INGRESAN A ALVARO URIBE VELEZ EN LISTA DE
CORRUPTOS Y CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD
Publicado:
septiembre 2, 2015
Document
type or Classification Level: Declassified.
Importance
Document: Very High.
Degree of
sensitivity: Very sensitive.
Por: Fabriz’zio Txavarría Velázquez
Bogotá-Colombia-AGPROG(01-09-2015).- Varios medios informativos de carácter
masivo y de comunicación internacional, han difundido ampliamente y se han
hecho eco de la decisión tomada por un organismo internacional, el centro CENIC Internacional ( una institución de carácter
No Gubernamental de amplia filosofía humanista y de rescate de los valores
morales humanos), una
decisión en su División especializada de estudios geopolíticos, políticos y
sociales, que resolvió ingresar a : Álvaro Uribe Vélez, un personaje de la vida
pública y política colombiana a la Lista de Corruptos y CLH – Criminales de
Lesa Humanidad, para ser presentado formalmente ante el Tribunal de La C.P.I. –
Corte Penal Internacional de La Haya, esto en base a la existencia de indicios
suficientes o elementos procesales, testimonios, grabaciones, documentación,
pruebas penales y materiales que soportan tal decisión, a raíz de los datos y/o
revelaciones expuestas en investigaciones ejecutadas y/o realizadas, en el que
se detallan minuciosamente más de una decena de cargos criminales que pesan
sobre el sindicado. Motivos por los que debe ser puesto obligatoriamente a
disposición del Tribunal Penal internacional.
ALVARO URIBE VELEZ EN LISTA DE CORRUPTOS Y CRIMINALES DE
LESA HUMANIDAD ( Bogotá-Colombia)
Entre los varios cargos que se le imputan y se lo juzgan,
están:
1.
Concierto
para cometer crímenes de lesa humanidad siendo autor intelectual de cientos de
crímenes realizados.
2.
Promocionar
y alentar el lavado de dinero producto de actividades ilícitas.
3.
Encubrimiento
de cientos de asesinatos.
4.
Recibir
sobornos y financiamiento de grupos delictivos.
5.
Creación,
financiación y soporte de los escuadrones de la muerte.
6.
Autorizar
y ordenar ejecuciones extrajudiciales masivas, asesinatos selectivos y en masa.
7.
Asociación
delictuosa.
8.
Narcotráfico.
9.
Autorizar
persecución a personas extrajudicialmente.
10.
Forzar
Exterminios y limpiezas étnicas.
11.
Encarcelación
u otra privación grave de la libertad física en violación de normas
fundamentales de derecho internacional.
12.
Autorizar
torturas.
13.
Forzar
a violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada y esterilizaciones
forzadas y varias formas de violencias sexual como amedrentamiento.
14.
Financiación
y promoción de actividades paramilitares.
15.
Traición
a la patria (Colombia).
16.
Conspiración
política y atentar contra la soberanía de los pueblos.
17.
Injerencia
criminal y en hechos conspirativos en asuntos internos de naciones vecinas
promoviendo la desestabilización de naciones vecinas.
Delitos de Lesa Humanidad por los que se imputa al Sr.
ALVARO URIBE VELEZ:
“Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión
sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una
organización política o grupo cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato;
b) Exterminio; c) Tortura; d) Sujeción a esclavitud; e) Persecución por motivos
políticos, raciales, religiosos o étnicos; f) Discriminación institucionalizada
por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los
derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte
de la población; g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter
arbitrario; h) Encarcelamiento arbitrario; i) Desaparición forzada de personas;
j) Violación, prostitución forzada y otras formas de abuso sexual; k) Otros
actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la
salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves.” (Artículo
18)”.
Los cargos por delitos de Lesa Humanidad por los que se lo
acusa al Sr. ALVARO URIBE VELEZ, están descritos en base al Estatuto de Roma.
El 17 de julio de 1998 fue aprobado el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (ER); allí se tipificaron una serie de conductas consideradas
como Crímenes de Lesa Humanidad. Es válido anotar que el artículo 7 del ER,
retoma los antecedentes históricos e incluye todas aquellas conductas
consideradas graves y de reproche internacional; incorporando los elementos
esenciales que en forma posterior expondremos a partir del desarrollo que del
mismo realizó la Corte Constitucional.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró
en vigor el 1 de julio de 2002 y tiene competencia solamente respecto de los crímenes
cometidos con posterioridad a esa fecha y en el caso colombiano, después del 1
de noviembre de 2002, fecha de entrada en vigencia con la ley 742 de 2002; es
decir, tres meses después de haberse posesionado como presidente el señor
ALVARO URIBE VELEZ. En la Sentencia C- 578 de 2002, la Corte Constitucional
realizó un desarrollo de los elementos del crimen de lesa humanidad, a partir
del contenido del artículo 7 del Estatuto de Roma, así: La definición de crímenes
de lesa humanidad del Estatuto de Roma, está compuesta por seis elementos
causales:
1.
Ataque
generalizado o sistemático.
2.
Ataque
dirigido contra la población civil.
3.
Comisión
de actos inhumanos.
4.
Conocimiento
de que se trata de un ataque sistemático o generalizado contra una población
civil.
5.
persecución
con fundamentos políticos, raciales, nacionales, étnicos.
6.
Ataque
contra una población civil”, “exterminio”, “esclavitud”, “deportación o
traslado forzoso de población”, “tortura”, “embarazo forzado”, “persecución”, “crimen
de apartheid” y “desaparición forzada de personas.
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para
conocer denuncias penales contra personas individualizadas – no contra Estados
o gobiernos – y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de
los países donde hayan ocurrido los hechos.
Así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
La Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción
sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia
internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter
complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los “crímenes más graves de trascendencia internacional”
sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del
Estatuto y son:
a)
El crimen de genocidio.
b)
Los crímenes de lesa humanidad.
c)
Los crímenes de guerra.
Contra el imputado debe ejercerse una acción penal y su
consignación respectiva.
Ahora bien el fin del proceso penal es alcanzar la
justicia, el bien común y la seguridad jurídica, esto ante las miles de víctimas,
teniendo en consideración este fin general, el proceso penal deberá ser PENAL
REPRESIVO (sancionando la peligrosidad delictiva del imputado) y PENAL
PREVENTIVO (para evitar la comisión de más delitos adicionales).
La CPI tiene la obligación de investigar los crímenes de
lesa humanidad, de juzgar y sancionar a sus autores y demás partícipes es una
obligación absoluta frente a la cual los Estados no pueden argumentar obstáculos
de derecho interno para sustraerse a sus compromisos internacionales. Es un
principio general de derecho internacional y universalmente reconocido que los
Estados deben ejecutar de buena fe los tratados y las obligaciones
internacionales que dimanan de éstos, o que tienen su origen en el derecho
internacional consuetudinario (principio pacta sunt servanda). La existencia o
inexistencia de normas constitucionales, legislativas o reglamentarias no puede
ser invocada para no ejecutar obligaciones internacionales o para modificar su
cumplimiento. Este es un principio general del derecho de gentes reconocido por
la jurisprudencia internacional. El principio pacta sunt servanda y su
corolario -la observancia de los tratados- han sido acrisolados en los artículos
26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada
por la República de Colombia en 1985. Por tanto, el Estado colombiano tiene la
obligación internacional de juzgar y castigar a los responsables de crímenes de
lesa humanidad, toda vez que esta obligación es una norma imperativa del
Derecho Internacional que pertenece al ius cogens. Como lo señaló el TPIY: “la
mayoría de normas de Derecho Internacional Humanitario, en particular las que
prohíben los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio,
son también normas perentorias de Derecho Internacional o jus cogens, es decir,
de carácter imperativo e inderogable.”
PETICION A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Primero. Que proceda a abrir la investigación contra el ex
Presidente de la República señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ como responsable de los
delitos de concierto para cometer crímenes de lesa humanidad, tortura,
persecución por motivos políticos y demás crímenes de lesa humanidad que se
desprendan de esta denuncia y de las investigaciones correspondientes.
Segundo. Desde ya solicitamos que la acusación contra el
Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez debe ser por delitos comunes (Crímenes de Lesa
Humanidad); por tanto solicitamos inclusive al Senado de la República, dar
aplicación al artículo 175 de Constitución Política de Colombia, numeral
tercero; procediendo enviar la actuación a la Corte Suprema de Justicia.
Tercero: Se garantice a las víctimas el acceso pleno a la
investigación y se les revista de todas las garantías procesales y materiales.
PRONTUARIO Y FILE CRIMINAL
A continuación un detalle completo del prontuario criminal
y un resumen de la investigación sobre varios de los cargos de los que es
imputado el acusado.
Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de
1952, político de ultraderecha liberal desde sus inicios, logro ser Presidente
de la República de Colombia en 2002 en base a maniobras políticas y aportes
económicos de las mafias colombianas, fue reelegido en el año 2006, nuevamente
bajo el auspicio de las fuerzas paramilitares asentadas en Colombia, las
denominadas AUC – Autodefensas Unidas de Colombia quienes según las
investigaciones realizadas y denuncias ante tribunales, aportaron grandes sumas
de dinero a su campaña y a su gobierno como una forma más de ejecutar el lavado
de dinero de actividades ilícitas, algo prohibido por las leyes y la legislación
colombiana, ante lo cual la justicia colombiana negó investigar.
Militó en el Partido Liberal Colombiano de tendencia
neoliberal de ultraderecha. Sus aliados procedieron a unirse con el directorio
liberal de Antioquia, que era presidido por Bernardo Guerra, y Uribe entró con
ellos al directorio, aunque eso duró poco ya que luego se volvió disidente sin
romper con la esencia del partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento
regional conocido como Sector Democrático junto a su primo y aliado político
Mario Uribe Escobar, movimiento que con el tiempo se transformaría en el
Partido Colombia Democrática también de ideología de ultraderecha fascista
aliado fuerte también de grupos paramilitares y mafias del narcotráfico.
Como asesor ha desempeñado diferentes cargos en las
Empresas Públicas de Medellín, en el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica
Civil, gestiones en las que tuvo graves denuncias de corrupción y favores al
narcotráfico, los mismos que fueron tapados por la justicia, sin seguir las
investigaciones. También sirvió como Alcalde de la ciudad de Medellín durante
(1982), ejerciendo de senador de la República (1986-1994) y, más tarde, de
gobernador de Antioquia (1995-1997), oportunidad que aprovecho para llevarse de
la mano con las mafias del narcotráfico. Posteriormente fue elegido presidente
de la República de Colombia en 2002 y reelegido en 2006, apoyado por los
sectores corporativos empresariales y trasnacionales norteamericanas y la elite
de ultraderecha judío. En 2014 fue elegido como Senador de la República de
Colombia, siempre auspiciado y bajo la sombras de las AUC.
Uribe contaba 28 años cuando fue nombrado Director de la
Aeronáutica Civil por el presidente Julio César Turbay, cargo que ocupó entre
enero de 1980 y el 7 de agosto de 1982. Su función como director consistió en
otorgar licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de
Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia. Esta situación fue aprovechada por Uribe
para realizar favores y proceder a la asignación licencias de pistas a la mafia
y redes del narcotráfico.
El mandato presidencial de Uribe se caracterizó por la
lucha frontal contra los grupos y organizaciones de izquierda en Colombia y una
simulada lucha contra el narcotráfico con la ayuda de EUA, cuya supuesta meta
era eliminar el narcotráfico y las plantaciones de coca bajo un programa de
gobierno denominado política de seguridad democrática que fue amparada en parte
por el Plan Colombia y que fue criticada por sectores de la oposición y
disidentes de izquierda, lo que incremento en gran manera la tasa de muertes en
Colombia. Los resultados de este plan fueron desastrosos en los años de su
gobierno, aumentando las tasas de asesinatos, criminalidad, bandas
paramilitares, un aumento exponencial en las mafias de narcotráfico, en los cultivos
de coca y producción de cocaína , aun con el apoyo de EUA junto a la DEA.
Se lo acusa de promover la impunidad en torno a materias
como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico de los paramilitares de
Colombia. Sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia
iniciado por Uribe, algunos informes de prensa han revelado que algunos de los
desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen
varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de
narcotráfico algo que socapó durante su administración inundada de denuncias.
Debido al proceso de desmovilización con las Autodefensas
Unidas de Colombia se abrió el proceso que se denominó la parapolítica en
Colombia, en las que el mismo gobierno de Uribe estaba involucrado.
En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de
campaña fue nada más y nada menos que Juan Manuel Santos Calderón, que llego a
ser su ministro de defensa, miembro de la millonaria familia Santos, que es
propietaria del grupo CET, a la cual pertenece el diario El Tiempo de Bogotá,
en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el Director y editor en
Jefe de los medios, esta relación le permitió a Uribe tener el control mediático
de los medios en Bogotá y toda Colombia.
ELOGIOS DE LOS GRUPOS DE PODER CORPORATIVOS Y DEL COMPLEJO
MILITAR DE EUA
Durante su periodo de gobierno acepto someter al pueblo
colombiano a los mandatos y dictámenes de la administración norteamericana y su
Complejo Militar Industrial y Financiero-Tecnológico y obedecer a la letra la
estrategia geopolítica-militar de EUA para Latinoamérica, en función a ello es
que acepto albergar en territorio colombiano más de 9 bases militares y
adicionales para varios proyectos de defensa, habilitación de corredores de
narcotráfico operadas por la DEA y para fortalecer el dominio de EUA en su
patio trasero. En premio y agradecimiento a varios de estos favores fue
condecorado varias veces por sus servicios al gobierno americano,
corporaciones, fundaciones y ONGs corporativas, con premios tales como:
La condecoración por el presidente de Estados Unidos
George W. Bush con la Medalla de la Libertad, por sus grandes servicios a EUA.
Doctor Honoris Causa de la Universidad San Ignacio de
Loyola.
Recibió el Premio ‘Revel Líderes del 2020’, otorgado por
la Fundación Revel.
En el canal de televisión de EUA internacional History
Channel fue reconocido como «El gran colombiano»
Fue reconocido como el supuesto mejor dirigente Político
Iberoamericano de la década, premio otorgado por el Comité Editorial del Grupo
Intereconomía.
Mejor Senador del año 2014, otorgado por la Fundación de
Ultraderecha Centro Democrático.
Recibió en Washington el premio al Liderazgo Internacional
otorgado por el Instituto de Liderazgo Hispano dependiente de la NED y el NDI.
CARGOS POR NARCOTRAFICO
En 1980, Uribe ocupo el cargo de Director de la Aviación
Civil, en su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas y permisos de
construcción de pistas de aterrizaje a lo largo y ancho de Colombia
exclusivamente para los carteles del narcotráfico. Sobre este tema Virginia
Vallejo , pareja del capo Pablo Escobar Gaviria en sus declaraciones
publicadas, indica que si no era por Uribe, el cartel de Medellín, estaría aun
transportando los paquetes de cocaína por los ríos y por tierra, en llantas y
por mar nadando hasta Miami, para llevar la cocaína hasta EUA. También confirma
la estrecha relación entre Pablo Escobar y Álvaro Uribe.
De marzo de 1980 a agosto de 1982 fue director del
departamento de Aeronáutica Civil del Gobierno liberal de Julio César Turbay
Ayala. Sus hagiógrafos destacan una intensidad actividad en los poco más de dos
años que estuvo al frente, pero no se refieren a la gestión en la concesión de
licencias de vuelo y de pistas de aterrizaje, que experimentaron un llamativo
incremento del que se beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes.
Entre varios de los escándalos que salieron a la luz tras
las investigaciones realizadas durante su desempeño como servidor público, esta
la que indica que Uribe Vélez, utilizo en una ocasión un helicóptero que le
habría sido prestado expresamente por el narcotraficante Pablo Escobar. El
helicóptero se habría utilizado para intentar rescatar a Alberto y a Santiago,
padre y hermano de Álvaro Uribe, heridos en un ataque de las FARC y un
enfrentamiento entre mafias del narcotráfico que no supo explicar, donde
estaban involucrados familiares suyos.
La llegada del conservador Belisario Betancur a la
Presidencia le supuso el relevo al frente de Aeronáutica, pero se mantuvo en la
administración. En 1982, el Presidente lo nombró alcalde de Medellín; ese mismo
año, Pablo Escobar fue elegido parlamentario en las filas del liberalismo. El
Patrón trató de ganarse apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a
Estados Unidos impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el
respaldo de la Alcaldía:
“como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en
Bogotá por el Alcalde Álvaro Oribe [sic] Vélez, y que consistió, según se supo
luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un
basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar [sic] también adelantó el
programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos”.
Uribe ha negado esos apoyos, pero incluso se ha afirmado
que, a finales de 1982, viajó a reunirse con los cuatro grandes capos (Escobar,
Ochoa, Ledher y Rodríguez Gacha) en el helicóptero que ellos mismos le
facilitaron. Algunos investigadores del pasado de Uribe aseguran que esa fue la
razón por la que Betancur lo relevó en la Alcaldía a los cinco meses, “a Uribe
lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante”. Sin embargo, la
situación se manejó de forma reservada y no truncó la carrera del joven político:
fue elegido concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos años
se fraguó la alianza entre terratenientes, ganaderos y narcotraficantes -tres
facetas que en muchas ocasiones desarrollaba la misma persona-, apoyados por
los caciques políticos locales, para transformar los grupos de autodefensa en
verdaderos escuadrones de la muerte.
En otro escándalo el líder político liberal Rodrigo Lara
Bonilla antes de ser asesinado el 30 de abril de 1984 por las mafias, luego de
que la fuerza pública desmantelara el complejo cocalero en las selvas del Yarí
llamado Tranquilandia, pertenecientes al cartel de Medellín y se encontrara un
helicóptero de propiedad de la sociedad de Uribe y su familia. La hermana de
Lara Bonilla, Cecilia, aseguró en 1984 y bajo juramento que Lara mencionaba a
Uribe y a su padre, como una muestra y ejemplo de la infiltración de las mafias
en las instituciones y la política colombiana. Dijo que lo de Tranquilandia, la
hacienda del cartel de Medellín, era muy grave y comprometía gente muy
importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en
Tranquilandia era de la familia Uribe Velez en este caso del papá de Álvaro
Uribe Vélez”.
El hijo de Rodrigo Lara Bonilla y miembro del gobierno de
Uribe como Zar Anticorrupcion, declaró que se había ocultado ese expediente de
investigación. Dos días antes renunció a su cargo aduciendo motivos familiares.
Uribe no respondió al testimonio. Gaviria es primo del extinto capo del narcotráfico
Pablo Escobar quien era uno de los dueños de Tranquilandia. Dicho lazo familiar
entre el asesor José Obdulio Gaviria y el capo Escobar ha provocado
controversias. En diciembre de 2007 el embajador de Colombia en Londres renunció
a su cargo tras un informe del semanario El Espectador donde se informaba que
el hermano de Obdulio Gaviria había estado relacionado con el pagador de los
sicarios paramilitares que asesinaron a Guillermo Cano, Pedro Medellín está
casado con la hija del asesinado periodista.
En el 2002 Uribe respondió indicando que su padre fue
socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía varias fincas en el
Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Él utilizaba
ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando fue asesinado por las mafias
ese helicóptero quedó y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa
empresa y esa empresa salió ese helicóptero.
Uribe es investigado por haber tenido estrecha relación
con el Cartel de Medellín y haber fomentado agresivamente el paramilitarismo en
Colombia. Se presentaron diferentes controversias y críticas a Uribe, su
entorno familiar y de gobierno, su desempeño en diferentes funciones públicas o
políticas junto a una relación íntima al narco paramilitarismo. Uribe también
es investigado por recibir apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia en
actividades políticas y apoyo financiero en casi todas las zonas de dominio de
las FARC y ELN.
Investigaciones y denuncias realizadas por senadores,
diputados y periodistas, muestran que existieron relaciones entre Alvaro Uribe
y su familia con miembros del cartel de Medellín, basándose en archivos de
periodísticos de la época y en un informe confidencial del Departamento de
Estado de E.U. en el que se acusaba a Uribe de haber sido colaborador del
cartel de Medellín y de haber sido partícipe de la expansión del
paramilitarismo en Colombia.
De otro lado, la revista Newsweek reveló sus nexos con el
cartel de Medellín al constatar que Uribe fue incluido en una lista de la DIA
(Defense Intelligence Agency) en septiembre de 1991 con el número 82 de
narcotraficantes, lista en la que Pablo Escobar también aparece con el 79. Este
informe, luego fue reservado por el gobierno de Estados Unidos para proteger a
Uribe y a sus intereses. Pero aun así aparece en varios Informes de Seguridad
Nacional del Departamento de Defensa de EUA, donde se realiza una investigación
de más de 124 delincuentes, relacionados con el narcotráfico colombiano, entre
los 100 de la lista se destaca su nombre como el número 82, señalado en la
investigación como político colombiano colaborador estrecho del cartel de
Medellín, en los altos niveles de gobierno.
Uribe Vélez, se vinculó también a un negocio involucrado
al negocio de los narcóticos en los EUA, con nexos con el cartel de Medellín y
ha sido íntimo colaborador de Pablo Escobar Gaviria.
El 20 de febrero del 2007, el Diario Clarín de Argentina
publicó una nota firmada por Pablo Biffi, titulada “Los vínculos de Uribe”. En
ella el periodista citó a medios de comunicación como fuente para sugerir
relaciones eventualmente ilegales o reprochables del Presidente Uribe con
respecto al cartel de Medellín y al paramilitarismo.
Existen serias acusaciones que involucran al padre de
Uribe, Alberto Uribe Sierra con la Familia Ochoa, quienes hacían parte del
cartel de Medellín, él cual había sido pedido en extradición por el gobierno
norteamericano, como se afirma en el libro Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio
Castillo. Uribe en una entrevista reconoció e indico que lo que unía a la
familia Uribe y la familia de Fabio Ochoa Vasco, era una amistad, negocios y
los caballos. Sin precisar qué tipo de negocios. Esto se confirma cuando Uribe
recibe financiamiento para su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de
los extraditables más buscados del mundo, el mismo capo luego lo confirma ante
los medios en Junio del 2007, indicando inclusive que fondos destinados a los
paramilitares del narcotráfico fueron destinados a la campaña de Uribe.
El 18 de septiembre del 2014, Uribe, actual senador
ultraderechista, fue acusado de supuestos nexos con paramilitares y
narcotraficantes, en un intenso y largo debate en el Congreso. La discusión fue
promovida por el senador Iván Cepeda, quien presentó pruebas de sus
afirmaciones desde el inicio de la vida pública de Uribe en los años 80 hasta
su llegada a la presidencia, que ocupó entre 2002 y 2010. “Como parte de las
conductas de Uribe que se deben investigar hay decisiones que claramente han
beneficiado al narcotráfico y al paramilitarismo”, dijo Cepeda, legislador en
la Comisión Segunda del Senado.
Mencionó como ejemplos la concesión de licencias de aviación
a personas relacionadas con el tráfico de drogas, la legalización de empresas
de seguridad dirigidas por jefes de milicias ilegales de extrema derecha y la
defensa del referendo contra la extradición durante el auge de los cárteles del
narcotráfico en los años 90. Entre las pruebas contra Uribe, Cepeda señaló que
el ex mandatario fue miembro principal de la Junta Directiva de la empresa del
banquero del Cártel de Medellín Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el
homicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
Mostró vínculos del ex gobernante, o de familiares
cercanos, con narcotraficantes como Pablo Escobar, capo del Cártel de Medellín,
la familia Ochoa y el clan de los Cifuentes Villa. Cepeda indicó que presentará
todos los documentos a la Corte Suprema y a la Fiscalía.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo,
afirmó durante un debate de control político celebrado en el Senado que Uribe
colaboró con el narcotraficante Pablo Escobar y contribuyó a la expansión de la
violencia paramilitar en Colombia.
Le acusó de haber otorgado licencias para aterrizar en
Medellín a avionetas del cartel de Escobar cuando era director de la Aeronáutica
Civil (1981-1982), y de haber sido miembro “de la Junta Directiva de una
empresa de Luis Carlos Molina”, condenado por el homicidio en 1986 de Guillermo
Cano, el director del periódico ‘El Espectador’.
Además, según el parlamentario, el hermano del
expresidente, Jaime, mantuvo una relación sentimental con Dolly Cifuentes, del
clan Cifuentes Villa, que “en la actualidad sería proveedor de cocaína y
desempeñaría las tareas de lavado de activos para el cartel de Sinaloa”.
Cepeda presentó al Senado documentos, grabaciones y vídeos
con pruebas y testimonios de exjefes paramilitares.
Uribe no puede ser investigado al haber sido presidente
durante dos legislaturas, pero sí puede serlo, en su rol de senador, por la
Corte Suprema del país.
Además de la disputa con Cepeda, Uribe acusó al presidente
de la Comisión Segunda, el senador Jimmy Chamorro, de haber recibido dinero de
narcotraficantes y aseguró que entregará las pruebas que lo demuestran.
Chamorro está seguro de que el material probatorio no existe. “Rechazo
igualmente, por absolutamente mentirosas y calumniosas, las alusiones del
senador Uribe a la existencia de una relación de cheques que supuestamente yo
habría recibido del narcotráfico”, indicó Chamorro, citado por Radio Caracol.
Uribe también la emprendió con el exsenador y actual
vicepresidente Germán Vargas Lleras, que acusó a su hermano Santiago Uribe de
urdir un complot paramilitar. Además, Uribe arremetió contra el actual ministro
del Interior, Juan Fernando Cristo, por “tramitar” cheques del cartel del
Valle.
Otro escándalo que compromete a Uribe con pruebas
documentadas es el referido a quien fuera su Jefe de campaña y también íntimo
colaborador, Pedro Juan Moreno Villa, es el dueño de GMP productos químicos
considerado por el Servicio Aduanero de los EUA, como mayor importador en Colombia
del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína.
Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como
ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en
materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” desde que en 1997 y
1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres
sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes,
portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico
clave, necesario en la manufactura de cocaína (ver “Álvaro Uribe, el Narcotráfico
y el Cartel de Medellín”.
De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA
Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín,
Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos.
Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP
eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un
valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos,
de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe
de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como
Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía
Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después
de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de
contrabando.
Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia – cuya
capital es Medellín – de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno.
Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall,
“entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de
permanganato de potasio en Colombia”.
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven
licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica
Civil de Colombia entre 1980 y 1982.
En enero 2014 , la cuñada de Álvaro
Uribe fue extraditada a EE.UU.
fue operaria del ‘Chapo’ Guzmán según las investigaciones. Dolly Cifuentes,
integrante del clan Cifuentes Villa, permaneció casada 15 años y tuvo dos hijos
con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del ex presidente. Fue extraditada por
narcotráfico a EE.UU.,
donde se declaró culpable.
Dolly Cifuentes Villa de Uribe se declaró culpable en uno
de cinco cargos de narcotráfico que le hizo una Corte Federal del sur de la
Florida (Estados Unidos). Esta colombiana fue señalada de ser socia directa del
narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,
jefe del Cartel de Sinaloa.
Tras ser extraditada de Colombia a Estados Unidos,
Cifuentes Villa se declaró culpable de “asociación ilícita para fabricar y
distribuir cocaína consciente de que la droga iba a ser importada a los Estados
Unidos”. Sin embargo, no aceptó otros cuatro cargos sobre fabricación e
importación de drogas desde Colombia y Guatemala.
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El caso fue abierto en 2006, cuando las autoridades
norteamericanas comenzaron a investigar a la familia colombiana Cifuentes
Villa. Encontraron que los hermanos Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho’
Cifuentes, Jorge Cifuentes Villa, alias ‘Jota’, y Dolly Cifuentes Villa de
Uribe, alias ‘La Meno’ habían creado rutas para distribuir toneladas de cocaína
desde Colombia hasta México y Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía
Federal, la familia Cifuentes Villa se asoció con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder
del cartel de Sinaloa. Mientras tanto, para las autoridades colombianas Dolly
Cifuentes era la encargada de ‘blanquear’ el dinero de la venta de cocaína a
través de empresas ficticias y de bienes raíces, tanto en Colombia como en
Panamá y México.
La defensa de Dolly Cifuentes Villa estuvo a cargo de
Bonnie Klapper, una ex fiscal federal conocida por haber encarcelado a grandes
narcotraficantes del mundo de la última década. La contratación de esta
abogada, que pasó de acusar delincuentes a defenderlos, le significó a
Cifuentes Villa un éxito judicial que causó asombro en Estados Unidos: la jueza
de la causa, Joan Lenard, la condenó a escasos cuatro años de cárcel. Para la
prensa norteamericana resultó bastante particular que la jueza accediera a
muchas de las peticiones de la ex fiscal. Una de ellas fue la de sacar de la
sala de audiencias a todos los periodistas que acudieron a cubrir el juicio,
alegando razones de seguridad de la familia Cifuentes Villa. Además, de los
cinco cargos que estaban preparados contra ella apenas se le imputaron dos que
en la justicia norteamericana suelen castigarse hasta con prisión perpetua.
Durante los ocho años del gobierno de Alvaro Uribe Vélez
(2002-2010) no hubo ninguna clase de acción policial ni judicial contra el clan
de la cuñada del presidente.
Dolly Cifuentes y Alberto Uribe Vélez
Dolly Cifuentes Villa, apodada ‘La Meno’, es la mamá de
Daniel Alberto Uribe Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes, quien también fue
buscada por los mismos delitos de Narcotráfico de la madre. El papá de Ana María
y Daniel Alberto es el hermano menor del ex presidente Uribe Vélez, el difunto
agrónomo Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido en Medellín con los
alias ‘Arepa’ ó ‘El Pecoso’, con cédula de ciudadanía colombiana número
15367461. Jaime Alberto, murió de cáncer en la garganta en Medellín el 24 de
septiembre de 2001 y sus restos mortales reposan en un osario en la cripta de
la parroquia de Santa Teresita, en Medellín.
En la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
hubo revuelo cuando este periodista intentó reconfirmar los nombres de los
padres de Ana María Uribe Cifuentes: Dolly Cifuentes Villa y Jaime Uribe Vélez.
Inicialmente, se informó de manera extraoficial que la tarjeta decadactilar
correspondiente había desaparecido de los archivos de registro civil.
Posteriormente, se informó que existía una copia auténtica microfilmada en uso
de buen recaudo. La cédula de ciudadanía de la sobrina de Álvaro Uribe Vélez,
de acuerdo con la Fiscalía Federal de Estados Unidos, es la 43162647, expedida
en Medellín.
El registro civil de nacimiento de Ana María Uribe
Cifuentes está radicado en la notaría 15 de Medellín bajo el número 5953052,
según copia que posee este periodista. Allí consta que nació el 1 de febrero de
1980, en la clínica San Pedro Claver, de Medellín. Su madre, Dolly Cifuentes
Villa, fue inscrita para la época como “estudiante” y el padre, Jaime Alberto
Uribe Vélez, como “agrónomo”. La pareja matrimonial registró como lugar de
residencia la calle 52 número 40 -156, de Medellín.
Hijos y sociedad conyugal
Jaime Alberto Uribe Vélez, dio fe por escritura pública el
22 febrero de 1994, ante el notario 17 de Medellín, que en esa fecha tenía “sociedad
conyugal vigente” con la colombiana Dolly de Jesús Cifuentes Villa.
Dolly de Jesús Cifuentes y Jaime Alberto Uribe Vélez
confirmaron su “sociedad conyugal vigente” al firmar la escritura pública número
310 por medio de la cual adquirieron por valor de 52 millones 915 mil pesos
colombianos el apartamento 701 del edificio Altobelo, situado en la carrera 36ª
No. 12 A – 21, de Medellín, fracción El Poblado (ver facsímil abajo).
El apartamento, de 295 metros
cuadrados y tres parqueaderos, fue adquirido por la pareja para el segundo hijo
del matrimonio, Daniel Alberto Uribe Cifuentes (ver http://bit.ly/LBlRY9), quien para entonces
tenía cuatro años de edad, 10 menos que su hermana Ana María Uribe.
El apartamento fue vendido a la pareja Uribe Vélez-
Cifuentes Villa por Benjamín Harold Cadavid Elejalde, con cédula de ciudadanía
colombiana número 3.311.120, expedida en Medellín.
La relación Uribe Vélez-Cifuentes Villa se inició antes
del nacimiento de Ana María Uribe en febrero de 1980 y en febrero de 1994
continuaba, para entonces con dos hijos y “sociedad conyugal vigente”, dice la
escritura mencionada.
Jaime Alberto Uribe Vélez, difunto hermano del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, no tuvo solamente un hijo sino dos hijos (Ana
María y Daniel Alberto) con Dolly de Jesús Cifuentes Villa. El segundo hijo del
matrimonio Uribe Vélez con Cifuentes Villa es Daniel Alberto Uribe Cifuentes.
Contra él no hay requerimientos de la justicia de Estados Unidos ni de la
colombiana. Nació en Medellín el 5 de octubre de 1990 a las 8 de la mañana, en
la Clínica Soma.
Fue registrado en la notaría Octava de Medellín el 19 de
diciembre de 1991. De acuerdo con el documento de inscripción en el Registro
Civil, el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, aparece como comerciante de profesión
y la madre como analista de sistemas.
No obstante que la unión de su hermano Jaime Alberto con
Dolly de Jesús Cifuentes duró por lo menos 15 años, de acuerdo con la escritura
mencionada, el expresidente Uribe optó por desconocer a su cuñada y a su
sobrina mayor, hoy con 32 años de edad.
La extradición
La extradición de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por
la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero
curiosamente fue suspendida en mayo del mismo año por medio de una resolución
del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. No obstante, el jueves 7 de
junio de 2012 Presidencia de la República reinició su proceso de extradición.
Mientras tanto, por el lado de Ana María Uribe Cifuentes,
una fuente autorizada del alto gobierno en Colombia que pidió no ser
identificada sostuvo que el paradero de la sobrina del expresidente Álvaro
Uribe Vélez era desconocido, a pesar de que se suponía la mujer debía estar
presa en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, de Bogotá.
El expediente de extradición de Ana María Uribe Cifuentes,
nacida en Medellín el 1 febrero de 1980, no aparece en la Corte Suprema de
Justicia de Colombia, donde debería estar radicado. Nadie tiene allí una
explicación, pese a que fue arrestada correctamente en Medellín por la Fiscalía
General de la Nación con fines de extradición y a instancias expresas del
Gobierno de Estados Unidos.
Según las investigaciones Dolly Cifuentes Villa y Ana María
Uribe Cifuentes pertenecen al clan familiar Cifuentes-Villa que, de acuerdo con
la DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre los años
2009 y 2011. Pero que, además, lavó dinero del narcotráfico en Colombia,
Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
La Presidencia de Colombia ha expresado desde junio de
2012 desconocer el paradero de Ana María Uribe y tampoco ha tenido una
explicación al hecho de que no aparezca su expediente de extradición.
El Instituto Penitenciario de Colombia, INPEC, no respondió
a este periodista un pedido de información de Ana María Cifuentes. Tampoco
indicó en qué cárcel se podría encontrar.
Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María Uribe aparecen
en la “Lista Clinton” del gobierno de Estados Unidos. En ella, Washington
recoge los nombres de empresas y personas vinculadas al narcotráfico y el
terrorismo alrededor del mundo con las cuales los ciudadanos estadounidenses
tienen prohibido hacer negocios.
La extradición a Estados Unidos de Dolly Cifuentes Villa
fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de
2012. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, autorizó la extradición
de la colombiana el 6 de agosto de 2012. Algunas fuentes se atreven a decir que
esta determinación, aumentó del todo la distancia entre Álvaro Uribe y Santos.
Sin embargo, en el acuerdo sellado entre Colombia y Estados Unidos quedó
estipulado que Cifuentes no puede enfrentar una condena a cadena perpetua ni a
muerte.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México
indicó que Ana María Uribe operaba con “los colombianos Mauricio Bárcenas
Rivera, Omar Mejía Zuloaga y el ecuatoriano-uruguayo Jesús María Castro”.
Los antecedentes
Dolly Cifuentes, nacida en Medellín el 14 de junio de
1964, posee la cédula de ciudadanía colombiana número 43020313. Fue arrestada
en Medellín el 6 de agosto de 2011 por pedido diplomático de la justicia
estadounidense, mientras su hija Ana María Uribe cayó en poder de las
autoridades, también en Medellín, un mes después.
La Policía Nacional de Colombia indicó que Dolly Cifuentes
Villa “era la encargada del lavado de dinero proveniente de las actividades de
narcotráfico del cartel de Sinaloa mediante la constitución de empresas de
importación con oficinas en Colombia, Panamá, México, Brasil y Estados Unidos”
A Dolly Cifuentes las autoridades estadounidenses le
encontraron en Colombia “32 empresas nacionales y 17 con sede en el exterior,
de propiedad de su familia”, informó la Policía de Colombia. Estos bienes se
encuentran en proceso judicial de expropiación.
Tales empresas, agregó la misma fuente, están “avaluadas
en más de 200 millones de dólares” y sus utilidades “permitieron acumular
abundantes riquezas representadas en bienes raíces”.
La Fiscalía General de Colombia explicó que “entre los
bienes afectados hay 255 inmuebles, 11 establecimientos comerciales, 33
establecimientos de comercio y acciones de un club de Bogotá”.
La Fiscalía colombiana agregó que la mayor parte de las
propiedades de este clan, “están en cabeza de los hermanos Jorge Milton e
Ildebrando Cifuentes Villa, quienes tienen orden de captura, y Dolly Cifuentes
Villa”. Esos bienes, de acuerdo con la misma fuente, se encuentran en “Bogotá,
Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Montería”.
Ana María Uribe lideró presuntamente actividades
criminales, entre otras, a través de la compañía Cifuentes Uribe y Compañía
S:C:S., (hoy en disolución) consagrada al comercio de finca raíz.
La primera resolución de acusación o “indictment” hecha
por el gobierno de los Estados Unidos contra Dolly Cifuentes y su hija Ana María
Uribe fue la 07-20508-CR LEONARD, dictada el 4 de noviembre de 2010 por la
Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Otro pedido más de Estados Unidos
contra ambas mujeres y su clan es el 11-CR-101, de febrero 3 de 2011, emanado
de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El Clan Cifuentes Villa
El Clan Cifuentes Villa (ver http://bit.ly/JRx1bF ), de acuerdo con la agencia
estadounidense antidrogas, DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30
toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y posee bienes y empresas en Colombia,
Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
Madre e hija, según la DEA, hacen parte del clan
delincuencial y familiar conocido como el de los Cifuentes Villa, una familia
del departamento de Antioquia, Colombia. Desde su creación, en los años 80, el
líder de este grupo fue Fernando Cifuentes, quien trabajó como sicario para
Pablo Escobar y el también narcotraficante Hernando Henao alias ‘El Hombre del
Overol’.
El 6 de noviembre de 1996, por orden de Henao, Fernando
Cifuentes asesinó en el centro comercial de Bogotá Hacienda Santa Bárbara al célebre
gánster Efraín Hernández, alias ‘Don Efra’.
Fernando Cifuentes Villa fue asesinado días más tarde por
el propio Henao y su socio criminal Wilmer Varela, alias “Jabón”, para tratar
de borrar el rastro del homicidio de ‘Don Efra’.
Tras la muerte de Fernando, la jefatura del clan fue
asumida por su hermano menor Francisco ‘Pacho’ Cifuentes Villa. Este, de
acuerdo con la Policía de Colombia, “en los años 80 y 90 se convirtió en piloto
personal y hombre de confianza del entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo
Escobar Gaviria”.
El clan de los Cifuentes creció a lo largo de los ochos años
de los dos períodos presidenciales consecutivos de Uribe Vélez (de agosto de
2002 a agosto de 2010). No obstante, Francisco “Pacho” Cifuentes Villa fue
asesinado en abril de 2007 en su hacienda Villa Aurora, situada en la localidad
de Caucasia, Antioquia, por orden del narcotraficante de Medellín Diego
Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
El homicidio, de acuerdo con la Policía Colombiana, fue
cometido porque Francisco Cifuentes Villa le negó a ‘Don Berna’ permiso para
utilizar una pista aérea que poseía a orillas del Océano Pacífico, en Bahía
Cupica, departamento de Chocó.
La DEA y la Policía colombiana descubrieron que Francisco
Cifuentes Villa también tenía en Bahía Cupica una planta contigua procesadora
de pescado en la que empacaba cocaína que desde su pista propia le enviaba al
cartel mexicano de Sinaloa, del que se hizo socio además de proveedor.
Cuando ordenó el asesinato de Francisco Cifuentes Villa, “Don
Berna” usó pistoleros de su organización sicarial, la multinacional del crimen
conocida como ‘Oficina de Envigado’. Un centro de operaciones criminales creado
en los mejores días de Pablo Escobar y su jefatura suele ejercerla por tradición
quien logra ser el máximo jefe de turno del narcotráfico en el departamento de
Antioquia.
Tras asesinar a Cifuentes, ‘Don Berna’ hizo saber que se
preparaba para exterminar al clan de los Cifuentes Villa, incluida la sobrina
del expresidente. Aunque “Don Berna” se encontraba preso y aislado en una cárcel
de máxima seguridad, el 13 de septiembre de 2007 el entonces Presidente Uribe Vélez
impartió una orden sin antecedentes cuyo cumplimiento supervisó él mismo:
trasladar a ‘Don Berna’ a una fragata de la Marina de Guerra para mantenerlo
completamente incomunicado en alta mar, en aguas del Pacífico.
Mediante comunicación de prensa, el 13 de septiembre de
2007 las Fuerzas Militares de Colombia informaron que otro narcotraficante
llamado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ fueron trasladados
de la cárcel de Cómbita a buques-prisión de la Armada”. El comunicado militar
especificó: “En el caso de ´Macaco´, el traslado se hizo porque el Gobierno
conoció pruebas de que continuaba delinquiendo desde la cárcel. En el caso de ´Don
Berna´ se adujeron razones de seguridad”.
Ambos delincuentes en aquella oportunidad delegaron su
vocería en la controvertida congresista y aliada política del entonces
Presidente Uribe, Rocío Arias, quien luego perdió su puesto en la Cámara de
Representantes y fue sentenciada a prisión por la Corte Suprema de Justicia que
la halló culpable de pertenecer a escuadrones de la muerte del narcotráfico de
extrema derecha. La misma suerte corrió con una treintena de congresistas
integrantes de las bancadas de Uribe en el Senado y la Cámara baja, entre ellos
su primo Mario Uribe.
Tiempo después, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ fueron llevados a
la penitenciaría de Cómbita (al norte de Bogotá), reputada como la más segura
de Colombia. Allí permanecieron hasta que fueron extraditados a Estados Unidos
por múltiples delitos, principalmente narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos
recientemente ofreció rebajas de penas a los narcotraficantes y paramilitares
colombianos extraditados a ese país a cambio de que confiesen la totalidad de
los crímenes que cometieron en Colombia, además de narcotráfico, y
desenmascaren a quienes fueron sus aliados.
Hermanos Uribe Vélez
Jaime Alberto Uribe Vélez, el padre de Ana María, fue
apresado en 1986 por tropas de la IV Brigada del Ejército de Colombia porque
desde su radio-teléfono la inteligencia militar registró llamadas a Pablo Escobar
pero nunca fue juzgado por este caso.
Otro hermano de Uribe, Santiago Uribe Vélez, tiene abierto
un expediente en la Fiscalía General de Colombia. Es señalado de haber
organizado y liderado el escuadrón de la muerte conocido como “Los Doce Apóstoles”,
responsable de al menos medio centenar de asesinatos. El principal testigo de
cargo en este caso es el ex mayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses,
quien ha confesado su participación en varios de los crímenes del grupo
paramilitar que tenía su base de operaciones en la hacienda “La Carolina”,
propiedad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos, los que habrían
formado un clan familiar de la muerte.
Meneses y otros testigos que dicen haber pertenecido a “Los
doce apóstoles” sostienen que en aquella hacienda existen fosas comunes con los
restos mortales de víctimas de la organización.
ANTECEDENTES EN LA DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY
Ficha de cargos del Departamento de
Estado de EUA y Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence
Agency) sobre Álvaro Uribe Vélez
Tipo: Confidencial.
Fecha: Septiembre 1991.
Informe clasificado : Confidencial.
Origen : Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA.
Defense Intelligence Agency).
Narcotraficante en lista Nro. 82.
Nombre: Álvaro Uribe Vélez.
Actividad actual: Político colombiano y senador.
Sindicación: Dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín
a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios
relacionados con las drogas en Estados Unidos.
Otros vínculos: Su padre fue asesinado en Colombia debido
a sus conexiones con los carteles y traficantes de drogas. Uribe ha trabajado
para el Cartel de Medellín y ha sido amigo personal y colaborador cercano de
Pablo Escobar Gaviria.
Uribe ha participado en la campaña política de Escobar
para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido
uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del
Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos).
Este file criminal de Uribe fue
extraído de un Informe clasificado como Confidencial del Departamento de
Defensa deEE.UU. (DIA – Defense Intelligence Agency – Agencia
de Defensa e Inteligencia).
CARGOS POR PARAMILITARISMO
Su gobierno ha sido criticado por la multiplicidad de
violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas críticas han venido de
diversas organizaciones sociales. Inclusive la organización de derechos humanos
Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su
preocupación por ese mismo tema, ante lo cual nada se ha hecho aun a pesar de
la cantidad de pruebas de múltiples asesinatos que comprometen a Uribe al mejor
estilo de las GAL de España donde se encontraba involucrado Felipe Gonzales.
Durante 2005, se desató en Colombia una serie de
investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos
funcionarios del gobierno de Uribe y ha él mismo con grupos paramilitares
ilegales colombianos como las autodefensas unidas de Colombia – AUC, en lo que
se denominó la “Parapolítica”. A este proceso se le conoce como el escándalo de
la parapolítica. Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían
beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación, asesinatos y la
acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos
habrían presuntamente alcanzado inclusive cargos en alcaldías, consejos,
asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y
otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y
funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y
conformación de grupos armados ilegales denominados paramilitares y habrían
filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos
dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, construcción de
fosas comunes como la denominada Gran Fosa Uribe con más de 10.000
desaparecidos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales también
graves y considerables que tenían por objetivo extender el poder parapolítico
de Uribe en el territorio nacional colombiano.
El 17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de
la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, Uribe llamó
falsamente y con hipocresía a los congresistas y funcionarios públicos a
declarar si tenían nexos con los paramilitares, declarando que la
responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones y
reiteró la invitación sarcástica a los paramilitares para que digan si tuvieron
nexos con él.
Entre los funcionarios investigados se encuentran Jorge
Aurelio Noguera Cotes ex director del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) y excónsul en Milán; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado
embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y
ex embajador encargado en Chile. El congresista Mario Uribe Escobar, primo del
presidente y uno de sus principales aliados políticos, también fue vinculado a
una investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. A grupos de políticos
y empresarios relacionados a un entorno paramilitar.
Jorge Noguera, también amigo muy cercano a Uribe, trabajo
activamente en su campaña política, luego ocupo el cargo de Director del DAS, y
salió por ser acusado de favorecer a grupos de autodefensa paramilitares y a
peces gordos del narcotráfico a quienes se brindaba protección en combinación
con la DEA, así lo denuncio el ex jefe de informática del DAS Rafael García.
Otro escándalo es el relacionado a José Obdulio Gaviria,
miembro del equipo de trabajo del entorno cercano de Uribe, consejero y hombre
de confianza, pero que resultaba ser, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
Cargos por Caso falsos Positivos
En 2008 estalló uno de los mayores escándalos del gobierno
de la administración Uribe Vélez que lo podrían llevar directamente a cumplir
cadena perpetua en base a una dictamen de la CPI, el caso de los denominados
Falsos Positivos, o ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes directas
de Uribe y su gobierno, ejecuciones que suman a más de 10.000 muertes. En este
caso, se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles
inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar
así resultados en la lucha contra los grupos insurgentes. Los detenidos era
maniatados, fusilados, descuartizados salvajemente y luego enterrados en fosas
comunes. Dicha violación de los Derechos Humanos por parte de las FFMM, implicó
la renuncia del comandante del ejército en ese momento, el general Mario
Montoya y la destitución de varios oficiales y suboficiales bajo las órdenes de
Uribe. Alarmantes cifras muestran más de 10.000 víctimas de tales crímenes,
catalogados como de lesa humanidad y han encendido las alarmas en organismos
internacionales y de derechos humanos. La CPI ha manifestado, de manera
reciente, que hay suficiente base para afirmar que se trató de una política de
estado (terrorismo de estado) del gobierno narco paramilitar de Uribe, quien es
investigado por dicho tribunal, junto con miembros de la fuerza pública y sobre
el que pesan actualmente acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel
Santos aún están bajo investigación sin prosperar nada claro debido a las
fuertes presiones del poder paramilitar y el narcotráfico sobre la justicia
colombiana. Y se multiplican las denuncias en contra de Uribe por las acciones
criminales realizadas contra los grupos sociales más pobres y por el número de
muertos. La situación conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a jóvenes
inocentes y fueran mostrados luego como terroristas para inflar sus resultados
operacionales de la estrategia Uribe Vélez.
En septiembre 2015, bajo una orden internacional de la
CIDH, la Fiscalía colombiana continúa avanzando en las investigaciones por las
ejecuciones extrajudiciales, también denominadas ‘falsos positivos’, durante el
régimen de Uribe. De hecho, avanza a pasos agigantados, al punto de que este miércoles
sorprendió a 22 uniformados del Ejército a quienes capturó por estos hechos
criminales, los llamados falsos positivos.
Con las órdenes de captura en mano, los fiscales
detuvieron a 22 uniformados en Antioquia y Cesar, dentro de las investigaciones
que indican que 18 campesinos fueron presentados como guerrilleros caídos en
combate.
De los detenidos, ocho irán a juicio y 12 están llamados a
indagatoria, dentro de las investigaciones por los hechos en los que fueron
presentados 18 campesinos, en Antioquia y Cesar, como presuntos muertos en
combate.
La directora de Articulación de Fiscalías Especializadas,
Katerina Hyeck, reveló que los casos vienen desde el 2004 y entre los llamados
a juicio hay dos oficiales de alto rango: el teniente coronel Jair Arias Sánchez,
comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento en Bucaramanga, y el teniente coronel
(r) William Roberto del Valle, ya detenido y quien tiene una condena en su
contra por ‘falsos positivos’.
“La investigación se desprende por ejecuciones
extrajudiciales que se registraron en el 2004 en Antioquia, por el asesinato de
dos personas, un obrero y un hombre con problemas psiquiátricos”, señaló la
fiscal.
De acuerdo con la investigación, el 29 de septiembre del
2004, tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4, adscrito a la Cuarta
Brigada del Ejército, fueron sorprendidas por guerrilleros de las FARC, en la
vereda San Gregorio en Nariño (Antioquia), con un resultado que arrojó dos
guerrilleros abatidos, así como la incautación de material de guerra e
intendencia.
Las personas que los uniformados reportaron como muertos
en combate habían sido declaradas desaparecidas por parte de sus familiares en
el municipio de La Ceja (Antioquia). Fueron identificadas como Julio César
Molina Ríos y Diego León Montoya López.
En este caso, la Fiscalía a cargo del proceso, además de
llamarlos a juicio, envió copias a fin de que sean investigados por fraude
procesal y falso testimonio. También están vinculados seis militares más: un
capitán, un sargento segundo, un mayor y tres soldados profesionales -uno de
ellos retirado.
Pero el anuncio de la Fiscalía no se quedó en este caso,
fue más allá y ordenaron 14 capturas con fines de indagatoria en contra de
miembros de la fuerza pública y dos civiles.
La medida se tomó en medio del caso del homicidio de 16
personas que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, en hechos
registrados en el Batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, con
sede en La Jagua de Ibirico (Cesar).
Dicho proceso se inició tras la denuncia de varios
miembros de la fuerza pública en la que revelaron como se organizaron dentro
del batallón para contactar a los particulares que se encargarían del
reclutamiento de las víctimas.
Luego se organizó el pago de las recompensas y la
presentación de esas muertes en supuestos combates durante el desarrollo de
aparentes operaciones militares emitidas por la comandancia de esa unidad
militar.
Lo que sí está claro es el involucramiento y vinculación
de los más altos niveles del gobierno de Uribe Vélez en los crímenes incluyendo
a quien fuera su ministro de defensa Juan Manuel Santos quienes no pueden negar
que coordinaban y ordenaban las operaciones de asesinatos.
Caso Convivir
Para nadie es ya un secreto que el mismo Uribe creo,
promocionó y defendió las CONVIVIR, como los supuestos actores de seguridad
privada, esto permitió luego su consolidación como grupos paramilitares
legalizados. Dada su relación con el Estado en éste caso Uribe, es quien asume
la responsabilidad de los actos realizados por las agencias de seguridad
privadas según la (Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Es una desconcertante la fallida desmovilización de los
Paramilitares, que conllevaron a la creación de las BACRIM, dado que sus
actores siguieron delinquiendo. Y la también falsa desmovilización de algunos,
el caso de los supuestos 62 ex paramilitares de los que en verdad la gran mayoría
recibió dinero para fingir ser paramilitares.
Uribe fue acusado con apoyo de documentación, en un debate
en el Congreso de Colombia por el senador del Polo Democrático Alternativo
(PDA), Gustavo Petro, donde se lo acusa a Uribe de ser uno de los principales
promotores del paramilitarismo en Colombia debido a su apoyo decisivo a las
fuerzas de seguridad paralelas CONVIVIR, que al final resultaron ser fuerzas
paramilitares al servicio y para protección del narcotráfico, todos legalizados
por Uribe. Según Petro, en la finca ‘Las Guacharacas’, de propiedad del
Presidente Álvaro Uribe, llegó la CONVIVIR Cóndor dirigida por Juan Villegas
Uribe quien tenía contacto permanente con alias ‘Lucas’, un reconocido jefe
paramilitar de la zona. Petro afirmó que en esa finca se ejecutaron asesinatos
de varios campesinos y se los sepulto en fosas comunes.
El senador Petro denunció a Santiago Uribe Vélez, hermano
del presidente Uribe de tener nexos con el Cartel de Medellín, después de
mostrar una fotografía de él con Fabio Ochoa Vásquez, miembro de ese cartel.
Petro afirmó que la foto era del año 1985 fecha en que Ochoa ya era perseguido
por la justicia internacional. Luego afirmó que en la finca La Carolina,
propiedad de la familia de Uribe, los paramilitares montaron una base de
operaciones para planificar y ejecutar asesinatos masivos y selectivos. Los
paramilitares tomados de la mano de la mafia asesinaron a centenares de decenas
de miembros de la Unión Patriótica, UP, a dirigentes de izquierda y a
reconocidas figuras de los partidos tradicionales como Luis Carlos Galán. En
esta espiral de violencia, terminaron derribando el avión de Avianca y colocándole
un carro bomba al DAS.
Petro mencionó que en Antioquia operaron unas ochenta y
dos cooperativas de CONVIVIR entre 1995 y 1997 financiadas por Uribe, dando
cuenta de que entre dichas cooperativas de seguridad rural actuaron varios políticos
funcionales a Uribe, entre otros, como responsables de dichas organizaciones,
Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos,
Rodrigo Peludo Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche
y varios familiares de Enilce López, conocida con el alias de “la gata”. Varios
de estos acusados residen actualmente en Panamá o Miami o se campean aun dentro
de la misma Colombia apadrinados por el gobierno norteamericano.
Petro analizó en particular el accionar de la Convivir El
Condor, que actuó en la región de San Roque (Antioquia), y según su exposición
hubo algunas reuniones de paramilitares que supuestamente se realizaron en la
finca “Guacharacas”, de propiedad Uribe y su familia. Así mismo insistió en la
creación del grupo armado “los doce apóstoles” que lideraba Santiago, hermano
del presidente Uribe. Petro concluyó que la ‘Creación de CONVIVIR por Uribe fue
el premio a paras’ en 1994, en alianza con el cartel de Cali y el Estado
colombiano que estuvo tras el asesinato de Pablo Escobar.
Para Uribe, la participación significaba esencialmente la
implicación de la población civil en tareas de seguridad de tipo paramilitar,
por lo que se convirtió en el más firme impulsor de las Cooperativas de
Seguridad aprobadas por el Gobierno con el supuesto objetivo de establecer
distintas modalidades de colaboración de civiles armados con la Fuerza Pública,
para supuestamente colaborar a la seguridad ciudadana. Unas 70 entidades de
este tipo, conocidas como Convivir, fueron creadas en Antioquia durante su
mandato, muchas de las cuales:
“fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes
para aplicar la política contrainsurgente de `tierra arrasada´ en numerosas
zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los
paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia (…),asesinando
y desplazando a miles de campesinos”.
El periodista Ricardo Ferrer investigó la trayectoria de
Uribe en esos años y concluyó que él y su secretario de Gobierno, Pedro Juan
Moreno Villa , construyeron una “red paramilitar” dentro de la Gobernación de
Antioquia:
“`Mientras el secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno
Villa, promovía las compañías de vigilancia privada, bautizadas como CONVIVIR,
la Secretaría de Desarrollo Comunitario identificaba las comunidades reacias o
favorables al proyecto paramilitar´. Tal afirmación era unánime entre los
funcionarios que se entrevistó. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la
Gobernación de Antioquia de Uribe, elaboraba listas de todos los líderes de la
comunidad y los clasificaba entre amigos y enemigos. Los `enemigos´ quedaban en
listas negras. Personas que tenían que matar. La otra lista era de gente que
les podía ayudar en la expansión paramilitar. Esas personas afines ingresaban
en el grupo de las cooperativas de vigilancia privada, CONVIVIR. Se comprobó
luego la relación directa de las CONVIVIR con los escuadrones de la muerte”.
Ferrer interpuso una denuncia ante la Fiscalía; la
investigación judicial no prosperó, pero el periodista tuvo que exiliarse. Las
revelaciones efectuadas años después por los antiguos jefes paramilitares,
acogidos a la ley de Justicia y Paz, confirmarían la relación entre estas
cooperativas y los paramilitares, y el papel que jugó la Gobernación. Raúl Hasbún,
miembro de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció
que las Convivir que formaron con el apoyo de la Gobernación fueron el medio “para
legalizar los pagos” que hacían las empresas a los paramilitares: unos 7.200
millones de pesos al año; el ex paramilitar entregó unos listados a la Fiscalía
donde señala a 270 bananeros, 400 ganaderos y “unos miles de comerciantes” de
ser financiadores de los paramilitares y dijo: “¿Cómo explico yo que el doctor
Pedro Juan Moreno, mi general Rito Alejo del Río… todos sabían los nexos o las
relaciones del paramilitarismo”. Salvatore Mancuso, mano derecha del máximo
comandante de las AUC, Carlos Castaño, reveló desde la cárcel de Estados
Unidos, donde fue recluido tras ser extraditado, que a través de Moreno se
coordinaron “acciones de seguridad” en las que las Autodefensas apoyaron a la
Fuerza Pública; Mancuso añadió que se reunió con el entonces gobernador Álvaro
Uribe en su finca de El Ubérimo.
En aquellos años, el gobernador fue recabando apoyos entre
líderes políticos de distinto signo, ex guerrilleros reinsertados y
latifundistas ultraconservadores, que le resultaron muy útiles en su futuro político.
Así, tras su paso por la Gobernación, se desligó del Partido Liberal y lanzó su
propia candidatura para las elecciones presidenciales de 2002. Su férrea
oposición a un proceso de paz que parecía no conducir a ninguna parte mientras
la guerra continuaba, su supuesta independencia de los partidos tradicionales y
la psicosis antiterrorista desatada tras el 11-S y el gran apoyo de EUA, lo
catapultaban a la Presidencia. Pero, además, hubo otros importantes respaldos:
el proselitismo armado de las AUC y el dinero del narcotráfico. Hasta cuatro
altos mandos de los paramilitares han admitido en los tribunales que la “Casa
Castaño” ordenó que todos colaboraran activamente en la campaña de Uribe porque
lo consideraban “un amigo de la organización” con quien tenían afinidad “desde
que se desempeñaba como Gobernador de Antioquia”. No reconocieron haber usado
la fuerza, pero los precedentes de sus brutales reacciones cuando sus órdenes
eran desobedecidas bastaban para que los campesinos supieran por quien votar.
Con el fusil en el hombro, los paramilitares repartieron
propaganda con las caras de Uribe y su candidato a la Vicepresidencia,
Francisco Santos; entregaron camisetas y el día de la votación “usaron buses y
camiones para llevar a los campesinos y pobladores de dichas regiones a los
puntos de votación, no sin antes manifestarles la necesidad de votar por Uribe”.
Sólo en el departamento del Norte de Santander invirtieron unos 100 millones de
pesos en la campaña, pero todos los registros contables fueron quemados semanas
antes de iniciar el proceso de desmovilización. Mancuso aseguró que estas
acciones se coordinaron en las reuniones que tuvo con algunos asesores de la
campaña y que Uribe “sí tenía conocimiento, es imposible negar que no tuviera
conocimiento [sic] cuando tenga las condiciones les voy a contar cómo y cuándo
se presentaron todos estos hechos”, dijo al tribunal; el ex paramilitar teme
por la seguridad de su familia en Colombia y por las amenazas de Uribe. Uribe
lo denunció por injuria y calumnia.
En aquellos días, la alianza entre narcotráfico y
paramilitarismo ya estaba consolidada gracias a Uribe. Fabio Enrique Ochoa, uno
de los capos de los narcotraficantes, aseguró que tuvo negocios conjuntos con
Mancuso para introducir armas y exportar cocaína y que fue testigo de la
colaboración económica de las AUC a la campaña de Uribe; confiesa que, además
de aportar él mismo 150.000 dólares, se comprometió “a movilizar en Antioquia a
unas 5.000 personas y la orden era que tenían que votar por Uribe. Después de
que ganó Uribe, Mancuso nos decía que ahora sí eran los cuatro años de nosotros
y vamos a manejar esto como queramos”.
El 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez obtuvo la
Presidencia de Colombia aunque la mayoría de la población se abstuvo (53,53%).
La puesta en práctica de su Política de Seguridad Democrática hizo resurgir con
fuerza la doctrina de Seguridad Nacional: todos los ciudadanos son combatientes
y quienes no colaboren con la Fuerza Pública son sospechosos de terrorismo,
porque en Colombia, según Uribe, no hay un conflicto armado interno sino una
lucha contra terroristas financiados por el narcotráfico. Al final de su primer
mandato (2002-2006), el país estaba inmerso en una grave crisis humanitaria en
la que no sólo se intensificó la crudeza de la guerra -hubo 8.000 combates, un
149% más que en el Gobierno anterior sino que se promovió una abundante
legislación de carácter autoritario –Estado de conmoción interior, estatuto
antiterrorista, límites a la Corte Constitucional- que dio carta blanca a la
Fuerza Pública y, consecuentemente, aumentaron las violaciones a los derechos
humanos cometidas por agentes estatales y paramilitares; estos últimos, además,
se beneficiaron del proceso de desmovilización.
En Marzo del 2007 la senadora del Partido Liberal
Colombiano, Piedad Córdoba en un seminario internacional llamado “Solidaridad
con las luchas del pueblo colombiano” en Ciudad de México, Córdoba aprovechó la
ocasión para denunciar a Uribe por sus vínculos con la mafia el paramilitarismo
y ordenar asesinatos masivos. Indico que nadie puede dudar en Colombia y el
extranjero que existe un vínculo claro entre los paramilitares y la cabeza del
gobierno. Todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, un presidente
paramilitar.
Los vínculos de Uribe con el paramilitarismo se hacen más
evidentes al aparecer en un video del 31 de octubre del 2001, entregado al
Departamento de Estado de EUA, en el video se ve a Uribe junto a líderes de la
ultraderecha, cuando aún Uribe era candidato presidencial, se lo ve conversar a
gusto y saludar al líder paramilitar Esteban, acusado de más de 80 homicidios y
10 masacres de inocentes.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó a
nueve años de cárcel al expresidente del Congreso colombiano, Luis Humberto Gómez
Gallo, por sus nexos con paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó a
nueve años de cárcel al expresidente del Congreso colombiano, Luis Humberto Gómez
Gallo, por sus nexos con paramilitares.
La Corte Suprema consideró probado el hecho de que Gómez
Gallo se aliara con el llamado Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC, paramilitares) para lograr un escaño en el Congreso.
“La Sala tiene la certeza de que Luis Humberto Gómez Gallo
se concertó con el Bloque Tolima, a través de su comandante ‘Elías’, y también
con el benefactor del grupo armado al margen de la ley, Eduardo Restrepo
Victoria, ‘el Socio’”, cita el fallo.
La CSJ también dispuso, asimismo, inhabilitar a Gómez
Gallo de sus derechos y funciones públicas por 108 meses.
Gómez Gallo, de 51 años, del Partido Conservador y quien
fuera presidente del Congreso colombiano entre julio de 2004 y el julio de
2005, había sido detenido el 10 de diciembre de 2007 pero fue dejado en
libertad el 12 de agosto del 2008 por falta de pruebas.
El primer procesado por los mismos delitos fue Mario Uribe
Escobar, el expresidente del Congreso de Colombia y primo del exmandatario Álvaro
Uribe, quien paga una pena de siete años y medio de cárcel.
El tercer enjuiciado po la CSJ en abril pasado por sus
presuntos vínculos con jefes paramilitares dentro del escándalo conocido como “parapolítica”
es el expresidente del Congreso y exsenador Javier Cáceres Leal.
El caso es parte de las investigaciones iniciadas hace más
de dos años y que actualmente involucran a unos 420 políticos colombianos. Unos
70 congresistas y exparlamentarios están siendo investigados, 30 de ellos están
detenidos por órdenes del Tribunal Supremo y más de 20 han sido condenados,
casi todos por sus vínculos con paramilitares.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín
ha iniciado el proceso de investigación contra el expresidente colombiano Álvaro
Uribe por su presunta implicación en la masacre ocurrida en El Aro en 1997,
informa ‘El Espectador’.
La acusación basa sus suposiciones sobre varios
testimonios que indican que el helicóptero del Servicio Aéreo de Salud de
Antioquía, donde Uribe fue gobernador, estuvo en el lugar de la matanza. El
exmandatario refuta las inculpaciones denunciando que son una persecución política.
Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el
diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos,
como el caso de la “matanza de El Aro” cometida en 1.997.
En esa, según relata el periódico de Miami, “El Nuevo
Herald” en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe,
planeo la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de
Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares
que “brillantemente” habían asesinado, con motosierras, al menos a 15
campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos CIDH condenó a Colombia.
El grupo paramilitar “Los doce apóstoles” habría tenido
sede en la hacienda “La Carolina”, en el departamento de Antioquia, cuya
propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez.
El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía
en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por “Los
doce apóstoles” entre 1993 y 1994.
El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas,
y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de
cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una
demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el
hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en
1999, pero la investigación fue forzada a cerrarse.
Cargos por Caso Comuna 13
Descubren en Colombia la mayor fosa común de la
administración Uribe Vélez.
Las autoridades colombianas han anunciado que la exhumación
de la mayor fosa común urbana del mundo, situada en el barrio Comuna 13 del
oeste de Medellín, está prevista para el próximo 27 de julio. En los trabajos
de exhumación se buscarán desaparecidos en los últimos 50 años de la guerra que
enfrenta al Gobierno con los paramilitares y la guerrilla.
“Por el tamaño de la zona y por el número de personas que
podrían haber sido enterradas en este lugar […] se puede decir que se trata de
la fosa común urbana más grande del mundo”, asegura Jorge Mejíael, asesor de la
Alcaldía de Medellín, en declaraciones a Reuters.
Los activistas de derechos humanos aseguran que en la fosa
podría haber enterrados alrededor de 300 civiles caídos a lo largo de las cinco
décadas de guerra entre las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos
paramilitares y las guerrillas izquierdistas. Por su parte, el Gobierno, estima
que podría haber unas 90 personas en la fosa común.
“Las guerrillas urbanas, los paramilitares y muchos
sectores de las instituciones del Gobierno pueden ser responsables de lo
ocurrido en Comuna 13”, enfatizó Mejía, que informó que unos treinta
funcionarios gubernamentales, incluyendo los equipos forenses, excavarán y
exhumarán la fosa común durante los próximos cinco meses.
Según los activistas, algunas víctimas podrían haber sido
asesinadas por las tropas del Gobierno durante las operaciones militares llevadas
a cabo contra la guerrilla en 2002 para recuperar el control de la Comuna 13.
En Colombia se estima que más de 30.000 personas han
desaparecidos en el transcurso de una guerra que dura ya más de 50 años. Por el
momento, las autoridades colombianas han exhumado cerca de 6.000 cuerpos de
fosas comunes.
Cargos por Caso Macarena
Colombia es el país del hemisferio occidental donde
mayores violaciones de los derechos humanos se acometen – cuantitativa y
cualitativamente hablando – de forma sistemática y respondiendo a un plan
criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la
tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en
alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares.
De los más de 4 millones de desplazados internos
ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han
sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los
campesinos.
De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han
producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de víctimas y de
defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin
duda es la mayor fosa común descubierta en América latina con cadáveres “NN”.
Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa
denominada de “La Macarena”, que escondería victimas campesinas de ejecuciones
extrajudiciales realizadas por destacamentos del Ejército colombiano y
organizaciones paramilitares.
La “industria criminal”, organizada entre otros por las
autoridades colombianas durante el mandato de Uribe, llegó a utilizar, emulando
así la “solución final” del nazismo alemán, hornos crematorios para hacer
desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del estado
y sus aliados paramilitares:
tres hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en
Arauca, otro en Antioquia y uno “móvil”, en Bogotá.
En mayo de 2010, el diario The Washington Post, daba
cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan
Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en complicidad con operaciones
paramilitares del grupo denominado “Los 12 apóstoles”, de los que formaba parte
Santiago Uribe, hermano del Presidente.
Cargos por Caso masacre del Aro
La Masacre de El Aro fue una masacre perpetrada en el
corregimiento El Aro, perteneciente al municipio Colombiano de Ituango
(departamento de Antioquia), cometida el 22 de octubre de 1997. Según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en esta masacre perdieron la vida 15
campesinos en estado de indefensión y otros tantos fueron despojados de sus
bienes y desplazados de su territorio.
La masacre de El Aro ha sido una de las más crueles
perpetradas por los paramilitares: durante una semana se pasearon libremente
por la zona, cometiendo desmanes contra sus habitantes y sus posesiones: «Con
toda la parsimonia del caso, como a sabiendas de que nada les impediría su
calculada Carnicería, cazaron, torturaron y sus vejaron een 17 víctimas,
quemaron 42 de las 60 viviendas, se robaron 1.200 reses y forzaron a 702
habitantes a huir para salvar la vida. Los relatos de los hechos son
espeluznantes: descuartizamientos quirúrgicos, violaciones, saqueos. Al Tendero
del pueblo, Marco Aurelio Areiza (64 años), lo amarraron, lo torturaron, le
sacaron el corazón, los ojos y los testículos.
El desmovilizado comandante de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) Salvatore Mancuso confesó en un juicio que se le sigue de haber
ordenado la incursión. Mancuso también incriminó al general del Ejército
Alfonso Manosalva, quien murió en 2006 y el cual estuvo implicado en otros
actos de asesinatos. Mancuso aseguró mintiendo que las víctimas habían muerto
en combate y que eran miembros de la guerrilla, hecho que contradice una
anterior incriminación in absentia que presenta pruebas de graves torturas de
las víctimas.
Para esta masacre se mencionó que se había utilizado el
helicóptero de la Gobernación de Antioquia para transportar a los
paramilitares. El 19 de abril de 2007 el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien
para la época en que ocurrieron los hechos era gobernador de Antioquia, dijo
que era imposible que se hubiera utilizado alguno de los dos helicópteros
porque todo estaba en los registros y cartas de vuelo.
Mientras Uribe era Gobernador, ¿qué hacía el helicóptero
de la Gobernación de Antioquia en la masacre del Aro?. Masacre que acabó con la
vida de 15 campesinos y se prolongó por 4 días.
El ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los
ejecutores de la masacre de El Aro, aseguró ante la Comisión de acusaciones de
la cámara en el 2008, que el gobernador de Antioquia del entonces (1997) y
luego presidente de la república de Colombia (2002- 2010), Álvaro Uribe Vélez,
había ordenado directamente la masacre de los campesinos. El Ex paramilitar
Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá (accu), fue asesinado cerca de su casa, en el municipio de La
Estrella, área metropolitana de Antioquia, meses después de brindar su
declaración, por sicarios paramilitares que utilizaron armas con silenciadores.
En noviembre de 2008 Mancuso, desde Estados Unidos donde
fue extraditado por el gobierno, dijo en una versión libre en audiencia virtual
en el proceso que se le sigue en Colombia que el fallecido Pedro Juan Moreno,
quien para la época de la masacre era secretario de gobierno de Antioquia, se
había enterado por boca de Carlos Castaño Gil que la masacre sería perpetrada y
afirmó que si hubo presencia de un helicóptero de la gobernación de Uribe a la
vez que mencionó la supuesta complicidad de varios miembros del ejército.
Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian
Barreto. Lo condenaron junto con dos de los Maximos jefes paramilitares, Carlos
Castaño y Salvatore Mancuso, por la masacre de El Aro; estos últimos 40 años de
cárcel, y Villalba a 33 años. Alias Cristian Barreto se entregó a la justicia
el 13 de febrero de 1998, tres meses después de dicha masacre, para su aliviar
conciencia. Luego de los Testimonios que ofreció ante la Fiscalía General de la
Nación y el Congreso de la República, lo asesinaron el 23 de abril del 2009,
para evitar que siguiera hablando y revelando a los verdaderos responsables de
la cúpula.
El Testimonio inicial de Villalba y otros más se
corroboraron en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que condenó al Estado Colombiano y a sus ex autoridades por los crímenes, en
pronunciamiento sintetiza el horror de la violencia paramilitar en el país
contra el pueblo. Incluso la sentencia señala que Colombia reconoció su
responsabilidad internacional frente a los crímenes, en vista de la participación
de agentes de gobierno y sus autoridades en los crímenes, autoridades que deben
ser condenadas de acuerdo a su responsabilidad.
Salvatore Mancuso admitió también el que los paramilitares
son los Hijos del Estado Colombiano, y que recibieron Adiestramiento y armas
por parte de las fuerzas regulares del Estado. Esta Estrategia encontró un
terreno fértil para su desarrollo en las cooperativas privadas llamadas
Convivir, legalizadas y respaldadas en el Departamento de Antioquia en los años
Noventa, durante la gobernación de Álvaro Uribe.
Santiago Villalba en sus testimonios vínculo al presidente
de Colombia, Álvaro Uribe Velez, con varias masacres realizadas y ordenadas
directamente. Villalba lo afirmó ante la Fiscalía En febrero del 2008 y lo
ratificó luego ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes,
en noviembre del mismo año, antes de ser silenciado.
Agrega Villalba que luego de la Matanza, se celebró otra
reunión en la que además de varios jefes paramilitares, como Mancuso y Carlos
Castaño, estaban Santiago Álvaro Uribe, y que el entonces Gobernador de
Antioquia felicito a todos los paramilitares. Habla además de como el helicóptero
de la gobernación sobrevoló la zona durante la masacre. Afirma que el hermano
de Álvaro, Santiago Uribe, es el dueño del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
Villalba también indica textualmente que las ordenes de
Uribe eran: Borren el pueblo, en referencia a los pueblos donde vivían los
campesinos.
Uribe Velez, también es investigado por su vinculación al
asesinato del Defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien
había denunciado en repetidas ocasiones el accionar paramilitar ligado al ejército
en La Granja y El Aro, y los nexos con el entonces Gobernador Álvaro Uribe
Velez.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín
ordenó a la Fiscalía compulsar copias para que se investigue la actuación del
hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez en una masacre cometida por las
Auc cuando éste era gobernador de Antioquia.
Una nueva compulsa de copias pone bajo la lupa al senador
de la República Álvaro Uribe Vélez, esta vez generada por la supuesta presencia
del helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la incursión de
facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al corregimiento El Aro,
de Ituango, entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, que dejó 15 muertos.
La orden de investigar a Uribe, quien en la época de la
masacre se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, fue impartida por la Sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín durante la audiencia de
lectura de sentencia contra el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’,
quien comandó el Bloque Mineros, una de las facciones de las Auc que participó
en el ataque a ese caserío, ubicado en una escarpada zona del norte del
departamento.
En su voto razonado sobre las masacres de El Aro y La
Granja, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Antônio Augusto
Cançado Trindad se expresa: Estamos ahora subyugados por la razón del Estado
que permite todo: Los genocidios, los asesinatos en masa, el meter en cintura a
los intelectuales. Ahora el Estado es la Defensa del crimen. El Estado impulsa
el crimen, la cultura del crimen que lo devora todo.
El tema del helicóptero también fue mencionado en la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006
que condenó a la Nación por su incapacidad para proteger a la población de los
crímenes, como los del Aro y resolver los crímenes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ordenó
investigar lo ocurrido en El Aro: “El Estado debe realizar las debidas
diligencias para activar y completar eficazmente las investigaciones para
determinar la responsabilidad de todos los autores y culpables de la masacre y
de las personas responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la
obligación estatal de garantizar los derechos violados”. Sin embargo, debido a
la estructura de corrupción nada de ello se ha dado y el caso permanece en la más
completa impunidad, protegiendo a los autores intelectuales.
La CIDH condenó enérgicamente al Estado colombiano por la
masacre de El Aro, donde fueron asesinadas 14 personas, incendiadas alrededor
de 34 viviendas y desplazadas 712 personas. En la Sentencia se resalta el
asesinato del paramilitar Francisco Villalba como un impedimento a la
investigación, juzgamiento y clarificación de lo sucedido, y el asesinato del líder
defensor de los Derechos Humanos, Jesús María Valle, quien se había pronunciado
de forma anticipada sobre el actuar de los paramilitares en este corregimiento
y los presuntos responsables, entre los que señaló a miembros del Ejército,
paramilitares y representantes del gobierno colombiano y como principal
sindicado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador.
Cargos por Caso Operación Orión
En octubre del año 2002, transcurría Orión, la más grande
operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia, según un informe
del grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, publicado en el 2011. Operación de masacre que llevo a cientos
de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales
Orión se ejecutó ilegalmente en el marco de una supuesta
falsa política de seguridad democrática, ordenada por el presidente Álvaro
Uribe Vélez, quien lideró y brindó el apoyo necesario para que las fuerzas
paramilitares creadas operaran articuladamente libres y al margen de la Ley. La
operación fue ejecutada por el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
Helicópteros artillados y un despliegue de 1.500
efectivos, entre Ejército, DAS, Policía, CTI, Fiscalía y las Fuerzas Especiales
Antiterroristas, escudriñaron durante cinco días palmo a palmo varias comunas
en Colombia. Para las autoridades civiles y militares, Orión fue el triunfo de
la institucionalidad sobre la delincuencia. Así lo dijo el alcalde de ese
entonces, Luis Pérez Gutiérrez.
Significaba para las autoridades limpiar un territorio en
el que operaban, camufladas entre civiles, las milicias urbanas de las FARC, el
ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo). Durante los primeros tres días de
operativos los habitantes de la Comuna 13 de Medellín no pudieron ir a otras
partes de la ciudad, recuerda Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica
Libertad, ONG que defiende y asesora a víctimas de cientos de desaparecidos.
Nadie podía entrar o salir de los barrios Belencito Corazón, 20 de Julio, El
Salado, Nuevos Conquistadores y Las Independencias II. Personas sospechosas o
por el solo hecho de expresarse en contra del régimen de Uribe Vélez, o por ser
parte de la oposición era desaparecida y muerta. Como un ejemplo hubieron
varios cientos de desaparecidos en solo la localidad La Escombrera, de la
Comuna 13.
Las cifras respaldaban el optimismo. De acuerdo a datos
del CINEP, durante la avanzada, la Fuerza Pública realizo´ 150 allanamientos y
capturo´ a 355 personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Pero la operación
arrojó también otros números que empañaron la eficiencia y la transparencia de
las autoridades. El Instituto Popular de Capacitación (IPC) habla de un civil
muerto, 38 civiles heridos y ocho más desaparecidos.
Un mal síntoma de los resultados fue que la Fiscalía ordenó
luego la libertad de 88 de los judicializados. Para comienzos de 2007, solo dos
de los capturados habían sido condenados. Lo más preocupante, dice Diego
Herrera, director del IPC, es que a partir de Orión comenzaron a afincarse en
el territorio los hombres del Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc). “Orión permitió sacar a un grupo armado (la
guerrilla), para darle entrada a otro, que terminó controlando lo que pasaba en
la Comuna 13. Esta fue la puerta de entrada a la hegemonía paramilitar que se
vivió después en todo Medellín”.
Eso también lo dice el informe de Memoria Histórica: “Orión
no implicó el fin del conflicto armado ni del poder ejercido por actores
ilegales en la Comuna 13. Los espacios dejados por la guerrilla fueron copados
por el Bloque Cacique Nutibara, que continuó incurriendo en acciones
violatorias de los Derechos Humanos hasta el momento de su desmovilización en
diciembre de 2003”. Prueba de ello es que el día en que dicho Bloque entregó oficialmente
las armas, se vieron salir de la Comuna 13 buses llenos de muchachos rumbo a
desmovilizarse. Una vez pasaron los actos protocolarios, en los mismos vehículos
retornaron a los barrios.
Un dato revelador es que entre 2002 y 2003 se registraron
en Medellín 92 desapariciones forzadas. Y si se amplía aún más el rango de
tiempo, las personas que los paramilitares se llevaron de la Comuna 13 y que
nunca volvieron a sus casas pueden llegar a 300, según lo documentó en un auto
la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín. Pero pueden ser más,
o pueden ser menos. Ese es el incierto rompecabezas que ahora la Fiscalía
intenta armar en La Escombrera, la enorme montaña de basura donde los
paramilitares escondieron los cadáveres de quienes se llevaron a la fuerza, tal
como lo indican varios testimonios de desmovilizados.
La foto de Jesús Abad Colorado, así como el registro que
durante Orión hicieran varios reporteros gráficos de El Colombiano, entre ellos
Henry Agudelo, no son hoy simples anécdotas. Que un encapuchado aparezca
patrullando la Comuna 13 junto con la Fuerza Pública, coincide con la versión
que ante la instancia de Justicia y Paz rindió el excomandante paramilitar
Diego Murillo Bejarano, alias Berna.
“El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación
de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos
se le adjudicaron a las Fuerzas Militares (…) Varios de nuestros hombres fueron
allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó a varias personas,
algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos
forzadamente”, dijo el 28 de noviembre de 2008.
La posible complicidad entre la Fuerza Pública y actores
armados ilegales nunca fue investigada por la Procuraduría General de la Nación
por su complicidad. Tampoco judicializada. Solo varios años después y gracias a
una Acción de Tutela y al aporte de pruebas y testimonios, la Corporación Jurídica
Libertad logró que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
abriera una investigación preliminar en contra de los generales Mario Montoya,
comandante de la IV Brigada del Ejército durante la ocurrencia de los hechos, y
del general en retiro Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana.
Hasta el momento, no obstante, nadie ha asumido la responsabilidad política de
lo que sucedió en Orión.
Una persona que conoce los hechos
de la operación como testigo, pero que ahora teme ser identificada, le dijo aSemana.com:
“Mucho antes de la operación, los milicianos de la guerrilla también cometieron
atropellos graves en contra la población civil. Sin van a buscar restos en la
montaña van a encontrar víctimas de lado y lado. Lo que uno no puede entender
es que el Estado se equipare con el delincuente. Es mucho más cuestionable y más
grave, que la autoridad participe de un delito”, dice.
Taparse el rostro durante un operativo, deshacerse de los
distintivos militares detrás del anonimato, no ha sido la manera en que las
Fuerzas Militares han desempeñado su papel durante más de 50 años de conflicto.
Es por eso que la foto de Jesús Abad Colorado lleva implícito un atributo que
trasciende el testimonio gráfico. Más que un registro, la imagen lleva el peso
de una prueba sumarial.
CARGOS POR INVOLUCRAMIENTO EN NARCOPOLITICA
Yidispolítica es el nombre del escándalo con el que se
conocen las declaraciones de la exRepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien
afirmó haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de Uribe a cambio de su
voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitiese a Álvaro
Uribe Vélez aspirar a un segundo mandato presidencial. Uribe Vélez en ese
entonces pidió repetir las elecciones del 2006. Los funcionarios involucrados
en la controversia fueron Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt. Diego
Palacio entrego beneficios entregados a la exrepresentante a la Cámara a cambio
de su voto.
En 2002, la campaña presidencial de Uribe recibió en
cheques y depósitos, más de 100 millones de pesos de parte de la empresa
Uniapuestas, identificada como un palo blanco del lavado de dinero de varias
mafias del narcotráfico, en la cual la señora Enilse López (alias “La Gata”)
era la accionista mayoritaria. Posteriormente, López fue capturada y sindicada
de varios cargos criminales por lavado de activos y desviación de fondos,
relacionados con otros procesos judiciales. En el pasado también se la había
criticado y considerado de estar relacionada con el narcotráfico, específicamente
con Gonzalo Rodríguez Gacha miembro del Cartel de Medellín, motivo por el que
se empezó a sospechar de la honestidad con la que Uribe recibió los dineros
junto a varios aportes del paramilitarismo. Diversos críticos, entre ellos los
precandidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo,
cuestionaron tanto la moralidad del recibimiento de esos dineros como el que
potencialmente se haya incurrido en alguna conducta criminal al aceptarlos.
En septiembre de 1994 con base en el artículo 42 del
Decreto ley 356 de 1994, el Gobierno de Ernesto Samper Pizano ejecutó la creación
de las Asociaciones Comunitarias paralelas de Vigilancia Rural (Convivir),
promovidas por su antecesor Cesar Gaviria con la finalidad de crear un nuevo
instrumento supuestamente de seguridad. Ante ésto Uribe Vélez fue uno de los
mayores defensores de esta figura jurídica argumentando que las Convivir
trabajaban fundamentalmente en temas de inteligencia, dejando la parte
operativa a la fuerza pública aunque estas organizaciones portaban armas de
grueso calibre asesinando campesinos y enterrándolos en fosas comunes.
En 2007, el senador Gustavo Petro denunció en un debate
parlamentario que entre 1995 y 1997 Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José
María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón
Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilse López,
entre otros, participaron en las cooperativas de seguridad CONVIVIR favorecidos
durante la gobernación de Uribe en Antioquia y dijo que operaron alrededor de
ochenta de ellas en el departamento. Lo que queda claro es que la gobernación
de Antioquia era quien daba la personería jurídica a estas organizaciones narco
militares junto a una licencia que la otorgaba el Gobierno colombiano.
OTROS CARGOS Y DELITOS
Uribe ha fomentado a diestra y siniestra la economía de
libre de mercado del Neoliberalismo mediante la aplicación indiscriminada de
políticas económicas en desmedro de la clase más humilde y pobre en Colombia,
también se lo acusa de haber implementado distintos tratados de libre comercio
con otros países y una alianza estratégica con Estados Unidos, también
criticada por crear dependencia de dicho país mediante el TLC y otros. Esto ha
ocasionado en lo social desplazamientos sociales a otras naciones vecinas
mediante migraciones.
El Gobierno de Uribe puso en marcha una reforma laboral
que amplió las causas de despido justificado contra la clase trabajadora,
recortó los pagos por indemnizaciones y disminuyó el complemento salarial por
nocturnidad.
En política internacional el gobierno de Alvaro Uribe apoyó
la guerra contra el terrorismo apoyando al presidente estadounidense George W.
Bush. A pesar de la oposición interna el gobierno, apoyó diplomáticamente la
Invasión de medio oriente por EUA y la intervención en Iraq de 2003.
En agosto 2014, Álvaro Uribe, actual senador del país, ha
sido denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia colombiana,
informa el rotativo colombiano ‘El Tiempo’. El político es acusado de
hostigamiento por razones políticas, concierto para delinquir, injurias y
calumnias. Según el medio, todavía está por verse si la Corte acepta las
denuncias. Si el alto tribunal decide admitirlas, los magistrados tendrían que
pronunciarse sobre quién y en qué condiciones puede ser investigado y juzgado
Uribe.
CARGOS POR GRAVES CRIMENES EJECUTADOS BAJO EL PLAN
COLOMBIA
Plan Colombia (también llamado Plan para la Paz y el
Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz) es un acuerdo bilateral
constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en
1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana
Arango y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de
terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos.
El plan luego fue continuado y avalado por Álvaro Uribe Vélez.
Una vez inaugurado el Plan Colombia por el presidente Bill
Clinton en el año 2000, se desencadenó la mayor victimización, con un pico en
el 2002 de 744.799 víctimas. La Unidad Nacional de Víctimas del Gobierno ha
tenido que reconocer que el número de víctimas del conflicto supera los siete
millones de colombianos. Este número incluye el genocidio, asesinados,
desaparecidos, desplazados y exiliados. Para un país de menos de 44 millones de
ciudadanos estas cifras son alarmantes.
Además el Estado colombiano pide a su contraparte en los
diálogos de La Habana dar la cara a las víctimas, en cambio se hace el de la
vista gorda con su propia responsabilidad acerca del despojo, la barbarie y la
miseria en que sumió a la población colombiana. Por su parte el gobierno de los
EEUU guarda silencio por su propia culpa, mantiene una enorme deuda por el
sufrimiento que patrocinó y aún no habla de la reparación por los daños
causados a la población colombiana. Para colmo recibe en su territorio y da
asilo a los victimarios que huyen de la Justicia en Colombia.
Los casos de abusos fomentados por
la administración Uribe se multiplican y siguen un patrón de crímenes cometidos
por soldados estadounidenses que prestan sus servicios en el Plan Colombia. En
2006 fueron reportados 23 casos de abusos sexuales cometidos por soldados
estadounidenses en servicio y 14 más en 2007. Además, en 2004, soldados y técnicos
provenientes de EE.UU.
produjeron videos pornográficos de adolescentes colombianas que fueron vendidos
por $10,000 pesos cada uno. Por otra parte, en 2005, militares estadounidenses
fueron sorprendidos vendiendo munición a las FARC y, en el mismo año, se
sorprendió a otro grupo de militares vendiendo munición a grupos paramilitares.
Los Estados Unidos tienen privilegios por ser un Estado
hegemónico y sacan ventaja por ello. De esta manera, condicionan promesas de
ayuda militar y de recursos con cláusulas especiales. Así, el Estado colombiano
firmó el Acuerdo de Misiones Militares en 1975, garantizando inmunidad para el
personal militar estadounidense y para los contratistas que operen en suelo
colombiano a cambio de la ayuda militar y financiera. Este acuerdo fue vuelto a
confirmar durante la administración Uribe, sin realizar observaciones.
Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, condenó el
tratado diplomático como inconstitucional y, de manera infructuosa, solicitó al
Congreso una revisión del mismo. Respuesta que se entiende desde la declaración
del exsenador colombiano Jimmy Chamorro: “obviamente creemos que el tratado
debe ser revisado, pero la realidad política es que no va a pasar, sería
desastroso para la ‘política de seguridad democrática’ de Uribe”.
Las violaciones de derechos humanos en Colombia son ahora
más claras y evidentes comprometiendo a Uribe Velez en violaciones a los
derechos humanos: los falsos positivos, la purga interna en el estamento
militar y las denuncias del director de Human Rights Watch para las Américas,
José Miguel Vivanco, que señalan que en Colombia hubo más violaciones a los
derechos humanos que en la dictadura de Pinochet.
CARGOS POR DELITOS DE ESPIONAJE Y ORDEN DE PERSECUCION A
POLITICOS
La práctica de Uribe Vélez fue también ordenar la colocación
escuchas a las organizaciones políticas contrarias y a personalidades. Las
interceptaciones ilegales son la muestra clara de la persecución política
característica de la intolerancia que gobernó durante 8 largos años. Uribe
argumentó que espiar a Piedad Cordoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y la
Corte Suprema de Justicia se daba en orden de proteger la seguridad nacional,
otra muestra clara de violar la libertad y la democracia, al puro estilo
paramilitar fascista.
El DAS fue la policía inquisidora de la diferencia política,
de los críticos y cuestionadores. La responsabilidad política del ex presidente
es amplia, pues el DAS dependía directamente de la Casa de Nariño. Quien fuera
su directora está acusada por delinquir, violación ilícita de comunicaciones,
abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en
documento público.
Tener rabo de paja se convirtió en persecución política.
Tanto funcionario prófugo y condenado por la justicia es la muestra del poco
respeto por las instituciones y la ley. Ex funcionarios, María del Pilar
Hurtado, Luis Carlos Restrepo y Andrés Felipe Arias, más el ex asesor de la
campaña presidencial de Uribe y finalmente la reciente amenaza de Oscar Iván
Zuluaga de salir del país.
El Presidente Álvaro Uribe Vélez desde los albores de su
mandato reiteradamente manifestó públicamente que el fortalecimiento de la
inteligencia era prioridad de su gobierno, es decir, que el funcionamiento de
las agencias de inteligencia y sus respectivas misiones y prioridades eran
definidas por el Alto Gobierno Nacional, de modo, que no se puede alegar en su
favor que era ajeno a ello o desconocía las actividades ilegales de
inteligencia, especialmente cuando éstas tuvieron ocurrencia de forma
generalizada y sistemática. Es precisamente en este gobierno en el que las
agencias de inteligencia intensificaron sustancialmente la persecución contra
los que fueron calificados como personas y organizaciones “de tendencia
opositora” y que constituían un “riesgo contra el gobierno y la seguridad
nacional”. Las principales víctimas fueron las Altas Cortes de Justicia,
miembros del Congreso, partidos de la oposición, sindicalistas, organizaciones
de derechos humanos, personas y organizaciones de carácter internacional,
periodistas independientes, entre otros.
Existe suficiente material probatorio que indica que las
acciones ilegales de inteligencia no fueron producto de la conducta desviada de
un pequeño grupo del DAS, o de una pugna entre funcionarios o de la penetración
del narcotráfico, sino que las mismas obedecieron a una definición de carácter
institucional que involucró a las máximas directivas del DAS y a todas las
dependencias de esa agencia de inteligencia, quienes actuaron en consonancia a
las políticas y decisiones tomadas por el Alto Gobierno Nacional. No tiene
explicación ni justificación alguna, que si el fortalecimiento de la
inteligencia era una prioridad del gobierno, precisamente haya pasado
desapercibida la toma del DAS por parte del paramilitarismo, y que funcionarios
de alta jerarquía nombrados por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, aparezcan con
evidentes y estrechos nexos con esas organizaciones. Resulta incomprensible,
que el Presidente Álvaro Uribe Vélez, lejos de tomar medidas ante los repetidos
escándalos desatados por las evidentes acciones criminales del DAS, haya
dedicado ingentes esfuerzos en la defensa y protección del señor JORGE NOGUERA
COTES. En lugar de tomar medidas inmediatas, el Presidente Álvaro Uribe Vélez
guardó un largo y sospechoso silencio.
CARGOS POR TERRORISMO E INJERENCIA EN ASUNTOS INTERNOS DE
OTROS PAISES
Existen denodados esfuerzos de Álvaro Uribe Vélez en
complicidad con el gobierno norteamericano por complicar aún más las relaciones
diplomáticas de su país, con muchos de sus vecinos miembros del ALBA o CELAC, a
quienes ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas críticas y acusaciones.
Para este fin Uribe Vélez inclusive ha permitido el
establecimiento de 7 bases militares americanas en Colombia para el dominio
estratégico de Sudamérica e influencia por parte de EUA. Por lo que EUA le ha
permitido casi todo en su gestión de gobierno como un gesto de total
agradecimiento de trabajar en favor de los intereses norteamericanos.
Apoyó directo a la invasión a Irak y a la ejecución de crímenes
de lesa humanidad bajo esta operación militar. A diferencia de la comunidad
suramericana ahora Colombia vuelca a los ánimos de guerra y conflictos,
atentando así contra la tradición pacifista internacionalista de Colombia.
Uribe promovió el uso de bases militares colombianas a
soldados Estadounidenses en detrimento de la soberanía nacional colombiana. Investigaciones
también prueban la relación entre los falsos positivos y la asesoría en materia
de seguridad por parte de EUA en plena complicidad con el régimen de Uribe.
Uribe también ha venido utilizando métodos terroristas
contrarios al derecho internacional y en el derecho de los pueblos a la no
injerencia en sus asuntos internos, esto para con los países que no le son
afines a sus políticas y que están en contra de los intereses de EUA, Colombia
y el famoso TLC continental, esto lo ha logrado mediante la creación de células,
agentes políticos y organizaciones de carácter terrorista de ultraderecha para
apoyar y proteger su estructura o armazón construida no solo dentro de Colombia
sino también fuera de sus fronteras. Para ello ha creado lo que él llama o
denomina un frente continental liberal o ultra liberal latinoamericano contra
los gobiernos populares, para este fin ha creado varios organismos y
fundaciones terroristas bajo su tutela todas subvencionadas por el Departamento
de Estado de EUA, tales como la Fundación Internacionalismo Democrático (creada
en Washington – EUA), Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, Uribe
Centro Democrático, Red Continental de Lideres Juveniles Demócratas ( con base
en Houston EUA) , Fundación Internacional para la Libertad, Avanza Colombia y
FTI Consulting entre otras. También ha creado alianzas con otras organizaciones
de ultraderecha continentales con tal de cumplir su objetivo.
Estas organizaciones creadas por Uribe, tienen como
miembros asiduos y contratados a sueldo a ex mandatarios, líderes y dirigentes
de partidos y parlamentarios de extrema derecha de varios países
latinoamericanos. También adiciono a sus organizaciones a políticos y
gobernantes o ex gobernantes del gobierno español de la derecha y ultraderecha
liberal, para confrontar nuevamente a los gobiernos progresistas de Latinoamérica.
Entre sus estrategias globales contra los países del ALBA
y CELAC, están las de mantener e incrementar los sabotajes tanto políticos,
como a sus proyectos de desarrollo regional, sabotajes coordinados a proyectos
nacionales de cada país para el desgaste forzado de los mismos y de sus líderes
progresistas.
Desde el 2006, Uribe promovió los desplazamientos masivos
de población pobre hacia Venezuela de más de 5 millones. Escaparon de las AUC
paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, las Urabeñas y otras
innombrables e innobles creadas y autorizadas por el ex presidente Álvaro Uribe
Vélez.
El 2012, Uribe apoyado por el gobierno colombiano de
Santos, inicio una serie de ataques frontales a Venezuela, utilizando como
armas de penetración terrorista una guerra económica, infiltración del
paramilitarismo, apoyo directo a células de ultraderecha fascistas y
contrabando, creando así situaciones de inestabilidad internas.
Uribe Velez incurre en obstruir la paz con las Farc y en
influenciar negativamente sobre el estado y el gobierno de la vecina Venezuela,
realizando una injerencia directa en sus asuntos internos actuando como una
ficha del Comando Sur de EUA asentado en el Mar Caribe.
El eje fronterizo Cúcuta-San Antonio-San Cristóbal, que
constituye una de las zonas de mayor dimensión económica en la región, pasa en
los actuales momentos por una severa crisis social y política. Dicho territorio
es utilizado a fondo por el Departamento de Estado de EUA, las multinacionales
petroleras y la ultraderecha colombiana, en el marco de una injerencia económica
y militar en curso, cuyo fin es dar forma a un golpe de estado contra el
gobierno constitucional de la vecina Venezuela.
El contrabando de combustibles, alimentos, medicamentos,
la manipulación masiva con el dólar paralelo y la acción violenta de los grupos
paramilitares colombianos en el Estado del Táchira, ha generado incertidumbre,
caos, violencia y terrorismo en dicho territorio venezolano.
Esa compleja situación ha llevado al gobierno de
venezolano a aplicar medidas de protección de su soberanía.
El gobierno democrático de Venezuela ha señalado que detrás
de todo esta operación de injerencia en sus asuntos internos esta la coordinación
de Álvaro Uribe Vélez, el director de la elite económica militar colombiana.
Informes de inteligencia y documentados indican, que Uribe se ha desplazado en
días recientes al territorio de Arauca y Apure a “coordinar asesinatos” y “crímenes”
en contra del estado de Venezuela. Así lo ha denunciado el mismo presidente
venezolano y su ministro de Defensa, acusando a Uribe de estar detrás de planes
desestabilizadores financiando inclusive a grupos terroristas dentro de
Venezuela.
La superación de la grave crisis que vive en estos
momentos la frontera colombo-venezolana en el paso Cucuta-San Antonio, exige
que los gobiernos de ambos países y los pueblos de las dos naciones se pongan
de acuerdo para juzgar a uno de los propulsores del gran daño criminal a la
región, artífice de este caos y la muerte, el señor Uribe Velez.
Esta denuncia es muy grave y caracteriza de manera certera
el comportamiento político manifiestamente terrorista del promotor y
organizador de los grupos paramilitares.
De esta forma Uribe Velez, es acusado por incurrir en el
delito más grave el de violentar los principios y normas generales del derecho
internacional . Uribe violenta inclusive la Carta de la OEA, en su artículo 3,
donde se prohíbe explícitamente toda forma de intervención directa o indirecta
por parte de los Estados miembros en los asuntos internos y particulares de los
demás Estados. Dicho principio está recogido en las constituciones políticas
del hemisferio para subrayar el rechazo a las intervenciones vinculadas a las incursiones
armadas, control político y económico, provocar separatismos, financiación y
apoyo de cualquier tipo a grupos internos irregulares, invasiones, asonadas,
contenciosos territoriales, provocar o influir en golpes de estado, entre otras
manifestaciones.
A Uribe Velez también se lo acusa de violentar una vez más
la Carta de Naciones Unidas firmada por Colombia, específicamente el inciso A,
articulo 1, párrafo 2, en relación a la Igualdad de derechos y libre
determinación de los pueblos , las relaciones de los estados deben ser de
amistad basadas en el respeto “al principio de la igualdad de derechos y al de
la libre determinación de los pueblos”. Los estudios de casos en esta sección
abarcan las ocasiones en que el Consejo de Seguridad ha analizado situaciones
que tienen que ver con el principio de la libre determinación y el derecho de
los pueblos a decidir su propia forma de gobierno, y esto a su vez puede estar
relacionado con las cuestiones de independencia, autonomía, referéndums,
elecciones y legitimidad de los gobiernos.
Así mismo Uribe Vélez violenta flagrantemente el inciso B,
articulo 2, párrafo 4, en relación a la Prohibición de recurrir a la amenaza o
al uso de la fuerza en las relaciones internacionales contra otros estados, la
Carta prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los
Miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la
independencia política interna o externa de cualquier Estado. Los estudios de
casos en esta sección suelen abarcar las ocasiones en que se citó y analizó lo
dispuesto en el Artículo 2, párrafo 4, en el contexto de una situación de
violencia entre Estados o al interior de un Estado, de una guerra o de otros
conflictos territoriales. Y según el inciso E, articulo 2, párrafo 7, sobre la
No intervención de los países miembros de Naciones Unidas en los asuntos
internos de los Estados, ningún país está autorizado a intervenir directa o
indirectamente en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los
Estados, aunque este principio no se opone a la aplicación de medidas
coercitivas en virtud del Capítulo VII de la Carta, esto solo bajo una resolución
expresa del Concejo de Seguridad de la ONU.
Uribe se ha convertido no solo en el principal peligro
para la estabilidad del vecino país de Venezuela sino de toda Latinoamérica.
También lo es de la estratégica política de paz que adelanta el gobierno de
Santos para terminar el prolongado conflicto armado nacional.
Uribe acude a una combinación siniestra de acciones políticas
y armadas para imponer sus métodos violentos y terroristas o paramilitares
utilizados en Colombia actualmente. Estimula el odio, la guerra y la
arbitrariedad para no perder vigencia cuando se estrecha su campo de acción
gracias a los avances de los diálogos de paz en La Habana y otras regiones.
Actualmente se opone tenazmente a las conversaciones de paz y ofrece solo la
alternativa del asesinato y la guerra, algo contrario a la ley internacional.
Esta situación desesperada muy bien
la caracteriza el diario bogotano El Espectador: Uribe Vélez siempre espera
agazapado el próximo banquete de carne humana en descomposición, que es su
principal alimento político. Sin escándalo y sin cadáveres, pasa hambre. ( http://www.elespectador.com/opinion/paz-perspectivas-y-problemas ).
Sus turbias maniobras no solo son contra Venezuela. Como
el proceso de paz avanza sólidamente, reflejándose en la caída vertical de la
violencia con ocasión de la tregua unilateral determinada desde el 20 de julio
por las Farc y el des escalamiento ordenado por el gobierno, su acción se mueve
en el terreno de la más descarada provocación, valiéndose de los enormes
recursos militares, prensa mediática, económicos e internacionales de que
dispone.
En el transcurso de los últimos meses, Uribe en campaña
electoral para imponer por la fuerza sus candidatos en alcaldías, asambleas,
concejos y gobernaciones, ha llamado en el departamento de Nariño, en el Valle
del Patía y el Cauca, ha reorganizar los grupos de autodefensa AUC
(paramilitares) para imponer los intereses de la elite de los grandes
hacendados y terratenientes que siempre han contado con este tipo de guardias
privadas paramilitares para sostener su riqueza y poder político despótico. En
ese sentido se explica que su candidato en el departamento del Cauca, Gral
Leonardo Barrera, sea uno de los paramilitares más familiarizados con la
violencia y el desplazamiento de miles de campesinos, afros e indígenas de la
región.
Igual eso explica la nueva proliferación de bandas
asesinas contra la comunidad campesina e indígena, en varias zonas antioqueñas
como Cisneros, San José del Nus, Puerto Berrio, Uraba, Caucasia y el Sur oeste.
Y en el propio Medellín, donde su patrocinado, Juan Carlos Vélez, hace la campaña
defendiendo la existencia de los paramilitares en toda el área urbana de la
ciudad, como forma de aplastar los derechos democráticos de la sociedad con el
lema del Liberalismo supuestamente democrático. Están preparando el ambiente
para otra Escombrera como la que se conformó con la famosa Operación Orión del
Gral Montoya y los paramilitares de Don Berna.
Des escalarlo, frenarlo y llevar a Álvaro Uribe Vélez ante
la corte Justicia es una necesidad y prioridad colectiva. Ponerle un límite político,
jurídico, internacional y simbólico es una demanda imperiosa de la convivencia
interna y externa de las naciones. Es una voluntad colectiva de las mayorías
nacionales e internacionales que rechazan su discurso y práctica violenta.
APLICACIÓN DE POLITICAS ECONOMICAS DE MISERIA SOBRE LA
POBLACION – CAUSAS DE MUERTES
La investigación fue realizada por Juan Diego Alvira
Periodista de Citynoticias en agosto del 2004, y la primera en lanzar la voz de
alerta fue la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Beatriz
Londoño: donde denuncia que en la ciudad hay familias que en ocasiones deben
alimentarse a punta de papel periódico con agua de panela y afrontar la muerte
por hambre.
La historia se confirma cuando se recorre el extremo sur
de Bogotá, donde los diarios sensacionalistas pueden terminar convertidos en el
plato del día.
En Los Puentes, uno de los tugurios que engrosa los
grandes cordones de miseria de los cerros orientales de la ciudad, 220 familias
integran el vecindario. Viven en estrechas casas a las que se acceden después
de trepar media montaña por el corredor principal del barrio. Allí está la casa
de la familia Suárez Londoño, una vivienda de cartón y madera donde habitan
Myriam Londoño y sus dos hijos.
Tiene 24 años y está enseñada a trabajar como empleada doméstica.
Su esposo es conductor de buseta que está desempleado. Natalia, la mayor de la
niñas, refriega una ropa contra un pedazo de loma que sirve de lavadero.
Mientras tanto, Myriam saca el balde donde guarda los
alimentos y muestra los ingredientes de una receta inhumana: papel periódico y
panela. “Es el almuerzo de los niños”, dice.
“Me tocó acostumbrarlos a comer papel porque un día no
tuve qué más darles y me lloraban por algo de comer”, afirma Myriam. Ella solo
está poniendo en práctica lo que alguna vez escuchó en la radio: que generar la
sensación de llenura sirve para adelgazar.
Entonces, empezó a enseñarles a sus hijas a decirle
mentiras al estómago. “El agua de panela los alimenta y con algo de papel masticado
puede ayudarles a quitar el hambre -explica-. Yo primero hice el ensayo y me
dio dolor de estómago pero con el tiempo me acostumbré”.
Los niños también se acostumbraron. A tal punto que comen
papel como si estuvieran jugando con él.
En Bogotá, donde según el proyecto Bogotá, cómo vamos el
49 por ciento de la población (3 millones 366 mil personas) se encuentra en
condiciones de pobreza y de ese porcentaje, 1 millón 140 mil en la indigencia,
casos como el de Myriam y su familia se repiten en localidades como San Cristóbal,
Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.
“Es inaceptable, así les toca a muchas familias pobres
-aseguró Londoño-. También hemos conocido de papás que les dan cubos enteros
para sazonar caldos. Los niños los muerden, como esos cubos son salados les da
sed y después les dan agua para llenarlos”, asegura Londoño.
Las declaraciones de la funcionaria se hicieron en el
marco del lanzamiento de la feria de alimentos Alimentec, que se lleva a cabo
en Corferias.
El desempleo, la recesión económica, el desplazamiento por
el paramilitarismo y la caída de los ingresos, hizo que la brecha entre ricos y
pobres se agigantara y que la pobreza golpeara sin compasión a las localidades
más vulnerables y pobres.
No deja de ser irónico que mientras historias como estas
se multiplican en los barrios de las principales ciudades del país, el Gobierno
Nacional y los órganos de control se tranzan en una polémica por demostrar quién
tiene la razón sobre los niveles de pobreza, si el Gobierno que asegura son del
53 por ciento o la Contraloría que señala que llegan al 61 por ciento. El
hambre no entiende de estadísticas.
La reacción de la gente.
La historia de la familia Suárez, que en ocasiones recurre
al papel periódico y el agua de panela para saciar el hambre, conmocionó ayer a
los bogotanos.
Tan pronto se conoció el hecho a través de Citynoticias
del miércoles en la noche., las llamadas de la gente no se hicieron esperar. Al
día siguiente, en el espacio del programa Arriba Bogotá, se habilitaron las líneas
telefónicas a través de las cuales los ciudadanos pudieron expresar sus
opiniones frente a lo que está ocurriendo con el tema de la pobreza en
Colombia.
Algunos aprovecharon para criticar a las autoridades
porque “prometen y prometen pero nunca cumplen”, otros se ofrecieron para
apadrinar a los niños de Myriam y la mayoría optó por donar mercados para la
familia. Parece que una de las políticas del gobierno para hacer desaparecer el
hambre de Colombia, es eliminar a los pobres que tienen hambre con el hambre.
Medidas de Uribe contrarias a la población
Durante su gobierno se redujo la jornada laboral nocturna
de 6:00 pm 6:00 am pasando de 10:00 pm a 6:00 am, lo cual implica una pérdida
para los trabajadores del 35% del recargo nocturno. Además aumentó de 1000 a
1250 semanas de cotización para pensionarse, aumentó la edad para ello la mujer
a los 57 años y los hombres a los 62, eliminó la prima de junio.
Fomentó la apertura económica del país sin la consolidación
de la competitividad interna, en detrimento de la industria nacional y la
equidad. Así, entre 2005 y 2008 las cifras de personas en condición de miseria
y de indigencia aumentaron exponencialmente, forzándolas a huir a la vecina
Venezuela y otros paises. Las grandes metas de equidad social del gobierno
Uribe no fueron cumplidas y tuvieron que ser postergadas en los años.
CONCLUSIONES
El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su
apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende
exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su
informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los
paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados
de impunidad.
Los Estados Unidos han hecho los de la vista ciega, ante
la cantidad de pruebas e información que compromete a Uribe en graves hechos
delictivos. El silencio de la administración norteamericana y el apoyo
incondicional del Presidente Bush y Obama a Uribe, deja entrever una obscura
alianza entre ambas administraciones que muy claramente favorecen los intereses
económicos estratégicos de EUA. Lo más curioso es que son medios americanos los
que han investigado y denunciado todos estos hechos delictivos de Uribe.
El 8 de agosto del 2012, es presentado un abultado
expediente de acusaciones por organismos libres de Derechos Humanos caratulado
EXPEDIENTE SINDICADO ALVARO URIBE VELEZ, ante la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional por crímenes de lesa humanidad, los mismos aún esperan la
resolución de la corte.
Uribe está siendo investigado por la fiscal de la CPI,
Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas
durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia
colombiana. Los obrados han sido presentados.
Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los
llamados “falsos positivos”, el asesinato de campesinos indefensos presentados
como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se
trató de “casos aislados”, aunque para el tribunal internacional – la CPI, al
que han llegado los más de 3.000 casos de los más de 10.000 asesinatos
reconocidos por la propia fiscalía colombiana: “hay bases razonables para creer
que se trató de una política de Estado de limpieza; estos asesinatos, cometidos
para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de
lesa humanidad.”.
Denuncias adicionales contra Uribe ante la fiscal de la
Corte Penal Internacional han sido presentados personalmente por el Presidente
de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático
(izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: ” a hechos
protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del
expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra políticos,
magistrados, campesinos y periodistas contra los que ordenó intervenciones
telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del
Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos”. Algunas de estas
persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de los
servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los
opositores a manos de sicarios narco paramilitares que actuaban con la
información suministrada por éste.
Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la
indagación de la fiscalía por su protagonismo en la formación del ejércitos
narco paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe ha intentando blindarse con
el apoyo de la cúpula militar y con su fuerza política, el “Puro Centro Democrático”
por la que es Senador y pretender esconderse bajo la inmunidad de su cargo o
incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia,
aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.
Una Comisión de Eurodiputados de la UE realizara un
levantamiento de datos de los crímenes realizados durante la administración
Uribe Vélez que podrían llevar al político colombiano directamente a la CPI. La
delegación parlamentaria esta integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés
(IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU),
Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví), estudiaran los casos
y realizaran un informe legal para el Congreso y la Eurocámara por los graves
crímenes. También acompañan la investigación una delegación de parlamentarios
ingleses.
Otra delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por
seis eurodiputados, certificó tras una audiencia pública en la localidad de
Macarena, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no
identificados. La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez
manifestó “que el Ejército asesine a su pueblo por orden de su gobierno es una
aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo es
un crimen de lesa humanidad”. Las investigaciones tabulan hasta un total de
35.000 personas asesinadas.
EFECTOS RESOLUTIVOS
Las personas que hayan tenido o tengan relación o vínculo
de cualquier tipo con el acusado serán pasibles a investigación y también en
caso de que se les demuestre acusados bajo los cargos de complicidad, sufriendo
inclusive una sanción moral, con su respectiva inclusión en la Lista
Internacional de Corruptos y CLH – Criminales de Lesa Humanidad.
REFERENCE.-
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