estaba en poder de la Fiscalía. No obstante, le facilitaron todos los teléfonos de Iván Velásquez y el resto de magistrados auxiliares que conforman el grupo de investigación de la parapolítica: “Álvaro Pastas, Ángel Ovidio Vargas, Gilberto Guerrero, Luis Fernando Murillo, Luis Antonio Hernández, Héctor Alarcón, Fabio Ortega y Luis Carlos Bonilla”. Según la ‘Mata Hari’, manipuló la parte psicológica del policía Manuel Pinzón para ganarse su confianza.

Estrechó lazos afectivos con él, invitó a su familia y a sus hijos a almorzar. “Se sentían felices porque nunca habían tenido oportunidad de cenar en sitios elegantes y comida rica”. También le dijo a la esposa de Pinzón que debían organizarse y montar un negocio, “y lo felicitaba porque a nivel espiritual había tenido un encuentro con Dios muy cercano, ya que me manifestó que era cristiano”. Así le dijo que para poder sacar adelante a sus hijos debían trabajar muy duro en este proyecto. No le bastó al DAS obtener los expedientes de los parlamentarios. En marzo de 2008, le pidieron información sobre los temas que se debatían en la Sala Plena de la Corte. Entonces, las relaciones entre el Ejecutivo y el alto tribunal estaban muy avinagradas.

La ex detective Alba Luz Flórez le pidió al escolta de la Policía David García que le ayudara a reclutar una persona de bajo perfil, muy discreta. En dos semanas le presentaron a Blanca Yaneth Maldonado, quien prestaba servicios de aseo en la Corte Suprema. En la pescadería Centro Mar, diagonal a la Corte, se reunieron. La ‘Mata Hari’ le pidió colaborar con informaciones de reuniones privadas en la Corte. Pronto le asignó un seudónimo, Betty, le dijo que era una mujer de admirar por el esposo y los dos hijos que tenía y de esa manera, casi simulando ser su amiga, la convenció de meter una grabadora de larga duración en la Sala Plena de la Corte.

En un principio, Blanca Yaneth cargó la grabadora en su bolsillo, pero el audio era muy malo. Entonces Flórez le entregó una grabadora de cuatro centímetros de largo, tres de ancho y medio centímetro de grosor, de color negro, para que la camuflara en un sitio seguro, para que los magistrados, aunque “pusieran las manos debajo de la mesa, no la encontraran”. Además la previno de que a esa sala entraban personas distintas a los magistrados y que debía meter la grabadora dos o tres horas antes de cualquier reunión. Con ella se hizo un trabajo psicológico también, “se potencializaba su buena actitud y se minimizaban sus temores”. La ‘Mata Hari’ le decía que era una mujer muy valiente y que estaba orgullosa de su cooperación.

El contenido de las grabaciones fue tan bueno que, según le contó a la Fiscalía, recibió felicitaciones de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien dijo “sentirse muy feliz por nuestra labor”. Con su red de informantes, básicamente escoltas de la Policía, elaboraba informes de inteligencia y les puso alias y claves a sus colaboradores. El seudónimo de David García era Diego y se registró en el DAS con la clave Y66-1. El alias de Pinzón fue Mario. La ex detective dijo que un conductor del magistrado Sigifredo Espinosa, de apellido Rocha, también le ayudó y que su seudónimo era Camilo.

En esas ‘vueltas’ su ex novio, Julián Laverde, le presentó al oficial de la Policía Franklin Grijalba, ni más ni menos que el jefe de seguridad de la Corte Suprema. Grijalba le contaba que el ambiente en el interior de la Corte era muy tenso porque los magistrados sentían que los espiaban. Aunque Grijalba se mostró reacio a ayudarla en principio, ella le dijo que le colaborara por Julián, a quien conocía y apreciaba, que ella lo iba a proteger, que la Policía tenía “que acatar las órdenes de la Presidencia y de sus jefes”, y que la lealtad debía estar primero con la Casa de Nariño que con la Corte. A los pocos días Grijalba le dio el número celular del magistrado Yesid Ramírez, con quien el ex presidente Uribe mantiene una disputa de vieja data. Por la información le pagó $600 mil. Luego Grijalba se desconectó.

En una ocasión, sin embargo, ella se enteró de que sus mañas con Grijalba habían resultado, y de qué manera. El escolta David García le contó que Grijalba había reunido a todos los policías que trabajaban en la Corte para solicitarles información de los magistrados, “que era para Presidencia”. Grijalba también tuvo seudónimo en el DAS: Fernando. A Blanca Maldonado le entregó una grabadora espía del tamaño de un esfero, con la cual recaudó gran cantidad de información. En octubre de 2008, la empleada de aseo le dijo a la ‘Mata Hari’ que tenía una amiga en la Corte, de nombre María, que también le podía ayudar, pero que era muy nerviosa y “había que disminuir los niveles de estrés y ansiedad”.

María le contó que en enero de 2009, magistrados de la Corte se reunieron con la fiscal Ángela Buitrago para hablar sobre el caso de Guillermo Valencia Cossio, hermano del ex ministro del Interior Fabio Valencia Cossio. Los informes de inteligencia iban y venían, pero en octubre de 2008 la tensión era tan grande que las grabadoras instaladas fueron removidas por órdenes del DAS. A la ‘Mata Hari’ le proporcionaron los datos de otros escoltas que podían ser reclutados, pero no pudo hacerlo porque ya no había plata. Según ella, a los uniformados David García, Manuel Pinzón y la aseadora Blanca Maldonado se les pagó con gastos reservados, a través de un formato donde aparecía su clave, su seudónimo, la huella y el precio pactado.

La detective recordó que mucho del dinero que tenía se lo gastaba en obsequios a sus fuentes, como electrodomésticos y anchetas en diciembre. Así obtuvo declaraciones de paramilitares que reposaban en la Corte, como las de Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, o de políticos como Eleonora Pineda y Luis Carlos Restrepo. Sus fuentes veían en ella “no solamente a alguien que estaba buscando información, sino una persona que se preocupaba por ellos”, señaló. Y agregó que su asesor, Hamilton Nonato, fue quien la adiestró en tácticas de espionaje e incorporación de fuentes humanas, escenario que tenía tres pasos: reclutamiento, orientación de la fuente y, por último, etapa de manipulación.

La ex detective reconoció haber asistido a conferencias dictadas por el Mossad (cuerpo de inteligencia de Israel), y entregó copias de grabaciones en CD y documentos. Según ella, abrió un correo electrónico para que Pinzón le entregara sus reportes, en caso de que no pudieran verse personalmente. “El señor Manuel fue quien me dio el 80% de la información, el otro 20%, Betty con las grabaciones”. Y anadió: “Él me manifestaba que tenía acceso a los expedientes porque era de entera confianza del doctor Iván Velásquez, que por ese motivo podía estar en sitios estratégicos, tenía acceso a los procesos y aprovechaba cuando las personas se distraían, y las cámaras no lo filmaban, para sacar los procesos”.

En el explosivo relato de la ‘Mata Hari’, ella cuenta que como de Pinzón nadie sospechaba, muchos expedientes que recibió de él “los sacaba de la camioneta asignada al doctor Iván Velásquez”, magistrado que le tenía tanta estima que incluso le pidió que velara por la seguridad de su esposa. Una vez ella le preguntó cómo hacía para fotocopiar los archivos y Pinzón le contó que lo hacía en las fotocopiadoras de la Corte. Toda esta información, aseguró la ex detective, “era muy valiosa y servía para la toma de decisiones del Ejecutivo”. En una ocasión, Pinzón le entregó toda la declaración que rindió en el alto tribunal Rafael García, el ventilador de la parapolítica.

Y confesó apenada que sólo por curiosidad trató de ingresar a la Corte, pero que vio tanta seguridad que nunca más volvió. Para ello contaba con los policías en la nómina del DAS. Así se enteró, por ejemplo, de que Iván Velásquez le reportó a la Comisión Interamericana de DD.HH. que estaba muy amenazado, que tenía certeza de que el DAS lo perseguía a él y a sus colegas, y que un magistrado de la corporación comentó en un aeropuerto que, así se le fuera el resto de su periodo, no iba a descansar hasta comprobar que el DAS los perseguía. También reportó la ‘Mata Hari’ que el magistrado Yesid Ramírez había afirmado tener la certeza de ser espiado.

Precisamente, en abril de 2008, le pidieron averiguar sobre nexos de magistrados de la Corte Suprema con Ascencio Reyes y Giorgio Sale. “Pinzón me comentó que se enteró, a través de un conductor de uno de los magistrados, que Giorgio Sale no sólo le había regalado un reloj Rolex al magistrado Yesid Ramírez, sino (también) unos caballos, y eso fue lo que pude obtener, no más”. Cuando estalló el escándalo se sintió descubierta y su jefe, William Romero, alias Lucas, empezó a temer por su suerte. Otro de sus oficiales, Hans, le dijo que contrainteligencia del DAS lo había llamado para que le entregara toda la información de la Corte, “supuestamente para que el director Felipe Muñoz se pudiera defender”.

Como si fuera poco, indicó que en algunos casos le exigieron elaborar informes de inteligencia ficticios sobre el alto tribunal, con el fin de proteger la información que suministraban sus fuentes. Dichos documentos fueron alimentados a través de internet. En últimas, ella hizo copias de todas las grabaciones y documentos de su computador del DAS, se los envió a su mamá en Cúcuta para que los protegiera, volvió a recuperarlos en abril de 2010 y esa es la información que hoy examina la Fiscalía. Su testimonio le valió ser recompensada con el principio de oportunidad (ver facsímil) y en adelante, ya en calidad de testigo y no de procesada, seguirá prendiendo su ventilador. Sus fuentes quedaron expuestas y ahora todos tienen que dar explicaciones.

Enlaces de esta nota :

viernes, 22 de octubre de 2010

2009 Ago 20 / Un legado de sangre: La guerra secreta de los británicos en Colombia.

Autor: Dan Read
Medio: PRIMERA LÍNEA 
http://primeralineamadrid.blogspot.com
Fuente: 
Enlace:
http://primeralineamadrid.blogspot.com/2009/08/un-legado-de-sangre-la-guerra-secreta.html
Título: Un legado de sangre: La guerra secreta de los británicos en Colombia
Fecha de publicación: Jueves 20 de agosto de 2009.
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica: Colombia, Reino Unido, Irlanda, 
 Fecha de los hechos: Desde 1996, incremento de la actual fase de guerra sucia.
Personas, organizaciones mencionadas:  British Petroleum, SAB Miller, ministro Kim Howells, Juan Carlos Pinzón, el Vice Ministro de Defensa Estrategia y Planeamiento, Bogotá 

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Un legado de sangre: La guerra secreta de los británicos en Colombia
Mientras que en Colombia los trabajadores y sindicalistas siguen siendo atacados por el estado –colombiano- podemos descubrir la complicidad en estas masacres de… Gran Bretaña.

En marzo del 2005 tres sindicalistas fueron secuestrados en Bogotá, Colombia, por soldados de batallones de alta montaña. Estos luchadores sociales luego fueron llevados fuera de la ciudad, donde el ejército de ese país los ejecutó. Sus cuerpos, posteriormente, se vistieron con ropas militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC), pretendiendo con esto disfrazar esta masacre como parte de la lucha contra las FARC.

Muchas de estas atrocidades cometidas contra sindicalistas y trabajadores en Colombia han sido perpetradas con colaboración de las fuerzas paramilitares -Neofascistas-. Estos supuestos incidentes –que en realidad son una política de estado- han sido repetidos una y otra vez en esta nación. Colombia tiene el más alta cifra de asesinatos en el mundo, aproximadamente 2500 sindicalistas han sido asesinados durante los últimos 15 años. Sólo en el 2008 fueron asesinados 41 sindicalistas.

Hasta ahora todo el mundo ha sabido –aunque muchos no lo quieran aceptar- que los paramilitares y asesinos a sueldo, como el mismo ejército, han contado con el apoyo del gobierno en estas prácticas, sin embargo, algo parece ser sorprendente es que estas fuerzas paraestatales han recibido el apoyo militar del gobierno británico desde 1980.

En el 2008 la compaña Justicia por Colombia (the Justice for Colombia) publicó un reporte donde Inglaterra aparece cómplice de estos hechos. El documento explica que el Reino Unido es el segundo “donante” de presupuesto técnico y estratégico militar en Colombia y describe la relación entre el Ejército Colombiano y su participación –por no decir su responsabilidad directa- en la tortura y asesinato de sindicalistas.

Liam Craig-Best, un miembro de la campaña por la Justica en Colombia nos explica que:

“No hay una sola razón para que el Reino Unido este involucrado en estos crímenes, pero si hay un “set” de razones, una de estas es económica… Las dos compañías extranjeras mas grandes que operan en Colombia son británicas, British Petroleum y SAB Miller. Y su presencia allí es más importante en comparación a las multinacionales norteamericanas y españolas”.

El gobierno británico ha estado bajo presión por varios años, por miedo a que se vea afectado por la relación con su ayuda militar y los crímenes de estado en Colombia, pues esta a futuro patrocina el abuso de los derechos de los trabajadores sindicalizados, como también, favorece la violación de derechos humanos en Colombia.

Y no hay poco para hablar de abusos. Como muchos países de Latinoamérica, el 65% de la población de Colombia vive bajo la línea de pobreza, con muchas compañías que ansiosamente toman ventaja de la mano de obra barata y de la sistemática represión del sindicalismo.

Los burgueses imperialistas del mercado mundial se han asegurado a Colombia como una neo colonia. En estos momentos esta nación importa sobre el 70% de sus alimentos, algo que ha tenido como resultado la masiva proletarización del campesinado. La desesperación y la indigencia a que han sido sometidos los campesinos ha obligado a muchos de estos a relacionarse con el narcotráfico, lo que ha permitido que esa nación se vea afectada por elementos criminales “por todos lados”.

La lucha de nuestros compañeros trabajadores colombianos, en todo caso, no ha sido en vano, no ha pasado desapercibida. Por un tiempo los sindicatos y los trabajadores en Inglaterra, y en particular en Irlanda, han estado atendiendo a los reclamos de los trabajadores y campesinos de ese país y nos hemos esforzado por presionar al gobierno del Reino Unido para que corte sus programas de ayuda militar a la oligarquía colombiana.

Los esfuerzos de los trabajadores británicos parecen haber dado frutos en marzo de este año, cuando el gobierno ha declarado que ha desistido de su “ayuda” militar. Luego de un optimismo inicial, the Justice for Colombia ( La Justicia por Colombia) cree que los entrenamientos militares que impulsa Inglaterra en Colombia continúan, y además involucran a la policía secreta de el Reino Unido.

Liam dijo al respecto:

“Lo que vimos recientemente fue la reducción de una parte de la ayuda militar a la oligarquía colombiana, los entrenamientos para la protección de Derechos Humanos y los adiestramientos para la limpieza y desactivación de minas. La Oficina para Asuntos Exteriores ha dicho que han acabado una gran parte de sus soportes militares para Colombia. Pero realmente esto es sólo una diminuta minoría de lo que significa la ayuda militar-que la oligarquía de- Colombia recibe y recibirá. Los ejercicios contra insurgentes y la ayuda contra el narcotráfico aún continúa”

Según Bob Ainsworth, encargado del Ministerio del Estado para las Fuerzas Armadas, el gobierno mantiene “una documentación sobre el personal de seguridad en Colombia que ha recibido entrenamiento de el Reino Unido en Colombia por diferentes motivos, sin incluir ningún tipo de acusación por la violación de derechos humanos en Colombia”

Desgraciadamente, no hay una forma de saber si ese es el caso real, como el mismo Ainsworth admite, “los nombres del personal militar (colombiano) entrenado no pueden ser conocidos, porque podría perjudicar las relaciones internacionales de nuestro país”.

En el 2005, soldados de las 17 Brigada de Colombia atacaron a la comunidad de San José de Apartadó, matando a ocho personas – muchos de ellos niños-. En este caso, Justicia Por Colombia contactó al gobierno británico que se negó o no quiso simplemente hablar con los delegados de Justicia por Colombia, por las masacres que se relacionaban con las ayudas militares instruidas y patrocinadas por las fuerzas armadas Británicas.

Podemos entender en realidad la relación entre el estas masacres y las ayudas del gobierno británico por las torpes declaraciones de los oficiales colombianos. El personal de alto rango ha hecho muchas declaraciones sobre la efectiva asistencia británica, con un oficial, que ha recibido entrenamiento en operaciones de guerra en la jungla, y que ha sido citado ampliamente por el periódico El Tiempo.

Además, la evidencia sugiere que el gobierno inglés es indiferente al personal militar que entrena, esto se sabe desde diciembre del 2007 y desde la Oficina “Commonwealth” y su ministro Kim Howells fue fotografiado con tropas de alta montaña de Colombia, que estaban implicadas en varios abusos a los derechos humanos.

Howells también posó para las cámaras con el General Mario Montoya; un hombre implicado en múltiples muertes de sindicalista y políticos de izquierda. Montoya lleva 30 años envuelto en la estructura del paramilitarismo y el narcotráfico.

El General también se ha dado el lujo de viajar por Irlanda para participar en seminarios de contra insurgencia. Un gran trato disfrutan los militares colombianos pero también así los disfrutan sus homólogos extranjeros, en un evento realizado en marzo del 2008, siendo atendidos por Juan Carlos Pinzón, el Vice Ministro de Defensa Estrategia y Planeamiento en Bogotá, donde recibió a diferentes hombres de altos rangos militares de Gran Bretaña y EE.UU.

La suerte del General Montoya ha ido cambiado desde noviembre, cuando una investigación de la ONU “descubrió” –aunque ya todos lo sabían- sus más desagradables actividades. Después de resignar de su posición como militar por esta causa, escapó de su juicio y recibió una recompensa del gobierno, quedando como embajador de [Colombia en] República Dominicana.

Hay más que relaciones políticas que inmediatos intereses comerciales en todo esto. Sin embargo, Jeremy, encargado de asuntos para Latinoamérica, cree que “hay una especial relación” dentro de “Downing Street” y la “White House” que exigen un alto nivel de comparación militar con las oligarquías Latinoamericanas, especialmente con la colombiana.

Hablando durante su entrevista fuera del parlamento, Jeremy, dijo: “Colombia es importante pues tiene las administración mas cercana a EE.UUU en Latinoamérica. La razón es que muchas cosas donde occidente está envuelto los abusos a derechos humanos son ignorados”.

“Muchas inversiones y fabricas de multinacionales y corporaciones pueden ser encontradas en Colombia. Al lado de ellas, la presencia de EE.UU sobre el continente, viene acompañada por la asistencia Inglesa, que puede convertirse en un caballo de Troya con muchas relaciones…”

En todo caso, el gobierno británico seguirá apoyando a la oligarquía Colombiana militarmente. El caballo de Troya para más intervenciones a futuro seguirá funcionando. La necesidad de que la clase trabajadora se organice nunca había sido tan relevante. Las relaciones entre las podridas oligarquías (colombiana y británica) como entre toda la demás, señala otra vez la necesidad de un consecuente internacionalismo, y de una real organización internacional, dando como resultado la consecuente lucha por una federación socialista en América Latina y el mundo.

Dan Read

PUBLICADO POR PRIMERA LÍNEA EN 09:16

martes, 19 de octubre de 2010

2008 Mar 09 / Atrocidades de los paramilitares en Colombia



Autor: Semana.com
Medio: revista Semana, Colombia.  / Solidaridad.
Fecha de publicación: domingo 9 de marzo de 2008
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica: Colombia, Sura de Antioquia
Fecha de los hechos: Desde 1996, incremento de los escuadrones de la muerte en Colombia.
Personas, organizaciones mencionadas



CONFESIÓN / ATROCIDADES DE UN PARAMILITAR. PARTE 1



2009 Sept / 1- Estados Unidos y la masacre de El Salado.



Autor /  Michael Evans, investigador del National Security Archives
Medio: Revista Semana, Colombia.
Fuente: National Security Archive.
Enlace:

Hay enlaces adicionales a cada uno de los documentos citados.

Título: Estados Unidos y la masacre de El Salado.
Fecha de publicación: Septiembre de 2009.
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica:
Fecha de los hechos: 
Personas, organizaciones mencionadas:   La Comisión de Memoria Histórica

Estados Unidos y la masacre de El Salado.


Semana. Por Michael Evans, investigador del National Security Archives*


¿Conspiración de silencio? 


Estados Unidos y la masacre de El Salado La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, la de El Salado. La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, la de El Salado.



Documentos estadounidenses desclasificados revelan que la Embajada en Bogotá no hizo mucho cuando supo que la Fuerza Pública colombiana no evitó la masacre y sólo capturó a 11 de los 450 paramilitares responsables. El Plan Colombia estaba en juego


La cuestión del papel exacto que desempeñaron miembros de la Fuerza Pública en la masacre de El Salado de febrero de 2000 ocupa una parte pequeña, pero crucial, de la investigación presentada este martes en Bogotá y que fue realizada por la Comisión de Memoria Histórica.


Este grupo independiente encargado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana. Su trabajo es también una urticante acusación a la cultura de impunidad que ha evitado que sean investigados y debidamente juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana apostados entonces en esa región y que pudieron estar involucrados.


Las muertes se desarrollaron en cinco días fatales, durante los cuales cientos de paramilitares, principalmente del Bloque Norte de las Auc, descendieron sobre El Salado y otros pueblos de la región, dejando tras de sí una estela de tortura, destrucción y asesinatos.


Pero mientras los paramilitares que cometieron la masacre fueron identificados hace tiempo, el papel preciso que desempeñaron en esta los militares nunca ha sido determinado de manera definitiva. Sin embargo, y a pesar de que tuvieron un acceso muy limitado a los archivos militares, el informe de la Comisión establece enérgicamente la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre:


“La masacre de El Salado cuestiona no sólo la omisión sino la acción del Estado. Omisión con el desarrollo de los hechos porque no se puede entender cómo la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar la acción paramilitar. Una masacre que duró cinco días y que contó con la presencia de 450 paramilitares, de los cuales solo fueron capturados 15 una semana después de que acabó la masacre”.


Para Estados Unidos, la posible participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en los crímenes de los paramilitares era el meollo de la cuestión. El Plan Colombia, que proponía un aumento masivo de la ayuda estadounidense a los militares colombianos, apenas arrancaba y éste venía condicionado a que el gobierno colombiano demostrara que la Fuerza Pública había roto los viejos lazos que pudiera tener con las fuerzas paramilitares.


Documentos estadounidenses desclasificados sobre la época revelan, sin embargo, que las exigencias a los militares colombianos eran mínimas. Así por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá vio como un factor positivo el hecho de que las fuerzas de seguridad hubiesen capturado apenas a 11 de los 450 hombres del paramilitarismo involucrados en lo que caracterizó como “una orgía indiscriminada de violencia ebria”. En su primer informe sobre El Salado, que envió a Washington unos días después de la matanza, la Embajada bajo Curtis Kamman, dijo que era “la primera vez que esa entidad recordaba que los militares, en este caso la Armada, persiguieran a los paramilitares con algún vigor después de las atrocidades”. Los capturados del caso de El Salado, al parecer, era una historia de éxito militar, y la Embajada tuvo muy poco más qué decir por los siguientes cinco meses. Lea el documento 1.


Estados Unidos no ha debido sorprenderse demasiado con las denuncias de que miembros de la Fuerza Pública estuvieran involucrados en El Salado. En el año anterior, funcionarios estadounidenses con frecuencia habían expresado dudas sobre la voluntad de los militares de combatir las fuerzas paramilitares.

• En una reunión de enero de 1999 organizada por las Fuerzas Armadas colombianas con representantes de ONG y a la que fue personal de la Embajada, el subcomandante del Ejército, general Néstor Ramírez, dijo que “no era asunto del Ejército perseguir paramilitares” pues eran “criminales comunes apolíticos” que “no amenazaban el orden constitucional mediante acciones subversivas”. Lea el documento 2. 



Otro reporte de 1999 de fuentes militares de Estados Unidos encontró que las Fuerzas Armadas colombianas “no perseguían activamente a los grupos paramilitares porque los veían como aliados de la lucha contra las guerrillas, su enemigo común”. Lea el documento 3.

Estados Unidos también estaba muy consciente del “síndrome del conteo de bajas” (body count) que incentivaba las violaciones a los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad colombianas. Informes de inteligencia de los noventa describían acciones de “escuadrones de la muerte” por parte de las Fuerzas Armadas. Un coronel del Ejército colombiano dijo a Estados Unidos que el énfasis en conseguir muertes del enemigo “tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos porque hace que soldados bien intencionados busquen cumplir con su cuota de muertos del enemigo para impresionar a sus superiores”. Y también dijo que este síndrome lleva a una aproximación “caballeresca, o por lo menos pasiva, cuando se trata de permitirle a los paramilitares servir de adláteres… (al Ejército colombiano) que contribuyen a causarle bajas a la guerrilla”. Lea artículo de Semana.com sobre la vieja práctica de presentar falsos positivos.


Evidencias de participación de militares en las masacres de La Gabarra dejó escaso margen de duda de que había oficiales militares que veían a las fuerzas paramilitares como aliadas de la lucha contra las guerrillas. El coronel del Ejército Víctor Hugo Matamoros, responsable de la región alrededor de La Gabarra dijo a personal de la Embajada que él no perseguía a paramilitares en su área de operaciones. En otra ocasión, la oficina de la Vicepresidencia colombiana dijo a la Embajada que tropas del Ejército colombiano “se habían puesto brazaletes de las AUC” y habían participado en una de las masacres. Lea el documento 4.


Patrones similares emergieron unas semanas después de la masacre de El Salado. En marzo de 2000, fuentes militares estadounidenses informaron sobre los movimientos de la Fuerza Pública colombiana en los días de las matanzas. Enterrado en los detalles, en un Reporte de Información de inteligencia, basado en una fuente no identificada, hay un párrafo corto que indica que “muchos de los paramilitares capturados vestían uniformes de los militares colombianos”. Esto, dijo la fuente, sugería que “muchos de los paramilitares son ex militares, o que obtenían sus uniformes de militares o ex militares”. Lea el documento 5.


Pero aparentemente no fue sino hasta julio, cuando el diario The New York Times publicó una detallada investigación de la presunta complicidad de militares en la masacre, que la Embajada empezó a tomarse en serio las denuncias. Entre otras cosas, el artículo del Times encontró que fuerzas de la Policía y la Armada colombianas había dejado el pueblo antes de las matanzas y empezaron a montar bloqueos de los caminos para evitar que la ayuda humanitaria llegara. Y de todas maneras no hicieron nada para detener la carnicería paramilitar. Aún así, un memorando del Departamento de Estado elaborado para responder preguntas de la prensa sobre el caso, de nuevo destacaba la captura de los 11 paramilitares como evidencia de que las fuerzas de seguridad habían perseguido a los perpetradores. Lea el documento 6. 


“(Una fuente) cree que es probable que el Ejército supo por informes de inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre. Entonces los paramilitares entraron en camiones desde Magdalena, fueron a Ovejas y después siguieron a El Salado…”

La fuente también consideró que los militares “capturaron a los 11 paramilitares por suerte”, y añadió que “los militares fueron atacados en la finca La Esmeralda y luego procedieron a detener a los once paramilitares, después de ganarles”. La nueva información, aparentemente, cambió la visión de las cosas. Ahora para la Embajada la cuestión no era de si los militares habían estado involucrados o no, sino hasta qué grado lo estuvieron.

Las sospechas de la Embajada de Estados Unidos sobre el papel de los militares en El Salado son también evidentes en un cable de agosto de 2000 sobre un informe que había dado a la Embajada el coronel Carlos Sánchez García de la Primera Brigada de Infantería de la Armada. Sánchez defendió las acciones de su unidad, diciendo, entre otras cosas, que los recursos militares eran escasos y que “no tuvieron conocimiento alguno sobre un ataque en El Salado o en sus alrededores”.

Una versión del cable desclasificada en 2001 presenta la explicación del coronel Sánchez por sí sola, sin más análisis. Sin embargo, una versión más completa de este mismo documento desclasificado en 2008, incluye porciones que no habían sido reveladas y que cuestionan la credibilidad del coronel Sánchez:

“Comentario: El coronel Sánchez dijo que su propósito era presentarle a la Embajada con la versión de la Brigada sobre los hechos alrededor de El Salado y disputar las acusaciones hechas en el artículo de julio 14 de The New York Times. Porque el coronel Sánchez fue enviado con este propósito, su informe debe ser tomado con distancia”.

La Embajada también dudó de la afirmación de Sánchez de que su unidad no tenía conocimiento de la incursión paramilitar:

“Es difícil de creer que el pueblo de El Salado no había sido sujeto de amenazas de un ataque antes de la masacre, considerando que el pueblo está situado en un área de gran conflicto”.

A la postre, la cuestión de la posible culpabilidad de los militares en El Salado vino a girar en torno al comandante de Sánchez, el general Rodrigo Quiñonez Cárdenas, un oficial perseguido a lo largo de su carrera por denuncias de presuntos nexos con abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas y complicidad con los paramilitares.

En 1994, Quiñones, fue investigado por los asesinatos de más de 50 sindicalistas, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y otras personas en Barrancabermeja, por entonces considerada un bastión de la guerrilla. Fue exonerado por un tribunal militar.

Quiñones no era precisamente un extraño para Estados Unidos. Como director de inteligencia de la Armada a comienzos de los noventa, Quiñones estuvo en frecuente contacto con oficiales estadounidenses, incluyendo una reunión con el Director de Inteligencia de la Armada de Estados Unidos en 1993. Lea el documento 7. 

Un esquema biográfico de Quiñones realizado por militares estadounidenses en 1992 describía numerosos detalles sobre sus hábitos personales: “Le gusta leer”, “Dientes-Sí/Naturales”, y anotaba que participaba en “entrenamiento desconocido” en la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Quantico, Virgina. Lea el documento 8.


Con relación a El Salado, Quiñones ha sostenido siempre que él estaba en Bogotá durante las matanzas y que por tanto no fue responsable de las acciones de la Brigada en ese momento. Por su firme coartada, Quiñones fue solo sancionado por El Salado, lo que lleva a los investigadores de la Comisión de Memoria Histórica a lamentar que no se hayan investigado otras pistas. Se preguntan: ¿Por qué no se miró la información que tuvo a disposición la Brigada en los momentos antes del ataque?

"Si bien es cierto que se encontraba en Bogotá cuando empezó la incursión paramilitar, hacia el día 15 de febrero, y en ese sentido la responsabilidad de las decisiones operacionales en terreno estaban en el Coronel Sánchez García, también es cierto que como Comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, el Contraalmirante Quiñones Cárdenas debía conocer de la información que, según la Procuraduría, arribó, en los meses anteriores, a la Primera Brigada sobre las Autodefensas y sobre el riesgo de la población establecida en los Montes de María. Información que, de acuerdo con la evaluación de la Procuraduría, debió haber servido para prevenir la incursión paramilitar, y no solo para contrarrestarla cuando ya se estaba produciendo".

¿Por qué tampoco la investigación judicial indagó sobre la actuación de Quiñones cuando regresó de Bogotá en febrero 18?

El entonces Coronel Quiñones Cárdenas regresó, de Bogotá a su base, el 18 de febrero y era razonable indagar, por tanto, no sólo por su actuación antes y durante la incursión paramilitar, sino también por su actuación después de la incursión.

En todo caso, Quiñones fue ascendido a almirante después de El Salado, y no fue sino hasta 2001, después de las acusaciones de que podía estar involucrado en otro ataque paramilitar, que la Embajada finalmente aumentó su presión sobre este oficial. Son pocos y muy censurados los documentos de la Embajada sobre la masacre de Chengue en agosto de 2001, pero los registros conocidos dejan escasas dudas de que para 2002, la Embajada solicitó que se le revocara la visa al almirante Quiñones y estaba lista para cortar lazos con él.

En abril de 2002 la Embajada pidió que se le quitara la visa pero no por su posible responsabilidad en asesinatos o masacres paramilitares. Más bien fue que el Departamento de Estado usó la única evidencia que estaba dispuesta a presentar: “información indicando que él había recibido pagos de narcotraficantes”, añadiendo así otra más a la larga lista de denuncias contra Quiñones. Lea el documento 9. 



La cancelación de su visa terminó la carrera del almirante, un hecho confirmado por la ministra de Defensa de entonces Marta Lucía Ramírez cuando éste anunció su renuncia “voluntaria”. Y aunque realmente nunca la justicia civil lo ha investigado exhaustivamente por las muertes de Barrancabermeja, o por su supuesto rol en las masacres de El Salado o de Chengue, parece claro que el solo número de denuncias en su contra a lo largo de su carrera finalmente forzaron su salida.

Cuando informó sobre su renuncia a Washington, la Embajada anotó que aunque “era problemático establecer la culpa de Quiñones en un caso particular, pero un patrón inequívoco de denuncias similares lo ha seguido casi a todos los lugares donde ha sido comandante de campo”. Lea el documento 10.

El debate real sobre El Salado no es sobre sus autores o su magnitud, sino sobre la cultura de la impunidad que ha evitado una investigación honesta sobre los miembros de la Fuerza Pública que tuvieron nexos con esta masacre. Y a pesar de la importancia de la nueva investigación de la Comisión para la preservación de la memoria histórica, la historia estará incompleta mientras que los militares le nieguen al grupo investigador acceso a sus registros sobre el caso. También Estado Unidos ha sido reacio a desclasificar muchos de sus registros clave sobre la masacre de El Salado. Reiteradas peticiones sobre reportes citados en los documentos presentados aquí han sido bloqueadas por el Pentágono y otras agencias.

Sin acceso a estos archivos, puede que nunca sepamos exactamente qué sabía Estados Unidos sobre la complicidad de militares en la masacre de El Salado o si la masacre tuvo algún impacto en el desarrollo del paquete de ayuda que entonces se estaba dando a las fuerzas de seguridad colombianas. Tampoco sabremos si la tibia respuesta del gobierno de Estados Unidos al caso fue debido a una simple negligencia, a análisis pobres o a un esfuerzo activo para ayudar a encubrir el papel que desempeñaron los militares en la masacres de El Salado.

*El National Security Archive es un instituto de investigaciones y biblioteca independiente y no gubernamental localizado en la Universidad George Washington en la capital de Estados Unidos. El Archivo collecciona and publica documentos desclasificados del gobierno y el Estado sobre la seguridad nacional de Estados Unidos y su papel en los conflictos del mundo, para que esta información sea conocida por el público. Para lograrlo, hacen derechos de petición constantes sobre diversos temas y lo que van logrando que sea desclasificado lo publican en su página virtual.


jueves, 14 de octubre de 2010

2010 Sept 27 / Respuesta a DIEGO PALACIO BETANCOURT / Javier Giraldo Moreno S.J.

Autor: Javier Giraldo Moreno, S. J
Medio: Web del sacerdote y redes sociales.
Fuente: Javier Giraldo Moreno, S. J
Título:    
Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2010
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica:
Fecha de los hechos:
Personas, organizaciones mencionadas: DIEGO PALACIO BETANCOURT, ex ministro de La Protección Social,


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Bogotá, septiembre 27 de 2010 

Doctor


DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ciudad
Aunque no recibí directamente la carta que usted publicó por diversos medios hace unos días, dirigida a mi persona, varios amigos me han hecho llegar el texto y otros me sugirieron buscarlo en el diario El Colombiano en su edición del 16 de septiembre.


El eje de su escrito es una crítica a la carta que yo le dirigí al Padre John Dear, jesuita estadounidense muy comprometido en actividades en favor de la paz y la justicia, y en la cual yo le expresaba mi extrañeza por el hecho de que la Universidad de Georgetown, centro educativo de nuestra congregación religiosa en Washington, hubiera invitado a dictar conferencias sobre liderazgo al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien, a mi juicio, desarrolló una política sustentada en principios, comportamientos, estrategias y directrices incompatibles con fundamentos éticos universales. Si bien el Padre John Dear no está vinculado a la Universidad de Georgetown, acudí a él como más conocido y amigo, para que transmitiera mis inquietudes a los superiores de la Compañía en los Estados Unidos y a las directivas de la Universidad. Puesto que el hecho era público y escandalizó a muchos millares de personas, no sólo en Colombia sino en muchos otros países, era necesario hacer públicos, también, los cuestionamientos.


Usted se siente aludido, aunque no lo menciono por su nombre, en el párrafo referente a los mecanismos corruptos que rodearon la re-elección presidencial en 2006. Allí defiende su inocencia y afirma que “en algunos casos se ha politizado la justicia y, simultáneamente, se ha judicializado la política”. Yo diría que no sólo en algunos casos; esta es una práctica sistemática que yo he denunciado multitud de veces. Lo invito a leer mi derecho de petición a las altas cortes del 19 de enero de 2009, documento de 180 páginas en el cual demostré minuciosamente la podredumbre de la justicia en Urabá y solicité de manera apremiante que se declarara un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”. Y si quiere ahondar más en esa podredumbre, lo invito a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”, en el cual puede documentar en lo más concreto de lo concreto, y de manera abundante, la “politización de la justicia y la judicialización de la política” que usted parece descubrir en su propio caso, pero me sorprende enormemente que un ex Ministro que hizo parte durante 8 años de un gobierno que politizó la justicia y judicializó la política en grado escandaloso, sólo descubra dicha perversión cuando lo toca personalmente.


Dejando de lado, Doctor Palacio, los intentos del ex Presidente Uribe por cooptar todos los órganos del aparato judicial y disciplinario, con miras inocultables a neutralizar las decisiones que lo afectaban a él y a su gobierno, llegando a tildar de “terroristas” o “politiqueros” a los funcionarios que no se le sometían, así fueran magistrados de altas cortes, lo que más envileció la administración de justicia fue que ésta, sobre todo en la periferia, fue controlada y ejercida por el poder ejecutivo a través de brigadas militares, distritos de policía y organismos de seguridad del resorte de la Presidencia, con la estrategia del montaje judicial puesto al servicio de intereses inconfesables. Todo revela, Doctor Palacio, que usted ignora los millares de millares de tragedias y sufrimientos que esta política llevó a humildes hogares de campesinos, de trabajadores urbanos, de indígenas, de gentes comprometidas en organizaciones y movimientos sociales estigmatizados y de militantes de la oposición política. En ese modelo de “justicia” adulterada y envilecida, el poder ejecutivo impuso el sistema probatorio del sólo testimonio, manipulado éste mediante el chantaje, la tortura, la amenaza y sobre todo el soborno, apoyándose en la política de recompensas que degeneró en la más perversa compra de conciencias, la cual afectó destructivamente el patrimonio moral del país y generalizó el principio del “todo vale”, característica inconfundible del gobierno que terminó y que lo colocó en los antípodas de la ética.


Lamento, Doctor Palacio, que usted sólo perciba la politización de la justicia y la judicialización de la política en “algunos casos” y no en las estrategias políticas del gobierno en el cual usted participó durante 8 años. Nunca es tarde, sin embargo, para tomar conciencia de las realidades en que estamos sumergidos y que a veces nos enceguecen e inmovilizan. Lo invito de nuevo a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil” para que vea cómo funciona esa “justicia” envilecida en los meandros concretos de la cotidianidad que afecta a las masas humildes de este país.


En la parte final de su carta usted me coloca entre quienes, en lugar de buscar justicia, buscan venganza, a la vez que se muestra contrariado por mi apelación a los principios éticos, los cuales, según usted, no pueden ser reivindicados exclusivamente por quienes  “ya condenaron al presidente Uribe”. Supongo que insinúa que existe una ética acorde con los comportamientos, directrices y principios que inspiraron dicho gobierno, la cual yo quisiera ver explicitada en beneficio de un sano debate. Finalmente usted califica mis denuncias y apelaciones a la ética como posiciones que “no reflejan un sentimiento ni un comportamiento cristiano” sino una posición ideológica; un “odio profundo y resentimiento infinito”.


Me he preguntado qué lo pudo llevar, Doctor Palacio, a calificar mi escrito como inspirado en deseos de venganza y en sentimientos de odio. ¿Quizás un deseo de deslegitimar mi clamor por la ética de nuestras instituciones religiosas, no discutiendo la veracidad e inmoralidad de los hechos concretos y de las políticas denunciadas, sino eludiendo el debate y tratando de estigmatizar gratuitamente a la persona denunciante? ¿Quizás un deseo de callar al denunciante dándole un golpe bajo, donde más le duela, que son sus principios éticos y religiosos que riñen con la venganza y con el odio? ¿Quizás la carencia de argumentos para desmontar realidades que son inocultables y de público dominio, recurriendo entonces a la descalificación de quien las censura?


Aunque frecuento reuniones de víctimas demasiado heridas por las atrocidades que las han destruido y que no ocultan sentimientos de venganza, he procurado siempre, no sólo en cumplimiento de deberes religiosos sino por profunda convicción, transformar los deseos de venganza en deseos de justicia, poniendo el énfasis en la búsqueda de caminos que garanticen la no repetición de los horrores y en la corrección de las conductas que han llevado al exterminio de tantas vidas y a la destrucción de tantas comunidades y formas de supervivencia. Esto es muy diferente de la venganza en la cual se alimenta el deseo de someter a sufrimientos equivalentes a los victimarios. Puedo decir que la inmensa mayoría de las víctimas con las cuales comparto reflexiones y sentimientos, están muy lejos delodio y la venganza, la cual buscaría reproducir el sufrimiento en los responsables de las atrocidades. Al contrario, suelo escuchar permanentemente de boca de padres, madres, esposas, hijos y hermanos de las víctimas, una frase que se ha vuelto proverbial en nuestro pueblo pobre y sufrido: “eso no se lo deseo ni al más sádico de los victimarios” (refiriéndose a lo que a ellos les han hecho).


Usted, Doctor Palacio, afirma en las últimas líneas de su carta, que se debería pedir justicia, y una “justicia pronta, imparcial y objetiva”. ¿Acaso no es eso lo que hemos buscado por muchas décadas sin éxito alguno? ¿Ignora usted, acaso, la impunidad que afecta a millones de crímenes de lesa humanidad, e ignora también los mecanismos sistémicos de impunidad, registrados, documentados y analizados por tantos organismos nacionales e internacionales? 


Ante su inconformismo frente a mis denuncias y frente al clamor para que no se ofrezcan cátedras a quienes han regido aparatos tan corruptos y criminales, no puedo entender qué es lo que usted propone. ¿Sugiere, acaso, que nos callemos y dejemos que las estrategias y comportamientos que han destruido a tanta gente sigan vigentes sin oposición alguna, y aún más, se conviertan enmodelos de exportación? ¿A ese silencio; a ese conformismo; a ese ajuste, lo llamaría usted un comportamiento “ético” y “cristiano”? 


Pero lo que encuentro más difícil de entender en su discurso es la coherencia entre palabras y hechos. Usted aboga por posiciones y discursos ajenos a la venganza y  al odio y en eso estoy en total acuerdo con usted. Pero, si esa es su posición y esas son sus convicciones, ¿cómo pudo permanecer usted ocho años como integrante del gobierno del ex Presidente Uribe, si unos de sus rasgos más destacados y característicos fueron justamente el odio y la venganza?


Nadie ignora que el Doctor Uribe fue víctima de las FARC, pues según lo han difundido todos los medios masivos, su padre fue asesinado por dicho grupo insurgente. Llegado a regir los destinos del país, hizo de su afán de venganza el eje de su política de seguridad, descartando todo entendimiento o diálogo en torno a los objetivos políticos y sociales de la insurgencia y absolutizando la guerra a muerte que llevara a su exterminio. El lenguaje que utilizó para ello hirió permanentemente la sensibilidad de enormes capas sociales, y los imaginarios militares, siempre envueltos en la emotividad del odio más acendrado, inundaron los medios masivos. Su obsesión patológica por la “seguridad”, interpretada a la medida de sus odios, llevó a crear un ambiente nacional de desconfianza y de prejuicio generalizado entre los ciudadanos; a presumir prácticamente un “enemigo” potencial detrás de cada compatriota; a poblar de costosos aparatos de seguridad e inteligencia todos los despachos públicos y privados, hasta acostumbrarnos a que si uno no se somete a que lo consideren undelincuente o un terrorista mientras no pruebe lo contrario, no puede ingresar a ninguna oficina. 


El país se tuvo que acostumbrar a escuchar que su Presidente incitara a matar por todas las emisoras y cadenas televisivas, y a que lo hiciera con lenguajes crudos e impúdicos que hacían inocultable un afán de venganza radical, así como a los espectáculos macabros de cadáveres destrozados y ensangrentados, sobre los cuales el gobierno hacía festejos interminables de condecoraciones, alabanzas y ascensos, mientras los medios mercantilizaban la barbarie sin pudor.

Pero los círculos del odio y la venganza no terminaron en los grupos insurgentes. Usted, Doctor Palacio, como acompañante del Jefedel Estado en dos períodos consecutivos y co-autor activo o pasivo de todas sus políticas y decisiones, sabe de sobra que ese odio cobijó con creces a los movimientos sociales; a los grupos de oposición; a quienes denunciaban cualquier atrocidad y a quienes no compartían sumodelo de sociedad centrada en el poder de las empresas transnacionales y en las políticas globalizadoras de los Estados Unidos. Odió particularmente a los movimientos y organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, en quienes veía obstáculos para implementar sus métodos de exterminio. Usted lo sabe de sobra pero es necesario recordarlo aquí: la única forma de darle apariencia legal a esas descargas de odio contra líderes sociales o humanitarios, era inventándoles nexos con la insurgencia, para que el aparato de justicia y/o el militar-paramilitar actuaran contra ellos y ellas, con miras a neutralizarlos o exterminarlos. Es dentro de esta estrategia donde el poder ejecutivo usurpa las funciones del poder judicial o lo coopta, y así se multiplican por doquier procesos con captura y años de prisión en los que los militares detienen sin orden judicial alguna; construyen “pruebas” pagando a desmovilizados avezados en el crimen para que rindan falsos testimonios; mezclan la amenaza y el chantaje con el soborno para lograr aceptación de cargos y sentencias anticipadas, luego de convencer a sus víctimas de que no tienen otra escapatoria, mientras los funcionarios judiciales se limitan a refrendar los montajes militares, pisoteando todos los principios del debido proceso, de los códigos internos y del derecho internacional. Es, quizás, superfluo, recordarle todos estos mecanismos a quien participó en el más elevado círculo del poder político por ocho años, y que de seguro conoció mucho más a fondo estas estrategias en su misma fuente. No dudo que usted participó en la discusión de la Directiva Ministerial Permanente No. 29, del 17 de noviembre de 2005, en la cual se tasa en sumas diferenciadas de dinero el exterminio de vidas humanas, pues si no la hubiese aprobado o hubiese estado en desacuerdo con ella, era lógico esperar su renuncia, la que nunca se produjo.


¿Cree usted, Doctor Palacio, que la actitud del ex Presidente Uribe frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no se fundó en sentimientos profundos de odio? ¿Cómo explica usted que jamás hubiese tomado medida alguna para proteger a esa población de las continuas masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados, abusos sexuales, saqueos, pillajes, robos de animales de carga, de ganado, incineración de viviendas, destrucción de cultivos, amenazas de muerte, anuncios persistentes de exterminio y otras muchas atrocidades, todas perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, puesto que los paramilitares se movilizan conjuntamente con las tropas, coordinan sus movimientos y hasta cocinan juntos el almuerzo a la vista de todas sus víctimas? 


A pesar de que el Doctor Uribe fue informado con detalle y oportunamente de cada crimen, ¿por qué cree usted que eludió durante los ocho años en que usted lo acompañó, toda acción de control y protección, como se lo ordenan preceptos específicos de la Constitución Nacional? Aún más, ¿por qué cree usted que el Doctor Uribe profirió cinco calumnias contra la Comunidad de Paz, difundidas por todos los medios masivos de información, y no quiso retractarse a pesar de que se le demostró que su actuación violaba lo preceptuado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191/04?


Quizás argumente usted, Doctor Palacio, como lo han hecho varios de sus camaradas, que al ex Presidente Uribe no se le puede hacer responsable de muchas cosas lamentables que ocurrieron durante su gobierno y en las cuales él no habría tenido el poder decisorio. Sin embargo, todos los procedimientos y estrategias que mencioné en mi carta al P. John Dear, constituyeron elementos articulados de políticas conscientemente diseñadas, múltiples veces denunciadas pero tozudamente mantenidas activa o pasivamente, en contravía de los preceptos constitucionales que hacen del jefe del Estado el garante supremo de los derechos constitucionales. Hoy día la justicia universal, saliéndole al paso a la elusión de responsabilidades en numerosos genocidios de la historia, ha definido más rigurosamente la responsabilidad de mando, identificando el rol de quien dirige un aparato criminal sin dar una sola orden concreta de cometer un crimen, pero sabiendo que la máquina que dirige y controla, a través de sus múltiples mecanismos propios, los ejecuta al por mayor. En realidad, el orden jurídico acatado por tribunales internacionales, establece que a una persona natural se le imputan los resultados de una acción como si fuera suya, aunque no la haya ejecutado materialmente, cuando el deber de evitar ese resultado era jurídicamente exigible. La Constitución colombiana no deja dudas al respecto. 


Ciertamente, Doctor Palacio, me queda muy difícil comprender que usted recomiende actitudes ajenas al odio y a la venganza, luego de haber participado en las más altas instancias de un gobierno que pasó a la historia como prototipo del odio y la venganza convertidos en poder. Y peor aún, que me acuse a mí de abrigar sentimientos de odio o de venganza por expresar mi desacuerdo con que ese modelosea exportable a través de ingenuos programas académicos encubridores. Usted bien sabe que mis palabras fueron un sonido en el desierto, pues el Doctor Uribe  dictó de todas maneras sus conferencias en Georgetown, donde se impusieron finalmente las razones del poder. Estoy acostumbrado a clamar en el desierto, en un mundo y una sociedad que asimila cada vez más el “todo vale”, pues se le ha inoculado tal miedo a pensar y a ser diferente de lo que afirma y permite el poder, que se ha rutinizado la pasividad y el ajuste al “statu quo”, así éste sea el más atroz.
Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.