Fuera mercenarios de Colombia.

jueves, 14 de octubre de 2010

2010 Sept 27 / Respuesta a DIEGO PALACIO BETANCOURT / Javier Giraldo Moreno S.J.

Autor: Javier Giraldo Moreno, S. J
Medio: Web del sacerdote y redes sociales.
Fuente: Javier Giraldo Moreno, S. J
Título:    
Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2010
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica:
Fecha de los hechos:
Personas, organizaciones mencionadas: DIEGO PALACIO BETANCOURT, ex ministro de La Protección Social,


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Bogotá, septiembre 27 de 2010 

Doctor


DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ciudad
Aunque no recibí directamente la carta que usted publicó por diversos medios hace unos días, dirigida a mi persona, varios amigos me han hecho llegar el texto y otros me sugirieron buscarlo en el diario El Colombiano en su edición del 16 de septiembre.


El eje de su escrito es una crítica a la carta que yo le dirigí al Padre John Dear, jesuita estadounidense muy comprometido en actividades en favor de la paz y la justicia, y en la cual yo le expresaba mi extrañeza por el hecho de que la Universidad de Georgetown, centro educativo de nuestra congregación religiosa en Washington, hubiera invitado a dictar conferencias sobre liderazgo al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien, a mi juicio, desarrolló una política sustentada en principios, comportamientos, estrategias y directrices incompatibles con fundamentos éticos universales. Si bien el Padre John Dear no está vinculado a la Universidad de Georgetown, acudí a él como más conocido y amigo, para que transmitiera mis inquietudes a los superiores de la Compañía en los Estados Unidos y a las directivas de la Universidad. Puesto que el hecho era público y escandalizó a muchos millares de personas, no sólo en Colombia sino en muchos otros países, era necesario hacer públicos, también, los cuestionamientos.


Usted se siente aludido, aunque no lo menciono por su nombre, en el párrafo referente a los mecanismos corruptos que rodearon la re-elección presidencial en 2006. Allí defiende su inocencia y afirma que “en algunos casos se ha politizado la justicia y, simultáneamente, se ha judicializado la política”. Yo diría que no sólo en algunos casos; esta es una práctica sistemática que yo he denunciado multitud de veces. Lo invito a leer mi derecho de petición a las altas cortes del 19 de enero de 2009, documento de 180 páginas en el cual demostré minuciosamente la podredumbre de la justicia en Urabá y solicité de manera apremiante que se declarara un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”. Y si quiere ahondar más en esa podredumbre, lo invito a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”, en el cual puede documentar en lo más concreto de lo concreto, y de manera abundante, la “politización de la justicia y la judicialización de la política” que usted parece descubrir en su propio caso, pero me sorprende enormemente que un ex Ministro que hizo parte durante 8 años de un gobierno que politizó la justicia y judicializó la política en grado escandaloso, sólo descubra dicha perversión cuando lo toca personalmente.


Dejando de lado, Doctor Palacio, los intentos del ex Presidente Uribe por cooptar todos los órganos del aparato judicial y disciplinario, con miras inocultables a neutralizar las decisiones que lo afectaban a él y a su gobierno, llegando a tildar de “terroristas” o “politiqueros” a los funcionarios que no se le sometían, así fueran magistrados de altas cortes, lo que más envileció la administración de justicia fue que ésta, sobre todo en la periferia, fue controlada y ejercida por el poder ejecutivo a través de brigadas militares, distritos de policía y organismos de seguridad del resorte de la Presidencia, con la estrategia del montaje judicial puesto al servicio de intereses inconfesables. Todo revela, Doctor Palacio, que usted ignora los millares de millares de tragedias y sufrimientos que esta política llevó a humildes hogares de campesinos, de trabajadores urbanos, de indígenas, de gentes comprometidas en organizaciones y movimientos sociales estigmatizados y de militantes de la oposición política. En ese modelo de “justicia” adulterada y envilecida, el poder ejecutivo impuso el sistema probatorio del sólo testimonio, manipulado éste mediante el chantaje, la tortura, la amenaza y sobre todo el soborno, apoyándose en la política de recompensas que degeneró en la más perversa compra de conciencias, la cual afectó destructivamente el patrimonio moral del país y generalizó el principio del “todo vale”, característica inconfundible del gobierno que terminó y que lo colocó en los antípodas de la ética.


Lamento, Doctor Palacio, que usted sólo perciba la politización de la justicia y la judicialización de la política en “algunos casos” y no en las estrategias políticas del gobierno en el cual usted participó durante 8 años. Nunca es tarde, sin embargo, para tomar conciencia de las realidades en que estamos sumergidos y que a veces nos enceguecen e inmovilizan. Lo invito de nuevo a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil” para que vea cómo funciona esa “justicia” envilecida en los meandros concretos de la cotidianidad que afecta a las masas humildes de este país.


En la parte final de su carta usted me coloca entre quienes, en lugar de buscar justicia, buscan venganza, a la vez que se muestra contrariado por mi apelación a los principios éticos, los cuales, según usted, no pueden ser reivindicados exclusivamente por quienes  “ya condenaron al presidente Uribe”. Supongo que insinúa que existe una ética acorde con los comportamientos, directrices y principios que inspiraron dicho gobierno, la cual yo quisiera ver explicitada en beneficio de un sano debate. Finalmente usted califica mis denuncias y apelaciones a la ética como posiciones que “no reflejan un sentimiento ni un comportamiento cristiano” sino una posición ideológica; un “odio profundo y resentimiento infinito”.


Me he preguntado qué lo pudo llevar, Doctor Palacio, a calificar mi escrito como inspirado en deseos de venganza y en sentimientos de odio. ¿Quizás un deseo de deslegitimar mi clamor por la ética de nuestras instituciones religiosas, no discutiendo la veracidad e inmoralidad de los hechos concretos y de las políticas denunciadas, sino eludiendo el debate y tratando de estigmatizar gratuitamente a la persona denunciante? ¿Quizás un deseo de callar al denunciante dándole un golpe bajo, donde más le duela, que son sus principios éticos y religiosos que riñen con la venganza y con el odio? ¿Quizás la carencia de argumentos para desmontar realidades que son inocultables y de público dominio, recurriendo entonces a la descalificación de quien las censura?


Aunque frecuento reuniones de víctimas demasiado heridas por las atrocidades que las han destruido y que no ocultan sentimientos de venganza, he procurado siempre, no sólo en cumplimiento de deberes religiosos sino por profunda convicción, transformar los deseos de venganza en deseos de justicia, poniendo el énfasis en la búsqueda de caminos que garanticen la no repetición de los horrores y en la corrección de las conductas que han llevado al exterminio de tantas vidas y a la destrucción de tantas comunidades y formas de supervivencia. Esto es muy diferente de la venganza en la cual se alimenta el deseo de someter a sufrimientos equivalentes a los victimarios. Puedo decir que la inmensa mayoría de las víctimas con las cuales comparto reflexiones y sentimientos, están muy lejos delodio y la venganza, la cual buscaría reproducir el sufrimiento en los responsables de las atrocidades. Al contrario, suelo escuchar permanentemente de boca de padres, madres, esposas, hijos y hermanos de las víctimas, una frase que se ha vuelto proverbial en nuestro pueblo pobre y sufrido: “eso no se lo deseo ni al más sádico de los victimarios” (refiriéndose a lo que a ellos les han hecho).


Usted, Doctor Palacio, afirma en las últimas líneas de su carta, que se debería pedir justicia, y una “justicia pronta, imparcial y objetiva”. ¿Acaso no es eso lo que hemos buscado por muchas décadas sin éxito alguno? ¿Ignora usted, acaso, la impunidad que afecta a millones de crímenes de lesa humanidad, e ignora también los mecanismos sistémicos de impunidad, registrados, documentados y analizados por tantos organismos nacionales e internacionales? 


Ante su inconformismo frente a mis denuncias y frente al clamor para que no se ofrezcan cátedras a quienes han regido aparatos tan corruptos y criminales, no puedo entender qué es lo que usted propone. ¿Sugiere, acaso, que nos callemos y dejemos que las estrategias y comportamientos que han destruido a tanta gente sigan vigentes sin oposición alguna, y aún más, se conviertan enmodelos de exportación? ¿A ese silencio; a ese conformismo; a ese ajuste, lo llamaría usted un comportamiento “ético” y “cristiano”? 


Pero lo que encuentro más difícil de entender en su discurso es la coherencia entre palabras y hechos. Usted aboga por posiciones y discursos ajenos a la venganza y  al odio y en eso estoy en total acuerdo con usted. Pero, si esa es su posición y esas son sus convicciones, ¿cómo pudo permanecer usted ocho años como integrante del gobierno del ex Presidente Uribe, si unos de sus rasgos más destacados y característicos fueron justamente el odio y la venganza?


Nadie ignora que el Doctor Uribe fue víctima de las FARC, pues según lo han difundido todos los medios masivos, su padre fue asesinado por dicho grupo insurgente. Llegado a regir los destinos del país, hizo de su afán de venganza el eje de su política de seguridad, descartando todo entendimiento o diálogo en torno a los objetivos políticos y sociales de la insurgencia y absolutizando la guerra a muerte que llevara a su exterminio. El lenguaje que utilizó para ello hirió permanentemente la sensibilidad de enormes capas sociales, y los imaginarios militares, siempre envueltos en la emotividad del odio más acendrado, inundaron los medios masivos. Su obsesión patológica por la “seguridad”, interpretada a la medida de sus odios, llevó a crear un ambiente nacional de desconfianza y de prejuicio generalizado entre los ciudadanos; a presumir prácticamente un “enemigo” potencial detrás de cada compatriota; a poblar de costosos aparatos de seguridad e inteligencia todos los despachos públicos y privados, hasta acostumbrarnos a que si uno no se somete a que lo consideren undelincuente o un terrorista mientras no pruebe lo contrario, no puede ingresar a ninguna oficina. 


El país se tuvo que acostumbrar a escuchar que su Presidente incitara a matar por todas las emisoras y cadenas televisivas, y a que lo hiciera con lenguajes crudos e impúdicos que hacían inocultable un afán de venganza radical, así como a los espectáculos macabros de cadáveres destrozados y ensangrentados, sobre los cuales el gobierno hacía festejos interminables de condecoraciones, alabanzas y ascensos, mientras los medios mercantilizaban la barbarie sin pudor.

Pero los círculos del odio y la venganza no terminaron en los grupos insurgentes. Usted, Doctor Palacio, como acompañante del Jefedel Estado en dos períodos consecutivos y co-autor activo o pasivo de todas sus políticas y decisiones, sabe de sobra que ese odio cobijó con creces a los movimientos sociales; a los grupos de oposición; a quienes denunciaban cualquier atrocidad y a quienes no compartían sumodelo de sociedad centrada en el poder de las empresas transnacionales y en las políticas globalizadoras de los Estados Unidos. Odió particularmente a los movimientos y organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, en quienes veía obstáculos para implementar sus métodos de exterminio. Usted lo sabe de sobra pero es necesario recordarlo aquí: la única forma de darle apariencia legal a esas descargas de odio contra líderes sociales o humanitarios, era inventándoles nexos con la insurgencia, para que el aparato de justicia y/o el militar-paramilitar actuaran contra ellos y ellas, con miras a neutralizarlos o exterminarlos. Es dentro de esta estrategia donde el poder ejecutivo usurpa las funciones del poder judicial o lo coopta, y así se multiplican por doquier procesos con captura y años de prisión en los que los militares detienen sin orden judicial alguna; construyen “pruebas” pagando a desmovilizados avezados en el crimen para que rindan falsos testimonios; mezclan la amenaza y el chantaje con el soborno para lograr aceptación de cargos y sentencias anticipadas, luego de convencer a sus víctimas de que no tienen otra escapatoria, mientras los funcionarios judiciales se limitan a refrendar los montajes militares, pisoteando todos los principios del debido proceso, de los códigos internos y del derecho internacional. Es, quizás, superfluo, recordarle todos estos mecanismos a quien participó en el más elevado círculo del poder político por ocho años, y que de seguro conoció mucho más a fondo estas estrategias en su misma fuente. No dudo que usted participó en la discusión de la Directiva Ministerial Permanente No. 29, del 17 de noviembre de 2005, en la cual se tasa en sumas diferenciadas de dinero el exterminio de vidas humanas, pues si no la hubiese aprobado o hubiese estado en desacuerdo con ella, era lógico esperar su renuncia, la que nunca se produjo.


¿Cree usted, Doctor Palacio, que la actitud del ex Presidente Uribe frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no se fundó en sentimientos profundos de odio? ¿Cómo explica usted que jamás hubiese tomado medida alguna para proteger a esa población de las continuas masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados, abusos sexuales, saqueos, pillajes, robos de animales de carga, de ganado, incineración de viviendas, destrucción de cultivos, amenazas de muerte, anuncios persistentes de exterminio y otras muchas atrocidades, todas perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, puesto que los paramilitares se movilizan conjuntamente con las tropas, coordinan sus movimientos y hasta cocinan juntos el almuerzo a la vista de todas sus víctimas? 


A pesar de que el Doctor Uribe fue informado con detalle y oportunamente de cada crimen, ¿por qué cree usted que eludió durante los ocho años en que usted lo acompañó, toda acción de control y protección, como se lo ordenan preceptos específicos de la Constitución Nacional? Aún más, ¿por qué cree usted que el Doctor Uribe profirió cinco calumnias contra la Comunidad de Paz, difundidas por todos los medios masivos de información, y no quiso retractarse a pesar de que se le demostró que su actuación violaba lo preceptuado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191/04?


Quizás argumente usted, Doctor Palacio, como lo han hecho varios de sus camaradas, que al ex Presidente Uribe no se le puede hacer responsable de muchas cosas lamentables que ocurrieron durante su gobierno y en las cuales él no habría tenido el poder decisorio. Sin embargo, todos los procedimientos y estrategias que mencioné en mi carta al P. John Dear, constituyeron elementos articulados de políticas conscientemente diseñadas, múltiples veces denunciadas pero tozudamente mantenidas activa o pasivamente, en contravía de los preceptos constitucionales que hacen del jefe del Estado el garante supremo de los derechos constitucionales. Hoy día la justicia universal, saliéndole al paso a la elusión de responsabilidades en numerosos genocidios de la historia, ha definido más rigurosamente la responsabilidad de mando, identificando el rol de quien dirige un aparato criminal sin dar una sola orden concreta de cometer un crimen, pero sabiendo que la máquina que dirige y controla, a través de sus múltiples mecanismos propios, los ejecuta al por mayor. En realidad, el orden jurídico acatado por tribunales internacionales, establece que a una persona natural se le imputan los resultados de una acción como si fuera suya, aunque no la haya ejecutado materialmente, cuando el deber de evitar ese resultado era jurídicamente exigible. La Constitución colombiana no deja dudas al respecto. 


Ciertamente, Doctor Palacio, me queda muy difícil comprender que usted recomiende actitudes ajenas al odio y a la venganza, luego de haber participado en las más altas instancias de un gobierno que pasó a la historia como prototipo del odio y la venganza convertidos en poder. Y peor aún, que me acuse a mí de abrigar sentimientos de odio o de venganza por expresar mi desacuerdo con que ese modelosea exportable a través de ingenuos programas académicos encubridores. Usted bien sabe que mis palabras fueron un sonido en el desierto, pues el Doctor Uribe  dictó de todas maneras sus conferencias en Georgetown, donde se impusieron finalmente las razones del poder. Estoy acostumbrado a clamar en el desierto, en un mundo y una sociedad que asimila cada vez más el “todo vale”, pues se le ha inoculado tal miedo a pensar y a ser diferente de lo que afirma y permite el poder, que se ha rutinizado la pasividad y el ajuste al “statu quo”, así éste sea el más atroz.
Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

martes, 12 de octubre de 2010

2009 Oct 30 / Coalición Colombia no bases / Declaración

Autor:
Medio: Web: http://colombianobases.org/
Fuente: Coalición Colombia NO BASES.
Enlace:
http://colombianobases.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6:no-a-las-bases-estadounidenses-en-colombia&catid=27:nac&Itemid=53
Título: Colombia NO BASES.

Fecha de publicación: Octubre de 2009.
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica: Colombia y América Latina.
Fecha de los hechos: 30 de octubre de 2009 
Personas, organizaciones mencionadas: USA, Colombia.




DECLARACIÓN CONSTITUCIÓN DE LA

COALICIÓN NO BASES COLOMBIA


El 30 de octubre de 2009 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firmó el acuerdo militar, que se constituye en una concesión sin antecedentes a favor de los intereses de Estados Unidos.  Al permitir que soldados norteamericanos hagan uso de siete bases militares y las que “sean necesarias para desarrollar operaciones conjuntas”, el gobierno colombiano formaliza la cesión del monopolio de la fuerza, aumenta el riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos y agudiza las tensiones en la región. (...)

2010 Abr 10 / Colombia exporta mercenarios al mundo: ONU




Autor                           : ONU
Medio                           : Coalición No Bases / Youtube
Fuente                          : Amada Benavides / Relatora de Naciones Unidas sobre mercenarios / Coalición No 
                                       Susana Pimiento y Organizaciones Civiles de los Estados Unidos.
Bases
                                  Enlace                           : http://www.youtube.com/watch?v=1XqrcDRD8wc
Título                            :    
Fecha de publicación      :  
Materia                         : Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie           :
Zona geográfica            : Colombia
Fecha de los hechos       : 
Mencionados: Contratistas. 



Colombia exporta mercenarios al mundo: ONU










2001 Ago 22 / EEUU contrata a mercenarios y paramilitares /

Autor: Fabio Castillo 
Medio: El Espectador, Bogotá, Colombia
Título: EEUU contrata a mercenarios y paramilitares 
Fecha de publicación: 22 Agosto de 2001
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
Zona geográfica: Bolivia, Colombia y Perú, USA, Miami.
Fecha de los hechos: 27 de octubre de 2000, contrato. 
Personas, organizaciones mencionadas: Dyncorp Aerospace Technologies, Colar (Colombian Army) y Helas (Helicopter Assimilation-UH-IN), Manpower de Colombia


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Colombia: EEUU contrata a mercenarios y paramilitares


El piloto Carlos Weiss recibió con alguna sorpresa la llamada a su teléfono privado en Lima: era procedente de Miami. ¿Todavía le interesa participar en las operaciones militares en Colombia? Era la llamada que esperaba desde hacía varios días.


En las últimas semanas había circulado el rumor entre pilotos retirados de los ejércitos de Perú, Argentina y tres países centroamericanos de que una empresa formada también por militares retirados de los Estados Unidos, Dyncorp, contrataría mercenarios para entrenar las tropas colombianas en la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

Los primeros 24 pilotos extranjeros tuvieron su primera cita en las instalaciones que la empresa Dyncorp Aerospace Technologies tiene en la base de la Fuerza Aérea norteamericana en Cocoa Beach, Florida, la Patrick Air Force Base. Y les confirmaron la misión: viajarían a entrenar en la base militar de Tolemaida, en Colombia, a los pilotos y las fuerzas especiales locales encargadas de erradicar narcocultivos.

SIN CONTROLES

Desde hace siete años el Departamento de Estado de los Estados Unidos inició un programa de contratación de empresas privadas de entrenamiento militar para operar en Colombia.
El beneficio de esta forma de delegación de la participación en la guerra es obvio: en los Estados Unidos significa que, apenas sin hacer olas políticas, se interviene en las acciones militares.
Y en Colombia que se obvian controles como los previstos en la Constitución, que imponen al Senado dar autorización previa para el tránsito de tropas extranjeras en el territorio de la República, y si está en receso, le corresponde la autorización al Presidente de la República, previo concepto del Consejo de Estado. Desde la aprobación del Plan Colombia, el Congreso de los Estados Unidos limitó la presencia de militares de ese país en Colombia a 500 y un máximo de 300 contratistas privados.
Por este procedimiento se ha llegado en Colombia a que ninguna autoridad controla la idoneidad de los contratistas, de sus pilotos, y menos del tipo de operaciones que adelantan en el país.
Hasta hace cuatro meses operó en Colombia otra empresa estadounidense, MPRI, que afrontó un escándalo internacional por su operación en la guerra en la ex Yugoslavia. En Colombia presentó, tras un contrato de US$,3 millones para mejorar las herramientas de la lucha contra las drogas, un documento en el que recomendaban, entre otras cosas, asegurar la pronta llegada del correo a los soldados en combate "como una forma de mejorar su nivel de vida".

NADIE LOS CONOCE

Dyncorp administra al menos dos programas en Colombia, Colar (Colombian Army) y Helas (Helicopter Assimilation-UH-IN). En su labor ha contratado casi un centenar de pilotos.
Para evitar, inicialmente, el desarrollo de cualquier tipo de controles colombianos, incluidos los fiscales, Dyncorp contrató originalmente a los pilotos por intermedio de una empresa de servicios temporales en Bogotá, Manpower de Colombia.
Dyncorp figura en Colombia registrada como una sociedad originaria de la Gran Bretaña, con sede en Aldershot Hampshire, sujeta a las leyes inglesas. Su apoderado en Colombia es Jaime Trujillo Caicedo y el representante, Kinney Dreher.
En el contrato celebrado con el Departamento de Estado aparece registrada como una sociedad estadounidense y sujeta a sus leyes.
El contrato S-Opraq-98-C-051 relaciona a la Patrick Support Division de Dyncorp Technical Services, que tiene sede en una base militar de la Florida, con la operación en Colombia.
La práctica de subcontratar la guerra en Colombia se ha replicado, y ya empresas nacionales de helicópteros vinculan pilotos comerciales para operar en las zonas de conflicto. El guerrillero José María Ballestas del ELN escapó a Venezuela en un helicóptero privado colombiano.

DYNCORP VIENE DE DOS PAÍSES

Una de las empresas que entrena a los militares colombianos, Dyncorp, tiene sede declarada en los Estados Unidos. En Colombia, sin embargo, figura registrada como de origen inglés. 
El 27 de octubre de 2000, Dyncorp Aerospace Operations UK Ltd. se incorporó a la legislación colombiana con el objeto social de "suministrar servicios de apoyo para programas bilaterales contra los narcóticos entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República de Colombia". 
Su sede aparece en el Reino Unido, pero el poder para la constitución de la sociedad lo otorga Robert B. Alleger, domiciliado en Texas. De acuerdo con uno de los contratos en poder de Periodismo de Investigación de El Espectador (PIE), el contrato de Dyncorp con el Departamento de Estado se celebró para tener como base de operaciones en los Estados Unidos la Patrick Air Force Base, de la Florida, con Keith Sparqke como "gerente de locación" respecto del proyecto en Colombia. Dyncorp contrató, originalmente, a los pilotos extranjeros que habrían de entrenar a la tropa local por intermedio de una empresa suministradora de mano de obra, "Manpower de Colombia, Ltda".

Ante la evidencia de la escasa o nula presencia del Estado colombiano para vigilar sus actividades, a los pocos meses debimos firmar contrato con Dyncorp directamente, y perdimos todos los beneficios de asistencia social y seguros médicos", dijo uno de los pilotos, que habló bajo la condición de anonimato. Ninguna autoridad colombiana reconoce haber sido consultada sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de "trabajador". 

La fuente de los recursos son las ayudas suministradas por el gobierno de Estados Unidos para los programas de erradicación de cultivos ilícitos, inicialmente, y luego los provenientes del Plan Colombia.
Los pilotos, un total de 24 en la primera etapa, y 72 en lo que va del programa, fueron contactados por vía telefónica, citados en una base militar de Florida, y llevados luego a pruebas de campo en la base antinarcóticos de la Policía, en San José del Guaviare. Ahí fueron seleccionados para participar en los dos programas que maneja Dyncorp en Colombia, Colar y Helas. El contrato inicial lo firmaron con Manpower de Colombia Ltda.
Éstos son los verdaderos beneficiarios del Plan Colombia De acuerdo con un experto consultado por este diario, la forma como se gasta el componente militar del Plan Colombia devela mucho sobre su propósito: invertir en la industria militar estadounidense, y lo que sobra asegurarlo en contratos también para su beneficio.
"Eso no es bueno ni malo, simplemente desnuda los verdaderos intereses en juego en el escalamiento de un conflicto armado en Colombia", comentó un experto. Dyncorp presta servicios de entrenamiento para operaciones antinarcóticos desde 1991, cuando se le otorgó un contrato de cinco años. Han venido a continuación las prórrogas, la última de las cuales ocurrió en 1998, por un término de cinco años: su campo de operaciones: Bolivia, Colombia y Perú. "A los colombianos", concluyó el experto, "les quedarán un entrenamiento y los viejos cascarones militares". *
[Fuente: Fabio Castillo del Espectador, Bogotá, Colombia]

2008 /may 11 / Lo que faltaba: Colombia el mejor proveedor de mercenarios



Autor: German Enrique Reyes Forero, Representante de la Cámara por el PDA
Medio:  
Fuente: 
          LUIS REINALDO FRANCO RESTREPO
         Comunicador Social Periodista U. de A.
         Jefe Oficina de Prensa del HR German Reyes
         Teléfono 263 5611 en Medellín, 382 3486 en Bogotá D. C.
Título:    
Fecha de publicación:  11 de mayo de 2008
Materia: Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie:
 Zona geográfica / Fecha de los hechos. 
Personas, organizaciones mencionadas:

Lo que faltaba: 
Colombia el mejor proveedor de mercenarios

Por German Enrique Reyes Forero

No puedo dejar pasar desapercibido, en medio de tanta noticia que nutre la política colombiana, la presentación del libro que, según informaciones de prensa, presentó el pasado 5 de mayo en España, a través de una importante casa editorial, el norteamericano Jeremy Scahill, titulado “BLACKWATER: EL AUGE DEL EJÉRCITO MERCENARIO MÁS PODEROSOS DEL MUNDO”, relacionado con las andanzas de la empresa BLACKWATER, componente básico del complejo militar-industrial estadounidense, que inició su carrera vertiginosa luego del 11S o del suceso de las Torres Gemelas. Dice en sus apartes que el Pentágono ha solicitado a dicha empresa involucrarse “en un plan de lucha contra la droga, principalmente para México y Colombia, que tiene un presupuesto de 15.000 millones de dólares”i, y continúa diciendo: 
“Es a través de estas empresas privadas que Washington quiere garantizar su presencia en la región sin "dejar una huella militar”.
Al pueblo norteamericano le causa escozor el desfile por aeropuertos de los familiares recogiendo en bolsas negras sus soldados muertos por fuera de sus fronteras, como ha sucedido con los 4.000 fallecidos en la guerra de invasión a Irak u horrorizados por la cruel guerra que libraron en Vietnam, tema taquillero de varias películas.

Según este ejército (empresa de mercenarios), está dispuesto a competirle a la otra empresa, DYNCORP, parte de la ejecución de esos 630 millones de dólares anuales que recibe Colombia en la lucha contra la droga pero que, en realidad, han sido destinados para la “lucha contrainsurgente”.

Lo grave es que la presencia de “esta empresa de mercenarios” pasa por entrenar militares colombianos “con el objetivo de tener pequeños equipos paramilitares trabajando para estas compañías en América Latina”. Blackwater ya hizo su trabajo de “contratar mano de obra barata” en Chile, Honduras, El Salvador, Perú y Bolivia, por cuanto mientras un norteamericano cuesta 10.000 dólares/mes, éstos criollos tan sólo valen 1.000 dólares/mes en sus áreas de la guerra de Irak.

No es pues gratuito que vengan a recoger la cosecha que ellos mismos sembraron en la década de los 70, 80 y 90 con su famosa Escuela de Las Américas, ubicada en la zona del canal de Panamá, donde instruyeron, entre otros, a muchos oficiales del ejército y la policía colombiana que, como buenos y aventajados discípulos, trajeron las tácticas de la guerra sucia (lucha contrainsurgente), armaron a los grupos paramilitares y les enseñaron todas aquellas prácticas de terror y de tortura. Ahí, lentamente, están desfilando por los bancos de la Fiscalía y los juzgados, decenas de militares de alta y mediana graduación, respondiendo por sus fechorías, que han rayado con la locura, que fueron directamente entrenados o que recibieron instrucciones aquí de lo enseñado en aquella fatídica “escuela de terror”, que centenares de denuncias concitaron la opinión nacional e internacional, pero que nuestros gobiernos quisieron hacer caso omiso o, más bien, fueron sus cómplices.

Esa estrategia de guerra de terror, aún parcialmente, la estamos conociendo por boca de esos psicópatas: "Nos tocó coger a mucha gente, picarla y lanzarla al río. Lo hacíamos para no calentar la zona, para que no llegara la Fiscalía, la Policía o el Ejército”ii. Dijo Jairo Esquivel, alias El Tigre en una de sus confesiones que constituyen “el pasaporte al horror”, como lo describió Daniel Samper. 


Para continuar esta guerra, la empresa que enrolará o ha enrolado mercenarios, tendrá que seleccionar “avezados y probados” hombres como Ramón Isaza con 475 homicidios, “Jorge 40” con 4 masacres y 700 asesinatos, “el Alacrán” con tan sólo 69 muertos porque perdió la cuenta, “Don Berna” con 300 fosas comunes, “Hernán Giraldo” con 20 fosas, “Don Antonio con 533 asesinatos”, “HH” con 1.800 muertos en Urabá, Valle y Cauca. 


 También tendrá que contar con tácticas tales que les permitan “'explicar por qué arrojaban cadáveres a los ríos: "La Fuerza Pública nos decía que nos dejaba trabajar, pero que desapareciéramos a los muertos para que no se subieran los índices de homicidios"iii. En repetidas ocasiones, los jueces han dicho que militares apoyaron o auxiliaron este tipo de prácticas pese a que, en defensa del ejército y la policía, se ha sostenido que son conductas ajenas a la institución cuando, en verdad, lo que se dio fue la puesta en práctica de lo aprendido.

Claro que en esta loca carrera privatizadora le podrá llegar el turno al ejército y la policía y con ejércitos privados (mercenarios) podrán adelantar las tareas contra la insurgencia y los narcotraficantes. Pero eso sí, bajo las tácticas de guerra norteamericana. 


Por ahora, se sabe que muchos colombianos han sido enrolados para ir a pelear en otra parte por parte de estas empresas y que, por supuesto, las tendencias sicópatas de algunos o las necesidades de supervivencia de otros, los hace caer en esas trampas o carruseles de la muerte. Pero, ¿qué hacer en contra de esta loca carrera de garantizar el asiento y la inversión privada, rodeada por los postulados de la Seguridad Democrática, cuando abra sus puertas al público Blackwater?

ii Periódico El Tiempo, Daniel Samper Pizano, columna de opinión del 18 de Diciembre de 2007

iii Ibidem

Fuente informativa y contactos directos para ampliar esta información: 

Bogotá, "Momento Político" todos los jueves por los canales 8 y 73 de Cable Unión S. A., de 6:00 p.m. a 6:30 p.m., con la dirección y coordinación del Honorable Representante German Enrique Reyes Forero y el Honorable Concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón.

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Cordialmente,

LUIS REINALDO FRANCO RESTREPO
Comunicador Social Periodista U. de A.
Jefe Oficina de Prensa del HR German Reyes
Teléfono 263 5611 en Medellín, 382 3486 en Bogotá D. C.