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Título : Lista de victimarios, masacres del río Atrato, Colombia, 1997.
Fecha de publicación Blog: 28 de febrero de 2066.
Fecha de publicación Libro: Oviedo, Cambalache y Pachakuti, 2010.
Materia : Colombia, Derechos Humanos
Colección / Serie : Memoria
Zona geográfica :
Fecha de los hechos : 1996 - 1997
Masacre del río Atrato, Colombia, 1997.
“Tarde o temprano, el malo será castigado:
mas la descendencia de los justos será librada”
Proverbios 11:21
Ricardo Ferrer Espinosa:
Cuando en Colombia exista justicia, o sino, ante la Corte Penal Internacional o equivalente, por los hechos que he denunciado, por omisión criminal, deben responder las siguientes personas.
VICTIMARIOS:
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y ALTOS CARGOS DEL ESTADO
QUE HAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE EN LAS MASACRES, LAS HAN ENCUBIERTO O HAN OMITIDO INVESTIGARLAS.
Ernesto Samper Pizano:
Presidente de la República, (1994 – 1998). Omitió sus deberes, pues según la Constitución colombiana es el comandante de las Fuerzas Armadas.
-Andrés Pastrana Arango:
Presidente de la República, (1998 - 2002). Omisión de sus deberes.
-Álvaro Uribe Vélez:
Por acción y omisión durante su mandato como gobernador de Antioquia y por acción y omisión como presidente de Colombia (2002 - 2010).
- Ministros del Interior, 1997 a 1998: Horacio Serpa Uribe, Carlos Holmes Trujillo y Alfonso López Caballero. Por omisión.
- Ministros de Defensa: Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Marta Lucía Ramírez. Por omisión.
- Ministros de “Justicia”: Carlos Medellín B. y Almabeatriz Rengifo L. Por omisión.
-“Superministro de Interior y Justicia”, Fernando Londoño Hoyos. Por omisión.
- Consejeros presidenciales: Carlos Vicente de Roux y Jaime Arrubla Paucar. Por omisión.
- Superintendente de Seguridad, Herman Arias: Es hijo del ex presidente del gremio bananero Augura, José Manuel Arias Carrizosa. Autorizó el funcionamiento de la CONVIVIR Papagayo, pese a todas sus irregularidades. Por omisión y complicidad directa.
-Gobernadores de Antioquia y Chocó:
El Gobernador de Antioquia entonces era ÁLVARO URIBE VÉLEZ , hoy presidente de Colombia.
El gobernador de El Chocó era Franklin Mosquera, quien ahora funge como cónsul de Colombia en Madrid.
- Procuradores Generales de la Nación 1997 y siguiente: Jaime Bernal Cuéllar y Edgardo Maya Villazón:
Por omisión en sus funciones.
- Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez: Omisión en sus funciones.
-Fiscal General: Camilo Gómez Osorio.
Acción y omisión. Obstruyó toda investigación contra el paramilitarismo mientras estuvo en la Fiscalía. Destituyó a Fiscales, filtró información, facilitó la infiltración del DAS por miembros del paramilitarismo y ocultó procesos en curso. Omitió investigar las denuncias hechas por las comunidades. Capítulo aparte fue la gestión de Gómez Osorio como embajador de Colombia en México. Nunca antes se había presionado tanto a los exiliados colombianos en el país azteca, mediante dos vías: acciones de inteligencia del DAS y las investigaciones “periodísticas” de los medios más cercanos al gobierno. El argumento más utilizado es que todo el exilio colombiano es militancia de las FARC.
- Fiscal General: Alfonso Valdivieso. Por omisión en sus funciones.
- DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, equivalente al CNI de España).
Toda la Dirección debe responder por acción criminal y omisión. En el caso del Atrato, existe un testimonio colectivo que confirma la relación especial de los escuadrones de la muerte con los funcionarios del DAS acantonados en el hotel Malecón en Quibdó durante las matanzas de 1997 y años siguientes. La INTERPOL entregó al DAS toda la información que había acumulado sobre el tráfico de armas con destino a los escuadrones de la muerte, que se hacía por vía de los puertos bananeros. El DAS obstaculizó toda la investigación.
- El Alcalde de Vigía del Fuerte, Wilson Chaverra. Por acción y omisión.
- Congreso de la República y en los entes legisladores regionales.
Otra guarida de los escuadrones de la muerte en Colombia se encuentra en los cuerpos legislativos de orden nacional, regional y municipal. El debate sobre las Milicias Nacionales se realizó en el Congreso de la República entre 1994 y 1996: Fue el intento de cubrir con un manto legal el terror que se inició a finales de 1996 y sigue activo hasta la fecha.
Vale la pena recordar el contexto en el cual se realizó el debate sobre las Milicias Nacionales: ”La debilidad política y militar en que se halló el estado colombiano frente a las guerrillas durante los años 1994 a 1998 permitía pensar objetivamente que los propósitos insurgentes eran realizables”. Se trata de un análisis realizado por Ernesto Borda Medina en su documento “Violencia y desplazamiento en Colombia: mucho territorio y muy poco Estado”
Tal afirmación se puede tomar como una confesión de la elite colombiana: Los dueños del país estaban convencidos de que podían perder la hegemonía sobre el Estado y el territorio de Colombia. En vez de solucionar la injusticia extrema que vive la mayor parte de la población, los gobernantes optaron por acentuar frontalmente el modelo de arrasamiento. El debate sobre “Milicias Nacionales “ intentó aportar un fondo legal a la guerra sucia que incrementó su intensidad desde 1996.
La propuesta legislativa aprobaría que la creación de Milicias Nacionales (“civiles” armados) que darían su apoyo al Ejército y la pérdida definitiva del monopolio de las armas por el Estado colombiano quedaba justificada por una razón excepcional.
En el proyecto se pretendía que la fuerza pública tuviera pleno apoyo legalizado de entes civiles, empresas de seguridad y vigilancia y otros apoyos adicionales.
Un argumento derivado del debate sobre Milicias Nacionales permitió crear las Compañía s de Vigilancia privada CONVIVIR. (Decreto 356 del 11 de febrero de 1994. Grupos “civiles”, armados, coordinados por el Ejército. Es decir, otro avance en la legalización de los paramilitares.
Si se analizan las actas, de las sesiones en plenaria como de la Comisión segunda, se podrá verificar que estamos ante la raíz de la doctrina y la estrategia paramilitar que ha dejado a Colombia llena de viudas y huérfanos. El huevo de la serpiente, el programa matricial de la muerte, con apoyo de los Boinas Verdes de los Estados Unidos.
La lista de ponentes, del proyecto de Milicias Nacionales, es la lista básica de los ideólogos del terror que ha vivido Colombia durante los últimos 13 años.
En su trayectoria política y prontuario delictivo, los congresistas han modificado las leyes marco de las negociaciones políticas: reconocen estatus político a los sicarios y deniegan el status político a la oposición armada.
Igualmente el Congreso aprobó la prescripción de dominio para tierras usurpadas violentamente a sus dueños. La ley pretendía amparar los casos de tierras que habían sido arrebatadas con asesinatos. En abril de 2009, finalmente, la ley se derrumbó por su propio peso.
Es el mismo Congreso que aprueba el ascenso, traslado y condecoraciones para oficiales que han cometidos crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.
Una relación, de los parlamentarios asociados con escuadrones de la muerte, se encuentra en el libro “El narcotraficante Nº 82, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia”, escrito por Sergio Camargo V. El autor, como es lógico, vive en el exilio.
Después de acusar el paramilitarismo en el poder ejecutivo y en el órgano legislativo, cabría señalar a algunos victimarios del Poder Judicial. Lo triste es que el Poder Judicial, en Colombia, es la ficción más grande jamás contada.
Los agredidos terminan judicializados, los agresores acusan a sus víctimas y familiares, la impunidad es total y la información dada a los jueces termina en poder de los mandos paramilitares. Los funcionarios viven un sistema de contratación precario, encadenando contratos. No hay garantías procesales, no hay investigación y los juzgados se convierten en depósitos de papel. Los testigos son delatados ante sus agresores, los bienes no se devuelven, las fosas comunes no se procesan, la dotación de los juzgados es insuficiente, no hay custodia real de expedientes ni pruebas.
En suma, el ciudadano común decide no denunciar, aun cuando haya perdido todo en la actual estrategia paramilitar del gobierno. La desmovilización de los paramilitares es una farsa, los agentes del Estado implicados en graves delitos contra la humanidad siguen intactos, la justicia no avanza en los procesos contra los altos cargos del Estado. Para ampliar lo descrito, invito a la lectura del libro “Desde Colombia pedimos Justicia” (citado en la bibliografía).
- Ejército de los Estados Unidos.
Los teóricos políticos y militares del Estado colombiano concluyeron que entre 1994 y 1998 estuvieron a punto de perder el control del territorio, dado el avance de la oposición armada.
El Ejército de Colombia, por si mismo, no estaba en capacidad contener la expansión guerrillera y los movimientos sociales. En ese contexto surge la decisión de reestructurar radicalmente el ejército colombiano. Se trata de un proceso de reingeniería que subordina a los militares colombianos al Comando Sur del ejército de EEUU.
Al mismo tiempo, en el Congreso de la República se propone la masiva vinculación de la población civil a la guerra mediante las Milicias Nacionales, proyecto que se debate en 1996. Ante el fracaso legislativo de Milicias Nacionales, el Estado opta por el contrato de beneficio mutuo con los escuadrones de la muerte, que se refundan en Colombia en 1996 bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia. El primer paraguas legal de las AUC fueron las Cooperativas de Vigilancia Privada CONVIVIR.
Eso explica la presencia frecuente de militares norteamericanos en Urabá, durante la década de 1990. Pasaban de Panamá a Colombia sin trámite alguno, según me confirmó un periodista, (hoy refugiado en Europa) que observó ese transito libre.
Volviendo a las fechas, desde 1996 se incrementa el nivel de guerra sucia en Colombia. El ascenso de los escuadrones de la muerte coincida con los despliegues de las Special Forces in Colombia, bajo directrices de Tom Clancy. Fuente informativa sobre los despliegues: Special Forces, a guided of U.S., Army Special Forces.
Los Estados Unidos ofrecen su aporte al Plan Colombia, por iniciativa del secretario de Estado y del Director de la CIA. Llegan oficiales de Fuerzas Especiales que adiestran y asesoran al Ejercito colombiano y las Fuerzas de Elite Privadas en el Occidente al momento de su constitución nacional en todo el territorio Colombiano como una fuerza unificada.
Es muy interesante que se mencionen las Fuerzas de Elite Privadas. ¿Son mercenarios de distintos países al servicio de los Estados Unidos? ¿Son las Autodefensas Unidas de Colombia? ¿Son las dos cosas: Mercenarios y sicarios de colombia? ¿Por qué coinciden las fechas de creación de las AUC en el Occidente de Colombia con el plan de constitución nacional en todo el territorio Colombiano como una fuerza unificada?.
El documento de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos indica que la misión de asistencia militar, dentro de la iniciativa de Plan Colombia, no requiere la aprobación del congreso de los Estados Unidos.
Los ejércitos de Colombia y de los Estados Unidos se parecen en eso: que actúan como un Corpus Separatum, por encima del control institucional y mucho menos de civiles, así se trate de los legisladores de Estados Unidos o de Colombia.
“El Primer despliegue Militar esta considerado para fechas de 1996 cuando se pretende tener unificadas Fuerzas de elite privada en todo el territorio nacional Colombiano”.
“Para el primer despliegue militar de menos de 180 días no se requiere aprobación del congreso de los estados unidos”.
“La Misión de la primera ODA no es derrotar a los Rebeldes de izquierda en Occidente de Colombia es apoyar a las Fuerzas de Elite en misiones especiales, previo al Plan Colombia”.
“La Misión de la Primera ODA es apoyar y dar asistencia a las brigadas del occidente de las fuerzas militares colombianas asesorando operaciones Especiales, previas a la aprobación del Plan Colombia”.
Mientras ocurre ese incremento en el despliegue de fuerzas especiales de los Estados Unidos en Colombia desde 1996, se inicia un enorme baño de sangre. ¿Ninguna autoridad de los Estados Unidos observó esa coincidencia?
En el documento “El imperialismo ecológico” El investigador Alberto Pinzón Sánchez explica que las Fuerzas Armadas de Colombia se integran en el sistema militar de los Estados Unidos en el hemisferio sur.
Se construyeron y dotaron bases militares en Colombia, bajo mando de oficiales de los Estados Unidos. Las más conocidas son Larandia, Tolemaida, Tres Esquinas, Puerto Legízamo, Tateyé, Leticia, Araracuara, Mitú, Puerto Inárida, Barranco de minas, Marandúa, Arauca, Tame, Tumaco, Juanchaco, Iscuandé, Turbo, Coveñas, Cartagena, Riohacha, Maicao, Catatumbo, La Dorada y Barrancabermeja. Posiblemente la lista sea más extensa.
El Plan Colombia se inició en el departamento del Putumayo. Una segunda fase era copar el sureste y la tercera consistía en consolidar el centro de Colombia. El sistema de bases en Colombia enlaza con las bases estadounidenses de Vieques en Puerto Rico, Guantánamo en Cuba, Reina Beatriz en Aruba, las de Liberia en Costa Rica, Sotocano en Honduras y Comalapa en El Salvador, las que a su vez están protegidas y apoyadas por las siguientes bases que amplían el anillo de la cadena militar. En Perú Iquitos, la de Alcántara, cerca de Manaos, que cuenta con las Bases Satélites de Tabatinga, enfrente de Leticia y la de Yavaraté en el Vaupes.
VICTIMARIOS: VENDEDORES DE ARMAS DE TODO EL MUNDO
Compiten para obtener contratos con el gobierno de Colombia.
Quien busque información, sobre la historia de los proveedores de armas en Colombia debe leer las intervenciones de Ingrid Betancur en el debate sobre los fusiles Galil en el congreso de la República. La acompañan en su empeño personajes como Ramiro Lucio, excombatiente del M-19 y Guillermo Martinezguerra Zambrana.
Las actas del Congreso de la República servirán para mostrar la competencia feroz entre empresas que quieren ganar los contratos espiando a la competencia, desacreditando, soltando información parcial a gotas, y en medio, parlamentarios y periodistas que tratan de entender y manejar el lobby de armas.
23 de noviembre de 2010
Nota aclaratoria a petición de Michel Baikrich, sobre la información proporcionada por Gerard Maissa:
Nunca ha tenido la representación ni ofrece productos de las industrias militares de Israel.
No ha vendido tecnologías de Infrarrojos a Colombia y menos a la IV Brigada de Medellín.
"Solamente ... en 1993 fui invitado en hacer una demostración de un puntero láser IR en un sitio militar en Bogota, fui enviado como técnico por una empresa Belga que adquirió una licencia sobre mi la tecnología Láser IR que he desarrollado, pero esta empresa tampoco vendió este material a Colombia después de esta demostración.
Este último fue el único que hice desde 1993 hasta hoy con Colombia".
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COMANDANTES MILITARES RESPONSABLES POR LAS MASACRES EN LA REGIÓN DEL ATRATO, COLOMBIA, MAYO DE 1997.
Contexto: Operación Génesis.
- Comandante General de las fuerzas Militares 1997. General Harold Bedoya Pizarro.
- Manuel José Bonett Locarno:
General del Ejército. En tiempos de la Operación Génesis era Comandante del Ejército y luego ascendió a Comandante de las Fuerzas Militares. 1997 - 1998.
- El comandante de la I (primera) División con sede en Santa Marta, general Iván Ramírez Quintero:
La responsabilidad prosigue sucesivamente entre quienes han estado al mando de la I División desde 1996 hasta ahora.
El Comandante Ramírez Quintero ha sido detenido por otros delitos: su presunta responsabilidad en la desaparición de los detenidos en el Palacio de Justicia en 1985.
Este general fue mencionado por el paramilitar Mancuso en una de sus declaraciones como alguien con quien se reunió en varias ocasiones para “planear” operaciones. Esta y otras declaraciones que puedan complementar o ratificar sus denuncias se pueden encontrar en la página www.verdadabierta.com que abrió la revista Semana hace seis años.
Bajo jurisdicción de la I División se multiplicaron los escuadrones de la muerte. El caso más paradigmático es el Bloque Élmer Cárdenas, que no tuvo obstáculos para su masiva acción delincuencial.
Junto al Bloque Élmer Cárdenas actuaban otros escuadrones de la muerte, creados en la misma matriz de las AUC: El Bloque Bananero, que actuaba en la zona agroindustrial de Urabá. El Bloque Calima, que se inició en el bajo Atrato. Se desplegó luego al occidente del Valle. Bloque Suroeste en Antioquia.
El inicio del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, se remonta a 1995 cuando en la zona rural de Urabá se crearon los grupos de autodefensa campesinas llamados “Los Velengues” y el “El grupo de la 70”.
E Bloque Élmer Cárdenas debe responder por más de 110 crímenes de lesa humanidad, incluidos 23 desplazamientos forzados.
Desde el principio, el Bloque sicarial estuvo bajo el mando de “El Alemán”.
Más de10 mil personas de la cuenca del río Cacarica fueron expulsadas de sus tierras por la acción conjunta entre el Bloque Élmer Cárdenas y la Brigada XVII, entonces al mando de Rito Alejo del Río. El área de influencia del Bloque eran los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, en el norte del Urabá antioqueño. En una zona con presencia militar, guarniciones y patrullaje intenso, la actividad de los escuadrones de la muerta no fue detectada.
En el Chocó, el Bloque de sicarios actuaba en el medio y Bajo Atrato, Unguía, Acandí, Riosucio; y en el occidente de Antioquia su influencia pasaba por Mutatá, Dabeiba, Uramita, y llegaba hasta Frontino, Cañas Gordas y Caicedo.
Teóricamente combarían a las FARC, especialmente a los Frentes 5, 57 y 58. También argumentaban combatir al ELN. Lo ilógico es que casi todas las bajas fueran personas civiles, ajenas al conflicto.
Tanta actividad paramilitar en la jurisdicción de la I División fue ignorada sistemáticamente por toda autoridad y organismo de control. Peor aún, los jefes paramilitares desmovilizados, confesaron haber sido entrenados, asesorados, armados en las guarniciones militares. Recibían información operativa, y en casos reiterados, los mandos militares les llegaron a entregar a personas que estaban detenidas en las guarniciones. Las víctimas eran llevadas ante los torturadores, descuartizadas y sepultadas en fosas comunes o arrojadas a los ríos.
El Bloque Élmer Cárdenas, como todos los demás Bloque paramilitares que actuaron en Urabá también se lucró de las extorsiones o colaboraciones voluntarias de los empresarios bananeros.
Igualmente sufrieron extorsión los comerciantes, transportadores, y dueños de lanchas.
El Bloque sicarial tenía peajes en las carreteras que conducen a Necoclí, y en la carretera al mar, que une a Medellín con Urabá. En el peaje de Dabeiba el propio Fredy Rendón, el “Alemán” recaudó hasta 40 millones de pesos por día.
El Bloque Élmer Cárdenas ha estado ligado al narcotráfico en el Urabá y el Chocó. En su zona de influencia no sólo hay cultivos ilícitos, sino que el Bloque les cobraba una cuota a todos los narcotraficantes para sacar la droga por Necoclí y el Golfo de Urabá. Por la misma zona ingresaban las armas para las Autodefensas.
Como parte de su estrategia de control de territorio y población, los paramilitares promovieron organizaciones no gubernamentales, cooperativas, medios de comunicación y empresas que están en manos de los sicarios “desmovilizados”.
El mando del Bloque Élmer Cárdenas mantuvo estrechos vínculos con los políticos de la zona, y en varias investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia se ha hablado de su incidencia en la elección de candidatos a las alcaldías, y al Congreso.
Al Bloque Élmer Cárdenas se le responsabiliza de múltiples asesinatos, masacres, reclutamiento masivo de menores, desplazamiento de población y atrocidades como descuartizamiento de personas.
Muchas de estos crímenes, según han dicho los propios desmovilizados, se habrían cometido con anuencia de miembros de la fuerza pública, en particular de la Brigada XVII con sede en Carepa, Antioquia.
Las comunidades y los propios desmovilizados han relatado también que el río Atrato se convirtió en un inmenso cementerio donde fueron arrojados los cuerpos de quienes eran asesinados por este grupo paramilitar. Fuente. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Textos disponibles en www.verdadabierta.com
- Comandante de la IV Brigada. General Carlos Ospina Ovalle.
Pese a todas las investigaciones iniciadas en su contra, llegó a ser Comandante del Ejército.
En Vigía del Fuerte, en mayo de 2002, combatió como parte de su misión, a las FARC, pero omitió combatir a las Autodefensas. Peor aún, auxiliaron a los paramilitares en su retirada y continuaron las acciones conjuntas entre Ejército y escuadrones de la muerte.
- Comandante de la XVII Brigada (Diciembre de 1995 - diciembre de 1997):
General Rito Alejo del Río Rojas:
El 11 de diciembre de 1995 asumió como comandante de la Brigada.
Su área de control incluía los municipios de Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan, Arboletes, San Pedro de Urabá, Río Sucio, Ungía y Acandí.
Las víctimas lo acusan por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
En 2008 la Fiscalía vinculó al General en retiro Rito Alejo del Río a la investigación por la tortura, decapitación (asesinato) de Marino López Mena, campesino del Urabá Chocoano, cometido por los hombres al mando de “El Alemán”, durante una operación que los desmovilizados han caracterizado como “conjunta” entre militares enviados por Del Río, y paramilitares del Élmer Cárdenas.
Los hechos se remontan al 27 de febrero de 1997. Toda la comunidad fue obligada a presenciar el “partido de fútbol” entre los soldados y sicarios de las Autodefensas, con la cabeza del líder comunitario.
“Esto es para que se den cuenta de lo que somos capaces de hacer”, dijeron los soldados y los sicarios a los habitantes de Bijao. Fuente: “Desde el mundo pedimos justicia”. Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y otras 29 organizaciones colombianas y europeas. Xixón, España, 2004.
En la región a cargo del general del Río, actuaban el ELN, FARC, EPL y las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. Del Río actuó solamente contra las guerrillas, como le corresponde en su misión militar, pero omitió atacar a las Autodefensas, con las que se alió en contra de la población civil. Las pruebas surgen de los mandos paramilitares, soldados arrepentidos, alcaldes valerosos que se enfrentaron al general del Río y a los líderes comunitarios que documentaron los hechos.
En jurisdicción de la Brigada XVII actuaron con toda impunidad y violencia los Bloques Bananero y Élmer Cárdenas. (Los detalles sobre el Bloque Élmer cárdenas se pueden leer en la reseña sobre la acción y omisión de la I División del Ejército):
El eje bananero está constituido por los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa, y una parte de Mutatá, en Antioquia.
El oficial estuvo como comandante de dicha Brigada durante 1996 y 1997. La acusación de graves delitos contra la humanidad, se basa en los testigos que confirman la colaboración de los soldados con los “paramilitares”, “mediante la omisión de procedimientos para combatirlos, facilitándoles medios para que pudieran actuar libremente y conformando agrupaciones de esa naturaleza.”
La acción del Bloque Bananero de los escuadrones de la muerte se realizó demasiado cerca de las guarniciones de la Brigada XVII del Ejército. Por tal motivo se reseña aquí, independientemente de qué persona estuviera al mando de la Brigada, fuera Rito Alejo del Río Rojas o los mandos posteriores:
- “En lo que se refiere a la zona bananera estrictamente, la presión se inició desde el norte de la región, en San Pedro y Necoclí”.
“Las primeras bases territoriales del Bloque Bananero se fijaron en San Pedro y Arboletes, municipios vecinos a la zona de influencia paramilitar de Córdoba. La conquista del Norte continuó en Necoclí donde, en los meses de febrero a abril de 1995, fueron asesinadas 130 personas, desaparecieron a 122. Cerca de 1.307 familias, conformadas por 2.500 personas, tuvieron que abandonar sus parcelas”. Fuente: denuncia de la Personería Municipal ante la Procuraduría Departamental y la Defensoría del Pueblo, 1995, 1996.
- “El Norte sería escogido por ser una salida expedita al mar, por ser centro de tráfico de armas, por ser territorio donde se movía a sus anchas el EPL (y su disidencia luego de los acuerdos de paz de 1991) y por ser epicentro de extorsiones, boleteos y secuestros contra ganaderos y comerciantes”. Fuente: María Teresa Uribe, Investigadora Social de la Universidad de Antioquia, 1996
- “Los índices de homicidios en la zona bananera, que de hecho eran muy elevados entre 1990 y 1995, se incrementaron significativamente en 1996. En Turbo las tasas fueron de 233 y 159 homicidios por cada cien mil habitantes en 2005 y 2006; en Apartadó llegaron a 393 y 199 respectivamente. De especial importancia fueron las incursiones en los corregimientos de El Tres y Currulao en Turbo, así como en las zonas rurales de Apartadó, Carepa y Chigorodó. Esta violencia fue especialmente intensa contra los sindicalistas y contra los dirigentes de la Unión Patriótica. Fue en esta ofensiva que las ACCU absorbieron a los Comandos Populares, organizados por los desmovilizados del EPL”. Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 2006. Dinámica Reciente de la Confrontación Armada en el Urabá Antioqueño. Bogotá, septiembre de 2006.
Con tal complicidad del Ejército, la región bananera de Urabá se convirtió en el laboratorio en el que Carlos Castaño probó su proyecto paramilitar (y homologó su modus operandi) .
Una vez controlada a sangre y fuego la zona bananera, con pleno apoyo de las guarniciones militares del Ejército en 1997, se crean oficialmente las AUC.
Se lanza la Operación Génesis, modelo que se extiende y aplica en el resto de Colombia.
Durante 1997 se arremete contra la población de El Chocó el occidente de Antioquia. Al mismo tiempo, desde Córdoba se acomete la expansión a toda la Costa Caribe. Luego de los asesinatos masivos de sindicalistas y opositores políticos la “seguridad”, tal como la entiende el Estado colombiano, “mejoró notablemente” en la zona bananera: los índices de homicidio bajaron y los paramilitares se centraron en desplazar población que habitaba en el sur del Urabá y en el Chocó.
Supuestamente combatieron a las guerrillas pero en la realidad atacaron masiva y deliberadamente a la población civil. Tomado el control, desplegaron todas sus actividades de narcotráfico. Hecho el desplazamiento de la población, sembraron la palma africana en miles de hectáreas usurpadas a los campesinos. Borraron las señales de los pequeños poblados: destruyeron las casas, cubrieron o arrasaron los cementerios. Todo se convirtió en un desierto verde.
Posteriormente a la suma de varias estructuras de la región se les dio el nombre de Bloque Bananero, que en teoría se desmovilizó en el 2004. Se trataba de dos frentes de las AUC: el frente Turbo, comandado por “Hernán Hernández” – quien luego asumió la comandancia del ‘Bloque Conjunto Calima’ en el departamento del Valle – y el Frente Bananero, a cargo de alias Raúl Hasbún o “Pedro Ponte”. Estas dos estructuras se encontraban bajo el mando de Carlos Castaño.
El Eje Bananero se encargaba en lo fundamental de la seguridad en el área bananera y de la entrada de armas y la salida de droga, utilizando los puntos de embarque que existen para el banano.
En 2004, 452 miembros del Bloque Bananero, “se desmovilizaron” e iniciaron su proceso de reincorporación a la vida civil, en un acto realizado en el corregimiento El Dos, de Turbo, Antioquia. El Bloque se desmoviliza en negociación con el gobierno.
Otras voces claman diciendo: “Es imposible hablar de negociación con el gobierno, pues toda negociación política exige como requisito básico la existencia de dos posiciones antagónicas o al menos diferenciables”, afirma Justicia y Paz.
El proceso contra el Brigadier General (retirado) del Río Rojas fue conocido inicialmente por una delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, quien, después de adelantar la investigación, resolvió el 21 de julio de 2001 abrir la instrucción por el presunto delito de concierto para delinquir por el patrocinio de grupos de justicia privada.
Del Río fue escuchado en indagatoria el 24 y 26 de julio de 2001, y el 31 de julio de ese año se profirió en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado.
Sin embargo, la medida quedó sin efecto el 4 de agosto de 2001. El Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, resolvió un recurso de hábeas hábeas: encontró violado el debido proceso porque la investigación de los militares con grado de General corresponde al Fiscal General de la Nación. La investigación fue remitida por competencia al Despacho del Fiscal General de la Nación, quien en providencia de 9 de octubre de 2001 precluyó la investigación contra del Río.
Al mismo tiempo, el equipo investigador que procedió contra del Río, sufrió amenazas, presión, despidos, traslados y en algunos casos, exilio.
El general del Río ya ha sido puesto a disposición judicial. El miércoles, 11 de Marzo de 2009, la Corte Suprema ordenó reabrir una investigación contra el general retirado Rito Alejo del Río.
La Corte argumenta en su fallo que “en la sentencia, cesación de procedimiento o preclusión de la investigación demandada, se cometió una injusticia que debe ser corregida.” La investigación anterior fue precluida por el ex fiscal general, Luis Camilo Osorio.
La Corte se refiere a la impunidad que hasta ahora ha gozado el general Rito Alejo del Río, cuando fue evidente la complicidad que tuvieron los oficiales de la Fuerza Pública con los paramilitares.
La Corte, cuando ordena reabrir las investigaciones, señala que se deben tener en cuenta las versiones libres ante “Justicia y Paz” (del gobierno) dadas por los ex cabecillas de las AUC, Ever Veloza García alias H: H:, Salvatore “El Mono” Mancuso, Jorge Iván Laverde Zapata alias “El Iguano”, y Elkin Casarrubia Posada.
Igualmente la máxima instancia de la justicia colombiana ordena incluir la información del sacerdote jesuita Javier Giraldo, compilador de extensa información sobre el terrorismo de Estado y la estrategia paramilitar en Colombia. El padre Giraldo relata que los grupos “paramilitares” en complicidad con miembros de XVII Brigada del Ejército, al mando del entonces general Rito Alejo del Río, instalaron retenes ilegales, forzaron a campesinos a abandonar las tierras, secuestraron y dieron muerte a numerosos habitantes de San José de Apartadó, la cuenca del río Cacarica, Dabeiba (Antioquia), Vigía del Fuerte y caseríos cercanos y Pavarandó y veredas vecinas.
Un tema pendiente es el sitio de presidio de éstos criminales. No es admisible que vayan a cumplir su pena de prisión en guarniciones militares, con pleno acceso a los casinos de oficiales, donde serán mimados por sus colegas.
- Comandante de la XVII Brigada del Ejército. (Diciembre de 1997 - 1999):
- General Martín Orlando Carreño Sandoval.
Omisión criminal. En territorio de la Brigada, los paramilitares actuaron con igual impunidad contra la población civil.
Encubridor. Impidió toda investigación contra el general Rito Alejo del Río rojas, pese a que había suficiente información presentada por el Coronel Velásquez, subordinado del general del Río Rojas.
-El Comandante de la Infantería de Marina, 1997. [Nombre pendiente para agregar]
- Director General de la Policía Nacional: General Rosso José Serrano Cadena.
-Los Comandantes de Policía de Antioquia y Chocó, 1997.
-Comandantes de Policía en Murindó y Vigía del Fuerte, 1997.
El libro “Desde Colombia pedimos Justicia” (2004), en su página 75, relaciona a 26 mandos de las fuerzas militares y de policía implicadas en las matanzas de San José de Apartadó, Cacarica, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Jiguamiandó - Curvaradó, y las riveras del río Atrato con sus afluentes.
- Comandante del Batallón de Contraguerrilla Nº 35, capitán Juan Carlos Correa.
Durante todo el tiempo de las masacres insistió ante los medios de difusión que “El Ejército tiene pleno control sobre la zona donde, además, hay presencia de la Policía y la Infantería de Marina”. Si tenían pleno control, ¿por qué no evitaron las masacres?.
Alcalde de Carepa: -Arnulfo Peñuela Marín.
Señalado por ex cabecillas paramilitares de favorecer a los grupos armados ilegales de la región de Urabá con los dineros que recibían de varias empresas bananeras.
REPRESENTANTES A LA CÁMARA
POR EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” VINCULADOS CON PARAMILITARES
Durante sus declaraciones ”El Aleman” reconoce haberse reunido con los legisladores del Chocó. Menciona entre otros a:
- Odín Sánchez.
Recibió dinero de los escuadrones de la muerte para campañas políticas. También hubo dinero para Patrocinio Sánchez, hermano del parlamentario.
- Edgar Eulises Torres.
Como mínimo, en dos elecciones a la Cámara de Representantes recibió apoyo económico y material de los escuadrones de la muerte.
- Carlos Escobar:
Recibió apoyos sicariales para ser Gobernador de El Chocó.
Otra persona mencionada por ‘El Alemán’ es Higinio Mosquera Lozano, ex candidato a la gobernación del Chocó. En una entrevista dada a la emisora La Voz del Chocó dijo:
“Para hacer campaña en el Bajo Atrato y el Urabá Chocoano había que hablar con ‘El Alemán’. Fui a Unguía con Robert Mendoza, mi jefe de campaña en la zona, y ‘El Alemán’ tenía mi expediente sindicándome de ser guerrillero. Expliqué, no hubo compromisos y hay testigos. Luego le envié la preclusión del proceso de rebelión. No me arrepiento de haber hablado con ‘El Alemán’”.
Esta sorprendente declaración es la enésima prueba de que en Colombia cada región se gobierna solamente si se tiene permiso del narcotraficante y sus escuadrones de la muerte.
VICTIMARIOS:
COMANDANTES PARAMILITARES DE LA REGIÓN DEL ATRATO
El objetivo de la siguiente lista es completar, con ayuda de los lectores, sobrevivientes, investigadores sociales, funcionarios incorruptos, los siguientes datos:
- Nombre real de cada sicario.
Diferentes alias que ha utilizado.
La estructura a la que pertenecía. Secuencia de rangos ganados.
Esperamos acumular testimonios de las personas que no pudieron hacerlo ante la ausencia o complicidad de las autoridades. Tenemos claro que Con la actual estructura de impunidad de la justicia colombiana, los testimonios se recogerán con la visión de llevarlos ante una Corte Internacional. No queremos exponer a más testigos ante un sistema judicial infiltrado hasta el fondo por los paramilitares.
En las fichas sobre los mandos paramilitares hemos registrado los diferentes testimonios y acusaciones según su fuente y el proceso:
1) Indicamos en el texto testimonios ya dados por personas y comunidades ante organismos judiciales. Es el grupo que ha visto mas impunidad y riesgo personal, pues los testimonios pasaron, en muchos casos, directamente a conocimiento de los escuadrones de la muerte. Los denunciantes sufren amenazas, exilio, tortura o muerte.
2) Incluimos, en la siguiente relación, testimonios dados por personas y comunidades que no se han atrevido a presentar sus denuncias ante ninguna instancia judicial. Es la situación más común, porque las víctimas desconfían del sistema judicial. No denunciaron en los juzgados por miedo, no tenían ante quien denunciar o se desplazaron y exiliaron en silencio.
Las organizaciones sociales que han recogido la información han debido acometer un trabajo de acopio sistemático de verificación, validación, protección de testigos, acompañamiento. En el caso de Justicia y Paz, los equipos recogen información fiable de las víctimas a las que acompañan durante años en sus comunidades para evitar que sean agredidas. Sirvan como ejemplo, las comunidades de paz.
3) Confesiones de los jefes paramilitares. Las confesiones deben mirarse con algunas reservas: omiten verdades sustanciales, aportan información ya conocida por los investigadores judiciales, acusan a personas ya muertas, inimputables, o ya encausadas. El paramilitar confeso mantiene pactos de silencio sobre temas intocables. Si hay devolución de bienes usurpados, se trata de una pequeña porción del expolio. Dado que los delincuentes tendrán penas ridículas en comparación con sus crímenes, saldrán a disfrutar de su libertad y de riquezas expoliadas.
4) Investigaciones y denuncias de la prensa, sobre temas realmente inéditos. La mayor parte de la prensa colombiana ha sido sobrepasada por los hechos. Han recabado más información algunas personas, comunidades y equipos de investigación social, que los equipos de redactores.
5) Aportes de funcionarios públicos que aún no han encontrado una entidad fiable para remitir sus investigaciones. Es un manantial de información crucial sobre los bienes expoliados a las administraciones públicas. Miles de funcionarios decentes conservan información sobre saqueadores de los recursos públicos usurpados, regalías que se dedican a pagar sueldos de sicarios, desvíos de dineros para la salud y educación que terminan en manos de los señores de la guerra.
Conocedores de la impunidad en el sistema administrativo y judicial colombiano, tal información estará disponible cuando se cree un verdadero clima de confianza para que los funcionarios puedan aportar la información sobre los delitos que conocen.
Finalmente, al procesar las fichas de los delincuentes, interesa saber el estado de los procesos abiertos. Queremos saber, además, la ubicación actual de los victimarios (presos, en paradero desconocido, extraditados). Todo lo que sirva para conformar y acumular base procesal.
Los anteriores son los alias de mandos paramilitares, de Murindó que recogí en las entrevistas realizadas en Medellín a los testigos de la ofensiva de mayo de 1997.
Mandos paramilitares en Murindó:
- Alias “El Alacrán”: Bloque Élmer Cárdenas.
- Alias “El Médico”:
Bloque Élmer Cárdenas El apodo lo recibió por su costumbre de despedazar vivas a sus víctimas). Posteriormente se le relaciona con la clase política de la costa Colombiana y con los congresistas vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo.
- Alias “El Ovejo”:
Bloque Élmer Cárdenas. Era el comandante paramilitar de Murindó. En 1997 tenía por costumbre almorzar en compañía del Comandante de la Policía municipal, a la vista de todos los vecinos. El 3 de agosto de 1998, el Ovejo fue Atacado por las FARC. Como represalia, el Ovejo ingresó disparando aleatoriamente en el poblado de San Martín de Porres (Vigía del Fuerte). Asesinó de varios disparos a la niña Roselina Mosquera, de tan solo 6 años de edad. (Fuente: Justicia y Paz).
- Henry de Jesús López: Alias Alias “Mi Sangre”. Oriundo de Medellín.
Pertenecía al Bloque Élmer Cárdenas. Es hermano de alias ‘Rodolfo’, hoy preso en la cárcel de Itagüí. Se le relaciona con actividades de narcotráfico y paramilitarismo.
Sus primeras actividades se realizaron en Murindó y el medio Atrato.
Posteriormente se desplaza a otras regiones del país, donde participa en proyectos de desarrollo del paramilitarismo a gran escala.
Según la confesión de David Hernández López, conocido como ‘Diego Rivera’. Henri de Jesús López era narco y recibía órdenes de Miguel Arroyave, creador del Bloque Centauros y consolidador del Bloque Capital. “Diego Rivera” (teniente retirado del Ejército) relata que entre septiembre y octubre de 2002, “Mi Sangre” lideró la reunión de la represa de Neusa, una cumbre de 300 sicarios de Medellín, Villavicencio y Cali. La reunión del alto mando sicarial de Colombia fue coordinada por Henry de Jesús López (Mi Sangre)’ y el ex militar Éver Jara, (alias “Fabián Castro”).
Estuvieron además, alias ‘Rodolfo’, hermano de Henry, hoy preso en la cárcel de Itagüí. La reunión fue encargada por Carlos Castaño quien quería establecer pautas de negociación con el gobierno y al mismo tiempo conservar la sede de los negocios en Bogotá.
‘Mi Sangre’ explicó en la reunión que todas empresas sicariales de Bogotá debían pagar el 30 por ciento de sus ingresos al Bloque Capital. El Bloque Capital de las Autodefensas quedaba bajo el mando de ‘Mi Sangre’. Sobre él estaban Miguel Arroyave y Carlos Castaño.
Pronto se incrementa la acción del Bloque Capital: entre el año 2000 y comienzos de 2001, ya se contaban cifras entre 300 y 600 muertos en Ciudad Bolívar. Y sólo se trataba de la fase de entrenamientos de los escuadrones de la muerte en Bogotá. Las órdenes las daba Miguel Arroyave y la ejecutaba ‘Mi Sangre’.
Mataron a todos los que supuestamente eran guerrilleros o sospechosos de serlo. Al mismo tiempo los paramilitares creaban sus redes sociales en Bogotá y establecían nexos con los congresistas. Tal relación en doble vía: espacio electoral y como carta de negociación.
Entre los políticos que inician relaciones con “Mi Sangre” aparece el senador Ciro Ramírez. Según la confesión de David Hernández López, Ciro Ramírez es quien abre las puertas del Congreso a los sicarios de las Autodefensas.
Desde noviembre de 2000 ‘Mi Sangre’ domina a Chía y Cajicá. Fueron los inicios del Bloque Capital, en Bogotá. Con pleno apoyo de políticos interesados en establecer alianzas con el mayor poder de Colombia.
Desde entonces las relaciones entre políticos y los mandos de los escuadrones de la muerte se extienden por todo el país.
Mandos paramilitares en Vigía del Fuerte:
- Chaverra, Wilson:
ex alcalde de Vigía del Fuerte. (1995-1997). Bloque Élmer Cárdenas. Ya citado. Participó activamente en la toma paramilitar de Vigía del Fuerte, en abril y mayo de 2002.
- Alias “El Lobo”:
Jefe local de las Autodefensa en Vigía del Fuerte. Bloque Élmer Cárdenas.
Los siguientes son nombres que han salido a la luz luego de las confesiones de los mandos paramilitares, denuncias de las comunidades, y datos compilados por la prensa.
Durante los últimos cinco años la página www.verdadabierta.com ha publicado selecciones de prensa y transcripciones de las confesiones de los mandos paramilitares. Se amplían con la web, algunos datos:
- Alias “El Brujo”:
Comandante paramilitar de Quibdó, la capital del departamento de El Chocó. Posible autor del asesinato del sacerdote Jorge Luis Mazo y del cooperante vasco Iñigo Eguiluz.
- Alias “Camilo”:
Bloque Élmer Cárdenas. Muerto en los combates de mayo de 2002 en Vigía del Fuerte y Bellavista.
- Casarubia Posada, Elkin:
Cabecilla de las AUC. Confesó en versión libre las relaciones del paramilitarismo con la Brigada XVII del Ejército.
- “Díaz”: Bloque Élmer Cárdenas. Ex-policía que hizo presencia con los grupos paramilitares en Vigía del Fuerte entre 1997 y el 2000. En los combates de mayo de 2002 en Vigía del Fuerte y Bellavista, volvió a la región, utilizando el aeropuerto de Medellín. Lo acompañaban varios paramilitares y, al saber de su presencia en Vigía, una parte de la población decide desplazarse a Quibdó.
Otros comandantes paramilitares en la región:
- Raúl Hasbún:
Alias: “Pedro Ponte”, “Pedro Bonito”. De empresario a Comandante del Frente Bananero paramilitar en Urabá, dirigido por Carlos Castaño. Comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Representante legal de varias CONVIVIR.
Fuera de las acusaciones por el trato dado a la población, se le acusa por Tráfico de drogas y de armas. Fuentes: 1) “Empresario Bananero, un paramilitar sin orden de captura”.
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article879 2) Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 2006. Dinámica Reciente de la Confrontación Armada en el Urabá Antioqueño. Bogotá, septiembre de 2006.
“A finales de 1997, el jefe paramilitar Raúl Hasbún, conocido con el alias de ‘Pedro Bonito’, llegó a un acuerdo con varias bananeras de la región de Urabá, entre las que se encuentran Chiquita Brands, Banacol, Delmonte, Dole, Proban y Uniban, que pagaban un centavo de dólar por caja exportada a las Autodefensas. El pago se hizo a la CONVIVIR Papagayo, y se destinaba una parte para Carlos Castaño, otra para “obras sociales” y una tercera parte para el pago de policías corruptos. Fuente: Confesión de Salvatore Mancuso ante los tribunales de Justicia y Paz y citada en www.verdadabierta.com En otra confesión se afirma que la cifra pagada es mucho mayor: Tres dólares por cada caja.
- Jorge Iván Laverde Zapata:
Se encubrió bajo diferentes alias: ‘El Iguano’, “La Iguana”, “Raúl Sebastián” o” “Pedro Fronteras”.
Nació en Turbo, en el Urabá antioqueño. Se unió a las AUC, en 1991, cuando tenía 17 años. Recibió instrucción militar de ‘Doblecero’.
En 1997 era subordinado de los hermanos Castaño. Llegó a ser tercer comandante del Chocó.
Por su violencia en Urabá, fue ascendido a jefe del frente de Norte de Santander, lugar donde dejó un enorme número de civiles muertos: Ha confesado más de 3 mil homicidios. Confesó ante la Fiscalía de Medellín la forma en que sus hombres utilizaron un horno crematorio para incinerar 98 cadáveres en el Norte de Santander en el 2001.
Según el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP) El Bloque Catatumbo es autor de 8183 asesinatos.
Fue apresado por miembros del CTI en Cúcuta el 16 de noviembre de 2000, pero escapó dos veces de la cárcel, con complicidad de funcionarios del INPEC (prisiones) y de la Fiscalía, según indica la revista Semana.
Entre 2000 y 2004 reconoció los homicidios de varias personas en territorio venezolano, cometidos en zona limítrofe con Puerto Santander. Según “El Iguano” las autoridades del vecino país habrían hecho los levantamientos respectivos.
Se desmovilizó de las ACU el 10 de diciembre del 2004 en el Norte de Santander
El 23 de mayo del 2007 inició sus confesiones Paz en Barranquilla.
El 19 de enero de 2009 le fue dictada medida de aseguramiento.
Julio de 2008: Está preso en una cárcel en Cúcuta.
- Moreno Hinestroza, José Rafael.
Alias Andrés: Jefe paramilitar de Quibdó. Subordinado a la familia Castaño.
- Alias Omega: Comandante paramilitar en Urabá.
Subordinado a la familia Castaño. Muerto.
- Alias Palillo: Comandante paramilitar en Urabá.
- Daniel Rendón Herrera:
Hermano de “El Alemán”. Alias: ‘Don Mario’.
Sus estructuras siguen activas, al servicio del narcotráfico luego de la supuesta desmovilización de 2004. Se le acusa de más de 3000 asesinatos. Asociado con Miguel Arroyave, del Bloque Centauros. Daniel Rendón se hizo famoso luego como “Don Mario” y se convirtió en el principal jefe del narcotráfico del país al mando de bandas emergentes. Terminó ejerciendo el mando sobre las antiguas zonas donde el Bloque Élmer Cárdenas ejercía completo control.
Capturado el 15 de abril de 2009 en Necoclí, Antioquia.
- Freddy Rendón Herrera:
Alias usados: El Alemán, José Alfredo Berrío, Puma 4.
Nacido en la vereda Las Ánimas, Amalfi, Antioquia 1974. El dato de su origen importa porque se trata del pueblo de donde provienen los hermanos Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia. En Necoclí, Fredy Rendón conoció más de cerca a Carlos Castaño, y se convirtió en uno de sus sicarios.
Estructura y rango: Jefe del Bloque “Élmer Cárdenas” de las AUC. Desde 1996, cuando se vinculó a las Autodefensas, entró directamente bajo el mando de Carlos Castaño.
Área de influencia: El Urabá antioqueño y chocoano. Es el paradigma de las relaciones de los escuadrones de la muerte con la clase política, exactamente con el uribismo.
“Mantuvo estrechos vínculos con los políticos de la zona, y en varias investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia se ha hablado de su incidencia en la elección de candidatos a las alcaldías, y al Congreso”. www.verdadabierta.com
Es uno de los agresores de la población civil del medio y el bajo Atrato. (Fuente: IPS).
Ha confesado:
- La matanza de 15 campesinos en La Horqueta, ocurrida el 21 de noviembre de 1994.
- La muerte de 10 personas en Juradó, Corodó y Bahía Solano, entre 1996 y 1997.
- El secuestro de 7 integrantes de las comunidades de paz de Arenales y Villahermosa y participar en la muerte de 12 más, en 1999
- Haber ordenado a 30 hombres de su grupo a que se desplazaran hacia Cundinamarca, Boyacá y Santander, para matar a 69 personas en el 2001.
La confesión se queda corta:
“En las cuencas del Atrato y sus afluentes hubo por lo menos 600 civiles muertos y unos 20 mil desplazados por ‘El Alemán’ “. Fuente: Diócesis de Quibdó.
Directamente a Fredy Rendón Herrera se le imputan 600 muertos. Se le adelanta investigación por concierto para delinquir, homicidio y secuestro.
Pero los investigadores judiciales multiplican por cinco el registro de Victimas si se toma en conjunto el daño que ha causado el Bloque Élmer Cárdenas, bajo su mando: 3.269 víctimas. Fuente: Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP)
Durante la masacre del 2 de mayo de 2002 en Bellavista / Bojayá los paramilitares estaban bajo su mando. Se le acusa por atrocidades que cometieron los paramilitares en las comunidades del Medio y Bajo Atrato a partir del año 1996.
Ordenó innumerables masacres, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones de mujeres y niñas (muchas veces en presencia de sus maridos y familiares).
Generó incontables desplazamientos, tanto masivos como los gota a gota, que desintegraron el tejido social de centenares de comunidades y miles de familias. Estaba permanentemente al mando de los paramilitares desde el inicio. Se movía libremente por la región y los mandos medios lo llamaban constantemente.
Ordenaba ejecuciones con motosierra o machetes. Ordenó degollar, picar y meter en un saco a los vecinos del Atrato para tirarlos al agua. El río Atrato y sus afluentes se convirtieron en cementerios durante ya diez años. Con ese sistema, los sobrevivientes no pudieron enterrar a los muertos. Fuente: www.verdadabierta.com:
Expolios y beneficios:
Se apoderó de la industria maderera del Atrato para financiarse. A cambio de las herramientas de trabajo, los campesinos empeñaban la madera cortada para pagar la deuda y el resto, según las investigaciones de organizaciones de derechos humanos, se les pagaba con vales que sólo servían en ciertos lugares. Fuente: Declaraciones ante la justicia citadas en www.verdadabierta.com
El Alemán es quizá uno de los paramilitares que más despojó de tierras a los campesinos, y se apropió personalmente de muchas de ellas. Sólo en el corregimiento de Pueblo Bello, en Turbo, los hombres del Alemán, usurparon a sus dueños 60 fincas que suman un total de 3.500 hectáreas.
En los hechos está comprometido igualmente Salvatore Mancuso, y el caso se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, El Alemán lo niega: “En la zona de Urabá si hubo otro grupo de Autodefensas que en complicidad con bananeros, coacciona a la población para la venta de tierras. Estas presiones venían de la casa Castaño, a través de los comandantes “Omega” y “Palillo”.
Las miles de hectáreas sembradas con palma africana en las márgenes de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá entre otros, se las apropió “El Alemán”. Sus hombres asesinaron y desplazaron a cientos de indígenas y afrodescendientes que se negaron a vender sus tierras para sembrar palma. Las comunidades de Curvaradó, Cacarica y Domingodó, hablan de por lo menos 22.000 hectáreas que les han sido arrebatadas por los hombres del Bloque Élmer Cárdenas. Fuente: Los desplazados.
La zona de Belén de Bajirá en Mutatá también registra miles de hectáreas sembradas con palma, que también fueron tomadas por el Bloque Élmer Cárdenas, y por Vicente Castaño, tras obligar a cientos de campesinos a entregarle sus territorios. Fuente: Desplazados.
Sin embargo, todo este despojo ha sido presentado por “El Alemán” y los hombres de su Bloque como un proyecto de envergadura social llamado PASO, y que busca generar empresas productivas en zonas alejadas.
En realidad, es parte de una estrategia de repoblamiento y control territorial cuyo eje es una agroindustria maderera y palmífera diseñada por Vicente Castaño. Por eso, “El Alemán” insiste en sus versiones libres que él simplemente actuaba como líder comunitario. “Nosotros entramos en mayo 28 de 2002 a Bajirá, y en reuniones con el padre Leonidas Moreno y Monseñor García, se acordó que esas tierras eran de los nativos. En consecuencia, no soy propietario de tierras con cultivos de palma ni a mi nombre ni por testaferros. Esos cultivos son de empresarios bananeros. Yo solo me limité a presentar la propuesta a Jaime Sierra, gerente de empresas palmeras” dijo en su versión libre.
En el Chocó cientos de hectáreas sembradas con madera, también financiaban su estructura, bien fuera por la venta de la misma o la extorsión a los empresarios y comerciantes de ella. Así lo reconoció alias el Alemán durante la diligencia de versión libre en junio del año pasado. “Eran pagos concertados. Los madereros pagaban voluntariamente un impuesto del 5% sobre maderas finas y 3% sobre maderas ordinarias. A las personas que no querían contribuir, no se les tomaba algún tipo de retaliación. Esas empresas que aportaban eran Maderas del Darién y Tríplex Pizano”.
Extorsionó a los empresarios del banano (Ver cita posterior sobre Chiquita Brands)
En otros documentos sobre Fredy Rendón puede leerse:
De las vacunas o extorsiones también eran objeto los comerciantes, transportadores, y dueños de lanchas. El Bloque tenía peajes en las carreteras que conducen a Necoclí, y en la carretera al mar, que une a Medellín con Urabá. A la altura de Dabeiba el propio Alemán reconoció que podía recaudar hasta 40 millones de pesos en un día.
Aunque “El Alemán” lo niega, el Bloque Élmer Cárdenas ha estado ligado al narcotráfico en el Urabá y el Chocó. En su zona de influencia no sólo hay cultivos ilícitos, sino que el Bloque les cobraba una cuota a todos los narcotraficantes para sacar la droga por Necoclí, y el Golfo de Urabá. Por esta misma zona ingresaban las armas para las Autodefensas.
Ha entregado a las autoridades 5.500 millones de pesos, 397 semovientes, 4 motores, 2 inmuebles urbanos y 3 vehículos.
La devolución de bienes expoliados no significa que vayan a ser usados para reparar a las familias de las víctimas y sobrevivientes.
Situación legal: se desmovilizó en 15 agosto de 2006, en el marco de polémicas negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Rinde versiones libres. El proceso judicial le permitirá acceder a una pena máxima de ocho años de cárcel, (Fuente: IPS).
Ubicación actual: Desde 2008, detenido en la cárcel de Itagüí
Hagamos aquí una pausa, porque algo no cuadra en las cuentas de la justicia: si a Fredy Rendón Herrera se le procesa por la muerte de 3269 personas y sólo pagará 8 años, el resultado es que purgará un año de cárcel por cada 408 víctimas. Menos de un día de cárcel por cada muerto.
Supongamos que se le procese “solo” por los 600 muertos que ha documentado la Diócesis de Quibdo. Será un año de cárcel por cada 75 muertos.
Supongamos otro giro de la “justicia colombiana”: que a Fredy Rendón Herrera se le procese y se le condene únicamente por los 106 crímenes que ha confesado: Un año de cárcel por cada 13 muertos. Después de 8 años, saldrá libre. Disfrutará de los bienes que no ha entregado. Esa es la justicia colombiana. Ese es el proceso de “Justicia y Paz” diseñado por el presidente Uribe para cimentar la paz de Colombia.
Como parte de su estrategia de control de territorio y población, “El Alemán” promovió una serie de organizaciones no gubernamentales, cooperativas, medios de comunicación y empresas que subsisten después de la desmovilización. Al Bloque Élmer Cárdenas se le responsabiliza de múltiples asesinatos, masacres, reclutamiento masivo de menores, desplazamiento de personas y atrocidades como descuartizamiento de personas.
Muchos de estos crímenes, según han dicho los propios desmovilizados, se habrían cometido con anuencia de miembros de la fuerza pública, en particular de la Brigada XVII con sede en Carepa, Antioquia.
De hecho en 2008 la Fiscalía vinculó al General en retiro Rito Alejo del Río a la investigación por la tortura, decapitación (asesinato) de un campesino del Urabá Chocoano, cometido por los hombres al mando de “El Alemán”, durante una operación que los desmovilizados han caracterizado como “conjunta” entre militares enviados por Del Río, y paramilitares del Élmer Cárdenas.
“El Alemán” aceptó parcialmente también su responsabilidad en la masacre de Bojayá, Chocó, en mayo de 2002, cuando en medio de intensos combates entre paramilitares y guerrilleros de las FARC, estos últimos lanzaron un cilindro de gas que destruyó la iglesia donde se alberga la comunidad, y mató a 199 personas, en su mayoría niños. Los paramilitares, han reconocido que se apostaron y combatieron al lado de la iglesia.
Las comunidades y los propios desmovilizados han relatado también que el río Atrato se convirtió en un inmenso cementerio donde fueron arrojados los cuerpos de quienes eran asesinados por este grupo paramilitar. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz señala al Bloque Élmer Cárdenas como responsable de haber cometido más de 110 crímenes de lesa humanidad, entre ellos 23 desplazamientos forzados.
Este Bloque fue uno de los últimos grupos en desmovilizarse, y lo hizo en conversaciones aparte de las que se llevaron a cabo en Santa Fe Ralito con los demás jefes paramilitares. “El Alemán” se negó inicialmente a unirse a la mesa nacional dado que los demás comandantes se habían aliado para matar a Carlos Castaño y permitir el ingreso a las negociaciones de un grupo de narcotraficantes camuflados en el proceso. El Alemán inicialmente se declaró en rebeldía. Sin embargo, en 2006 empezó su desmovilización en tres fases. El 12 de abril de ese año entregaron las armas 309 paramilitares en el corregimiento de El Mello Villavicencio, de Necoclí. Dieciocho días después, el 30 de abril, se realizó la segunda desmovilización en el corregimiento el 40 de Turbo.
La última fase se realizó en el municipio de Ungía Chocó, el 15 de agosto. Allí, un total de 745 hombres y mujeres pertenecientes al Frente Norte Medio Salaquí o Frente Chocó, se desmovilizaron, con ellos el máximo comandante Fredy Rendón, alias El Alemán. En total 1538 hombres y mujeres del Bloque Élmer Cárdenas se reincorporaron a la vida civil.
Dos años después se supo que “El Alemán” no había desmovilizado a 156 niños que eran explotados como combatientes al momento de la entrega de armas, y que los devolvió a sus casas. Eso le ha generado un fuerte conflicto con el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y se constituye en un caso que está siendo documentado por algunas ONG con miras a que lo estudie la Corte Penal Internacional.
Quien se desmovilizó con el Bloque Élmer Cárdenas fue Daniel Rendón, hermano de “El Alemán”. Había sido el hombre de confianza en temas de finanzas de Miguel Arroyave, del Bloque Centauros. Daniel Rendón se hizo famoso luego como “Don Mario” y se convirtió en el principal jefe del narcotráfico del país al mando de bandas emergentes. ”El Alemán” ha negado insistentemente vínculos con su hermano, pero es evidente que éste controla ahora las antiguas zonas donde el Bloque Élmer Cárdenas ejercía completo control.
- Éver Veloza García:
Alias: H. H., Carepollo. Nació en Trujillo, Valle, en 1967. Ejerció mando sobre los Bloques Calima y Bananero . Comandante paramilitar en Urabá.
Cargos: por homicidio agravado en persona protegida, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, terrorismo. Llegó en 1994 al Urabá con el llamado “Grupo de Turbo” con los 20 fundadores de las Autodefensas en esta zona bananera. Lo ascendieron a comandante del que fue luego el Bloque Bananeros.. En Medellín cooperó con alias “Lucas” en la creación de los grupos de autodefensa de Frontino, Antioquia. En Urabá, en coordinación con la Fuerza Pública, y con el respaldo de varias empresas bananeras, cometieron múltiples masacres y asesinatos de quienes ellos acusaban de ser guerrilleros.
Según datos de la justicia llegan a 1.200 las muertes, en la “limpieza” que hicieron de guerrilleros en la región de Urabá. Esta zona estaba bajo el mando de Carlos Castaño y Vicente Castaño, de quien Éver Veloza llegó a ser muy cercano.
Tanta confianza tenía Éver Veloza con Vicente Castaño, que confiesa haber participado en el asesinato de Carlos, ordenada por su propio hermano, Vicente.
Para confirmar datos de ese crimen, Veloza entregó a los fiscales de Justicia y Paz las memorias USB de Carlos Castaño, en la que aparecen los nombres de los políticos, militares y policías que trabajaron con las AUC. Fuente: Confesión ante la justicia.
A mediados de 2000, Veloza fue comisionado por Vicente Castaño para que reforzara al Bloque Calima que se movía entre Valle y Cauca, y que contra la voluntad del jefe de las AUC, se había puesto al servicio del cartel del narcotráfico comandado por ‘Don Diego’. ‘HH’ consiguió retomar el control del Bloque Calima, expandió sus lugares de dominio, consiguió la colaboración económica de varias empresas del Valle y del Cauca y cobró 50 dólares por kilo de coca exportada por el Pacífico.
En esa cobardía , el Bloque Calima dejó muchísimos muertos. La masacre más espeluznante fue la que se extendió por dos días a lo largo de la cuenca del Río Naya, entre el 10 y el 12 de abril de 2001, y que dirigió el propio ‘H H’, en la que mataron y mutilaron hombres, mujeres y niños campesinos indígenas. Oficialmente fueron 27 los muertos, pero hay testimonios de que pudo haber muchos más.
‘H. H’ se convirtió en colaborador del proceso gubernamental de Justicia y Paz. Ha confesado crímenes, ha contribuido con información sobre sus cómplices,
“Ha entregado documentación y ha ayudado a identificar fosas comunes en donde se han encontrado cuerpos de desaparecidos. Entregó una memoria USB perteneciente a Carlos Castaño, en la que se encuentra el testamento de éste, correos que les enviaba a otros dirigentes de las AUC e información confidencial de la Policía”. Fuente: Fiscalía General. Versión libre de Ever Veloza García.
Sus declaraciones develaron que la Chiquita Brands y las empresas de vigilancia privada la CONVIVIR Papagayo financiaron a los paramilitares de la región.
Veloza insiste en la complicidad de la Brigada XVII del Ejército con sus escuadrones de la muerte. Los datos han servido para abrir procesos en contra de reconocidos políticos de diferentes zonas del país. Fuente: Confesiones de Veloza ante la Unidad de Justicia y Paz.
El 25 de noviembre de 2004, alias ‘HH’ se desmovilizó con 452 hombres en el municipio
de Turbo - Antioquia como primer cabecilla del Bloque Bananero y en diciembre del mismo año, del Bloque Calima.
Luego, en el 2006, cuando fue llamado a presentarse ante las autoridades en el proceso de paz y no teniendo orden de captura vigente, no se presentó. Finalmente en abril del 2007 fue capturado por la DIJIN y quedó preso en la cárcel de Itagüí.
Está vinculado al tráfico de drogas, y al tráfico de armas.
Luego de su poco creíble “desmovilización” del 2004, sus estructuras continúan activas: el 31 de agosto de 2007: El agente de la DEA John Barry, relata que Veloza, desde 1998 hasta el año 2006, “participó en una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, cuando inició coBrandso el impuesto sobre cada embarcación tipo lancha rápida que salía del área controlada por éste, cargada con 1.000 o 2.000 kilogramos de droga, con rumbo a México, Guatemala o Panamá, y con destino final a los Estados Unidos”. Fuente: una corte de Nueva York que lo requiere para juicio.
Ha ordenado la muerte de al menos 3.000 personas y la desaparición de una cifra que ni el mismo es capaz de calcular. Mató todos los días y en todos los pueblos en que estuvo desde su vinculación a las AUC (desde 1994). Para ello utilizó motosierras, descuartizó y torturó a muchas personas.
La Fiscalía le atribuye un parcial de 1.200 víctimas en Urabá a ‘H.H.’. Su prontuario en las Autodefensas comprende varias masacres, entre las que se encuentran la del Naya en abril de 2001, que dejó 27 víctimas; la de Alaska, con 21 victimas; la de Sabaletas y dos en Barragán con 9 muertos. También se le acusa de ser responsable de la masacre de 18 personas en el bar El Aracatazo, en el municipio de Chigorodó (Antioquia) y el asesinato de 19 sindicalistas en Bugalagrande (8 pertenecían al Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y uno a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA).
Obtuvo colaboración de empresarios y comerciantes e hizo operaciones conjuntas con miembros activos y de alto rango de la fuerza pública en Urabá y el Valle del Cauca.
Sus versiones han destapado los vínculos de importantes empresas bananeras, multinacionales y de empresarios nacionales con las AUC.
‘HH’ ha dicho que mató muchos inocentes, que los hizo sólo por sospecha y de esos crímenes no sólo son responsables las Autodefensas sino sus “patrones”; es decir, quienes las financiaron, como industriales, comerciantes y políticos que, en muchos casos, nunca actuaron bajo presión sino que eran ellos lo que los llamaban para que solicitar sus servicios.
Ha dado detalles sobre la forma como empresas multinacionales de Estados Unidos, con asiento en Urabá, pidieron la “ayuda” de las AUC a cambio de una retribución económica, retribución que sirvió para comprar armas y reclutar a más combatientes.
Entre 1997 y 1998 el Bloque Bananero mató entre 1.300 y 1.500 personas en el Urabá, entre Antioquia y Chocó, tiempo que –indicó- coincidió con la Operación Génesis, ordenada por el ex comandante de la XVII Brigada, general (r) Rito Alejo del Río, para erradicar a la guerrilla de sus “santuarios” de las selvas chocoanas. Fuente: Éver Veloza García, audiencia de versión libre.
“En esa época el río Atrato se convirtió en el cementerio itinerante de esa operación conjunta, al punto que los cementerios de pueblos ribereños como Vigía del Fuerte (Antioquia) y Riosucio (Chocó) se llenaron de tumbas marcadas con las letras NN.
Esa operación provocó uno de los desplazamientos más numerosos de la década del 90, cuando cerca de 5.000 campesinos, la mayoría negros, buscaron refugio en un campamento improvisado que montaron en el corregimiento Pavarandó, en Mutatá, luego de atravesar parte de las selvas del Darién.
El ex jefe para dijo en una audiencia de versión libre que no entendían por qué al general Del Río lo llamaban el Pacificador de Urabá y, en cambio, a él le decían el Monstruo de Urabá, cuando ambos cumplieron la misma misión y la ejecutaron juntos.
El oficial (r) es procesado de nuevo por la justicia que le reabrió el proceso, luego de las imputaciones de HH, en las que aparece comprometido con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Veloza García habló de la colaboración de políticos y miembros de la fuerza pública. Mencionó vínculos entre grandes personalidades nacionales con las Autodefensas, entre ellas Monseñor Duarte Cancino y el ex embajador Chaux Mosquera.
Quedan por esclarecer al menos 11 mil hechos delictivos contra el ex jefe de los Bloque Bananero y Calima de las Autodefensas. Ocho mil de esos delitos estaban relacionados con la actividad de las Autodefensas en Urabá y tres mil más, en el departamento del Valle del Cauca. Fuente: Fiscalía.
Si se verifica solamente el período entre los años 2000 y 2001, en Cauca y Valle del Cauca, se confirma que las Autodefensas mataron, en esa región, a unas 1.500 personas.
Las confesiones permitieron saber que los asesinatos del humorista Jaime Garzón, el defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo; el profesor de la Universidad de Antioquia, Hernán Henao, y los investigadores del CINEP, Elsa Alvarado y Mario Calderón, los ordenó Carlos Castaño, pero que en ellos participaron de forma directa e indirecta miembros de la fuerza pública.
Nota: Hernán Henao, Investigador Social del instituto de Estudios Regionales, INER, conocía profundamente los procesos de planeación regional, los liderazgos comunitarios y los megaproyectos que afectaban la región donde actuaron los sicarios de las AUC contra la población civil. Desde su trabajo académico, Hernán Henao podía identificar perfectamente a las empresas beneficiadas y a los entes públicos más comprometidos con los escuadrones de la muerte.
HH delató entre sus socios al ex embajador de Colombia ante República Dominicana. Seguidamente señaló al gobernador de Cauca, Juan José Chaux Mosquera, quien finalmente renunció luego de verse relacionado con la presencia de mafiosos (delegados de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”) en la Casa de Nariño, es decir, en la presidencia de Colombia. Fuente: versión libre de Éver Veloza.
Otros políticos de Cauca, igualmente, pidieron la colaboración de las AUC con fines electorales: Juan José Chaux Mosquera y Luis Fernando Velasco.
H.H. dijo que está dispuesto a revelar los nombres, los vínculos y la forma como operaban con militares y policía y a dar más detalles de la manera como las empresas y los políticos los financiaban y les pedían que intervinieran en asuntos de toda índole.
El esclarecimiento de estas versiones está en manos de la justicia y del Gobierno porque, además, Veloza García anunció que entregará la ubicación de unas 400 fosas con los restos de muchas víctimas de las AUC y que, para la reparación, ofrecerá bienes por un valor cercano a 11 mil millones de pesos, ubicados en distintas regiones del país.
Jueves, 05 de Marzo de 2009 José Éver Veloza, alias “H. H.”• salió extraditado en un avión de la DEA rumbo a los Estados Unidos. Al ser extraditado, por narcotráfico, se interrumpe la compilación de información sobre sus asesinatos. Se supone que ese proceso podrá hacerse luego, pero se habrán perdido datos, detalles y profundidad. La extradición supuestamente hace justicia contra el narcotráfico, pero garantiza la impunidad y sobre todo, el silencio de una persona que estaba desvelando la trama de relaciones entre escuadrones de la muerte, Ejército de Colombia, empresarios, políticos y multinacionales.
Igual ocurre con los demás extraditados. La extradición tan conveniente, les permitirá pagar 8 años de cárcel, sin garantía de que los presos vuelvan a Colombia. Existe la posibilidad de que los mafiosos sean cooptados como testigos por las autoridades de los Estados Unidos, que les provean nueva identidad y nunca se vuelva a saber de ellos.
- Carlos Castaño:
Fundador de las AUC: Presuntamente muerto, por su propio hermano, Vicente, en abril de 2004.
- José Vicente Castaño Gil:
Fundador de las AUC. Alias El Profe. Posiblemente Muerto. Ever Veloza alias ‘HH’ en mayo de 2008 afirmó que no cree que Castaño esté muerto Salvatore Mancuso:
Ligado a la Ndrangeta, la mafia Italiana de Calabria. Mancuso es la bisagra que une las mafias Colombo Italianas. Señaló cómo oficiales del Ejército, Armada, la Fuerza Aérea y la Policía transportaban a paramilitares en sus camiones, elaboraban listas para masacres y asesinatos selectivos, entrenaban a los combatientes de las AUC en sus cuarteles y les entregaban las armas a los futuros verdugos de la población civil.
Anotaciones necesarias:
Otros nombres de los líderes paramilitares han ido manando de la confesión hecha por los sicarios ante jueces y retomada por medios de difusión. La web www.verdadabierta.com ha compilado las versiones de modo directo, ha recuperado entrevistas dadas por los sicarios a los medios de difusión y ha utilizado selecciones de prensa. Una de las fuentes más fiables, citadas por Verdad Abierta, es la Diócesis de Quibdó, porque no ha vacilado en señalar a todos los actores y sus compilaciones son más verificables.
Frente al valor profético de la Diócesis de Quibdo, queda en evidencia la inacción de la jerarquía católica colombiana, que se ha acomodado a la situación y sólo emite comunicados tibios, frente a una realidad salida de cauce y francamente aterradora.
El hecho de que los sicarios hayan rendido su versión libre ante la justicia y sus testimonios sean difundidos por todos los medios, no significa que estemos necesariamente ante un sistema judicial que garantice la reparación integral a las víctimas:
Sobre millones de hectáreas que han sido usurpadas a sus dueños, se ha devuelto una mínima fracción, que no llega a las 40 mil hectáreas.
Los mandos de los escuadrones de la muerte no han confesado todas sus relaciones con el empresariado, beneficiario directo de la usurpación de tierras.
Los mandos militares, señalados por haber dado protección, entrenamiento, armas y comunicaciones a los escuadrones de la muerte siguen sus ascensos y carreras militares, impunes.
Los paramilitares han develado poca información sobre sus relaciones con los políticos y especialmente han sido parcos en revelar los entresijos de los dos fraudes electorales que han aupado a Álvaro Uribe a la presidencia.
Estamos hablando de ese Congreso con 33% de composición paramilitar, en el primer mandato de Uribe, según proclamaron las mismas Autodefensas en boca de su líder Carlos Castaño Gil. En el nuevo Congreso (2006 - 20109), la proporción de parlamentarios mafiosos, es mayor.
Y son esas relaciones, que investiga la Corte Suprema de Justicia, las que tienen tan inquieto al presidente Uribe, que no vacila en proferir amenazas contra la mayor instancia de la justicia. Por suerte, no todos los magistrados de Colombia se han vendido al narcotráfico ni han cedido ante las presiones. De especial interés puede ser la lectura del material compilado por el Equipo Nizkor. (Nizkor, en hebreo, “Recordaremos”).
Casi todos los mandos de los escuadrones de la muerte han negado su relación directa con el narcotráfico. Sin embargo, en las áreas controladas por los Bloques de las Autodefensas proliferan los cultivos, hay proceso de producción de drogas, organización de rutas, almacenamiento y cooptación de las aduanas para que el negocio fluya sin obstáculos.
Otro punto para pensar: el silencio en las confesiones de los paramilitares. Un ejemplo de los temas tabú: ¿Quiénes son los actuales poseedores y beneficiarios de la usurpación violenta de miles de hectáreas de tierra en las orillas del río Atrato y sus afluentes?.
La matanza del Atrato no se hizo solamente para sembrar palma aceitera y explotar minas. El proyecto de canal Interoceánico mueve y moverá miles de millones de euros, dado que será una de las obras faraónicas que se realicen durante este siglo XXI. Se trata de la explotación de un paso que superará al canal de Panamá, con más vida útil. Su impacto en vías, infraestructuras y puertos será otra fuente de dinero.
Los habitantes del Atrato vivían en sus orillas para pescar, sembrar maíz, plátano y otros frutos de consumo inmediato. Llevaban una vida de supervivencia, pero no de hambre ni miseria. La tierra que ellos consideraban de poco valor monetario (pero si afectivo), para los empresarios de megaproyectos canaleros significa la lotería, el gran negocio
Y por eso se mata en Colombia: el gobierno nunca negocia con las comunidades ni comparte las riquezas que la región genera. ¿Acaso han recibido bienestar social los habitantes de la Guajira cuando en su suelo se explotan recursos energéticos que mueven a todo el mundo? La Guajira sigue tan empobrecida, que no pobre, como siempre. Deberían tener, en relación con los ingresos de la región, los mejores hospitales y la mejor educación. Lo cierto es que los ciudadanos guajiros no tienen bienestar social ni oportunidades para salir adelante.
Los paramilitares no han confesado sus negocios con los gobiernos extranjeros, con militares, mercenarios y embajadores y los ingenieros que acometerán la obra del Canal Interoceánico por Colombia. La masacre, intensa, en las orillas del Atrato, abarata los costes de la construcción: No se pagarán indemnizaciones a los campesinos desplazados. No se pagarán millones de dólares por terrenos que se convertirán en puertos y embarcaderos agrícolas y mineros.
Dicho de otra manera, es de tal magnitud el proceso y los intereses que están en juego que se puede concluir que las masacres del río Atrato se ordenaron:
- Desde organismos de planeación nacional e internacional, al más alto nivel.
- Con una visión empresarial: economías mutuamente complementarias (canal más fuentes de agrocombustibles, poliductos, minas, agroindustria). La visión económica del proyecto parte de la exclusión social, de la iniquidad, el no compartir la riqueza con la población. Peor aun, los organismos de planeación de Colombia hablan de población prescindible. En la lógica colombiana, desplazable, masacrable.
- Con visión geoestratégica de Estado: el papel de Colombia como proveedor de materias primas y unas infraestructuras centradas en la extracción.
Todo lo anterior coincide con el sistema social que transpiran los proyectos PPP (Plan Puebla Panamá) e IIRSA, la Iniciativa de Integración de Infraestructuras de Sur América.
El reto, conseguir esa información que no soltaron los paramilitares, es otro desafío que dejo indicado en el presente libro.
- Las 12 Convivir que se conformaron en Urabá:
Trabajaban en red. Aportaban información directa a los mandos de los escuadrones de la muerte, a los mandos militares y la Policía. Fuente: Confesión de Raúl Hasbún.
- Convivir Papagayo:
Alberto de Jesús Osorio Mejía, jefe de Relaciones Públicas.
Epitacio Antonio Arboleda Vélez, representante legal.
Arnulfo Peñuela, administrador.
Un fiscal especializado de Medellín profirió medida de aseguramiento en contra de ellos por el delito de concierto para delinquir agravado.
- Convivir La Tagua del Darién:
Jaime Alonso Castrillón Echavarría, representante legal.
La justicia profirió medida de aseguramiento en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado. Esta CONVIVIR operaba en Apartadó.
- Convivir “Asociación de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá”:
-abogado Carlos Alejandro Jaramillo Patiño, representante legal. Se les impuso medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir agravado.
VICTIMARIOS:
ALGUNOS DE LOS FINANCIADORES DE LOS PARAMILITARES
EN LA REGIÓN DEL ATRATO
Relación inicial de empresas implicadas en financiación de escuadrones de la muerte y tráfico de armas:
Una de las listas en proceso se refiere a las empresas dedicadas a la siembra de palma aceitera. Citamos algunas: Urapalma, Palmadó, Palmas, Palmas de Curvaradó, La Tuteka. (Fuente: “Hablan las personas desplazadas” Consejo Noruego de Refugiados 2007)
- Todas las bananeras de Urabá financiaban a los paramilitares a través de la Convivir Papagayo.
Fuente: declaración judicial de alias ‘el Alemán’, En Urabá hay siete grandes bananeras. Cuatro son colombianas: Uniban, Banacol, Sunisa y Bagatela. Tres bananeras son estadounidenses: Proban (Dole), Conserva (Del Monte) y Banadex, (Chiquita Brands). En el año 2005, Chiquita vendió sus negocios en Colombia, la filial Bananos de Exportación, a Banacol.
La multinacional norteamericana Del Monte que genera el 8 por ciento de la exportación de Urabá, tiene importancia en las investigaciones: El exportador Nicolás Echavarría, fue el embajador de Colombia ante la Unión Europea en el primer mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Echavarría Igualmente era socio de del bananero y presunto jefe paramilitar de Urabá, Emilio Hazbún.
Todos los mencionados promovieron la reelección presidencial de Uribe.
Se ha comprobado sin lugar a dudas que los directivos de la Chiquita Brands, tramitaron millones de dólares en ayuda directa a los escuadrones de la muerte.
- José Manuel Arias Carrizosa:
Presidente del gremio bananero de Urabá, Augura.
Es imposible que no supiera de los negocios que movían sus agremiados.
“El Bloque Élmer Cárdenas, por vía de la CONVIVIR Papagayo recibía tres dólares por caja de banano que salía del puerto”. www.verdadabierta.com Se trata de una cifra mucho mayor de lo que se creía, pues inicialmente se habló de un céntimo de dólar por caja.
Las CONVIVIR son las compañías de vigilancia privada creadas por Samper Pizano, y rediseñadas por Álvaro Uribe, cuando era gobernador de Antioquia. Por tal razón, la existencia y funcionamiento de la “CONVIVIR Papagayo” debió ser aprobada por Pedro Juan Moreno Villa, el secretario del gobernador de Antioquia, Uribe Vélez
“Un dólar lo destinaban para funcionamiento institucional, otro para trabajo social y el otro para el funcionamiento propio de la estructura de las Autodefensas. Fueron en total 13.6 millones de dólares que pagaron las bananeras entre 1997 y 2004, como consta en los reportes de exportación” dice Gerardo Vega”. Fuente: Confesiones de los paramilitares en diligencias judiciales y citadas en” www.verdadabierta.com
Las relaciones entre la multinacional Chiquita Brands y los paramilitares iban mucho más allá de pagarles una vacuna de seguridad. La empresa llegó a transportar y guardar un lote de armas y municiones de Carlos Castaño. Fuente: investigación de la Securities and Exchange Comisión. Difundida el martes, 21 de Octubre de 2008.
Una reunión en 1997 entre Carlos Castaño, entonces máximo jefe de las AUC, y el gerente general de Banadex, subsidiaria de la multinacional bananera Chiquita Brands, fue el inicio de una relación criminal que, según la multinacional, le ayudó a proteger la vida de sus trabajadores, pero que para los paramilitares fue determinante en la sanguinaria “pacificación” del Urabá antioqueño y en su expansión por el resto del país. Fuente: Investigación sobre los pagos de la Chiquita Brands a los paramilitares, adelantada por el Departamento de Justicia y la Securities and Exchange Comision en Estados Unidos.
Desde octubre de 1997 hasta el 4 de febrero 2004, la bananera hizo un centenar de pagos a los paramilitares, que sumaron más de 1,7 millones de dólares, lo que la convirtió en uno de sus principales financiadores.
El 7 de noviembre de 2001, Banadex descargó y almacenó por cuatro días 3.400 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos 7.65 de un sonado caso de desvío de armas de Nicaragua a las AUC.
Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su “mejor gol” y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló Banadex y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la Dian. Fuentes: 1) Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigación de la Securities and Exchange Commission de ese país. 2) Informe de la Organización de los Estados Americanos.
Estos hechos se han confirmado gracias a las investigaciones periodísticas de los reporteros Mike Gallagher, en Estados Unidos, e Ignacio Gómez, en Colombia.
Es todo un dossier de corrupción y complicidad entre la bananera y los paramilitares: un miembro de la junta directiva, cinco altos funcionarios y dos empleados más de Chiquita en la casa matriz en Cincinnati, conocieron o participaron de los desembolsos a las AUC, durante siete años. Los pagos se hicieron en Urabá y Santa Marta. Se comprobó el giro de cheques a nombre de la compañía de vigilancia privada CONVIVIR Papagayo.
Se firmó un acuerdo por 25 millones de dólares entre Chiquita y el Departamento de Justicia norteamericano, como sanción por dar dinero a las AUC. 25 millones de dólares que evitarán la cárcel a los directivos de la sanguinaria bananera. Es decir, se paga por la impunidad.
“Por la zona franca ingresaron un cargamento de armas camufladas en un embarque de pelotas de caucho a bordo del barco Otterloo”. “El embarque de armas y municiones fue descargado por una compañía de transporte llamada Banadex S. A.”. La multinacional reconoce también pagos al ELN y a las FARC entre 1989 y 1997. Fuente: informe de la OEA.
Desde 1997 hasta 2004, época en la que Chiquita financió a los paramilitares, este grupo generó en el Urabá antioqueño cerca de 60.000 desplazados. Murieron 3.778 personas, entre los que se encuentran 432 víctimas de las 62 masacres. Entre las víctimas, líderes sindicales y militantes de la Unión Patriótica.
En 1997, hubo 2.482 ataques de los paramilitares. Desde Urabá, cuna paramilitar, salieron aviones con los sicarios que cometieron la masacre de Mapiripán en Meta.
VICTIMARIOS:
DELINCUENCIA NOTARIAL EN COLOMBIA
Maldigo el país donde se derrama sangre;
el país donde los humanos se traicionan unos a otros;
donde las riquezas se construyen mediante la rapiña y donde unos despojan a otros de lo poco que tienen”
(Nahum, 3, 1ss)
Gran parte de los notarios públicos (y registradores) de Colombia han facilitado que las propiedades usurpadas a la fuerza a sus pobladores, aparezcan debidamente “documentadas” y traspasadas legalmente ante notaría.
Los nuevos dueños, que lo son luego de masacrar a los pobladores, pueden mostrar escrituras públicas de compraventa en los registros notariales.
La duda legal sobre tales escrituras se basa en que son territorios comunitarios. Otros son territorios de resguardos indígenas reconocidos desde los tiempos de la colonización española. Territorios comunitarios que ningún particular puede vender.
Otros notarios han tenido el cinismo de aceptar como válidas escrituras con tradición de 20 años sobre terrenos que apenas fueron roturados hace menos de 10.
Dicho de otro modo, se ha falsificado masivamente la historia de compraventa de territorios, en documentos escritos sobre papel antiguo, digitado con máquinas de escribir mecánicas. Se puede leer que A le vendió a B, que a su vez le vendió a C, que es el actual propietario. El problema es que el vendedor A nunca existió y los antiguos poseedores del terreno están bajo tierra.
En un proceso de investigación penal en Colombia, sería necesario revisar absolutamente todo el sistema de registro de nuevas propiedades de haciendas y fincas rurales.
Una de las grandes usurpaciones ocurrió en el Urabá de Antioquia y Chocó desde 1996. Estas escrituras se pueden rastrear en Medellín, Bogotá, Urabá, Quibdó y otros poblados cercanos a los terrenos expoliados.
El notariado colombiano está involucrado en el expolio del territorio. Se han legalizado millones de hectáreas de tierra que fueron quitadas violentamente a sus dueños y poseedores originales. Es la mayor contra reforma agraria en toda la historia de América Latina. Estos notarios deben comparecer ante la justicia como expoliadores y criminales de guerra.
Lo más reciente en la actuación y complicidad de los notarios es la usurpación de casas en Medellín: Personas que descubren que sus casas han sido vendidas a otras personas y los nuevos dueños presentan la tradición notarial, los documentos de compraventa. Las víctimas del expolio optan por el silencio al ver que los nuevo propietarios son gente de los grupos paramilitares.
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